Pablo Cabañas Díaz
Se van a cumplir 63 años, el próximo 23 de mayo, de uno de los acontecimientos que marcaron el presidencialismo priista del siglo XX: la ejecución de Rubén Jaramillo, su esposa Epifanía Zúñiga Pifa quien estaba en avanzado estado de embarazo y de sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo. Los hechos acontecidos en la población de Xochicalco, Morelos, en lo fundamental, están aclarados. Eran las dos de la tarde, cuando se presentaron frente al domicilio de Jaramillo alrededor de 60 personas que se introdujeron a su casa y con violencia obligaron a salir a Rubén, su esposa e hijos, quienes fueron secuestrados, al mismo tiempo que sustraían documentos agrarios en poder del jefe campesino.
Dos horas más tarde, cerca de las ruinas arqueológicas de Xochicalco, los miembros de la familia Jaramillo fueron acribillados y rematados en la cabeza con el tiro de gracia. Hoy día, está establecido que la “Operación Xochicalco” fue ejecutada por órdenes del presidente Adolfo López Mateos. Fue el periodista Zósimo Camacho, quien por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental—descubrió los expedientes de la muerte de Jaramillo.
Con documentos de la Dirección Federal de Seguridad en poder de la Galería 1 del Archivo General de la Nación, se citan las palabras del teniente coronel Héctor Hernández Tello, subjefe de la Policía Judicial Federal, quien sostenía que en la ejecución de Jaramillo: “solamente se habrían cumplido órdenes del señor presidente de la República”. Además, según el capitán Gustavo Ortega Rojas, entonces jefe del Servicio de Seguridad Pública de Morelos, en declaraciones recogidas en una tarjeta informativa de la Federal de Seguridad, señala que “los responsables realizaron el hecho acatando órdenes superiores”.
La última disputa, o en una expresión más coloquial, la gota que derramó el vaso de Jaramillo con el gobierno de López Mateos tuvo lugar el 5 de febrero de 1962, ante la negativa de las autoridades agrarias de atender sus peticiones de dotación de tierras, se apoderaron de los terrenos de “El Guarín”. En esos terrenos tenía intereses el expresidente Miguel Alemán. Jaramillo no abandonó la lucha e intentó entrevistarse con el presidente López Mateos para que esas tierras fueran adjudicadas a los campesinos que las demandaban. Pero perdió el contacto con el presidente y en la prensa se difundieron rumores de que Jaramillo volvería a levantarse en armas. Es entonces cuando algunos meses después ocurrió el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia.
Poco después de ser conocido el crimen, la entonces Procuraduría General de la República, en un comunicado, mencionó que Rubén Jaramillo era, de hecho, un delincuente común y que “se dedicaba a cometer atracos a los vacacionistas, a quienes atacaba en las carreteras cercanas a Tetecala, Mazatepec y Cacahuamilpa”. Los grandes periódicos nacionales –como ya había ocurrido en 1961 iniciaron una amplia campaña de calumnias en contra del líder campesino.
