Por Pablo Cabañas Díaz
En la fotografía granulada en blanco y negro de alrededor de 1955, conservada en los archivos nacionales de México, el coronel Leandro Castillo Venegas proyecta una imagen de autoridad de mediados de siglo: con gafas, un bigote severo enmarcando un rostro marcado por las cargas de la secrecía, sentado entre las solemnes filas de la Cámara de Diputados.
Es una instantánea de un hombre en el nexo del poder, durante una sesión donde el aire zumbaba con debates sobre reformas agrarias y expansión urbana, temas que pronto lo enredarían en la maquinaria sombría de la vigilancia estatal. Nacido en Durango en 1899 en una familia modesta, Castillo Venegas ascendió en las filas militares del México posrevolucionario, encarnando la mezcla de disciplina marcial y intriga burocrática de la era. A principios de los años cincuenta, había llegado a dirigir la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la infame agencia de policía secreta fundada en 1947 para salvaguardar el férreo control del PRI sobre el poder.
Bajo la administración de Castillo Venegas de 1952 a 1958, la DFS se transformó en un pulpo vigilante, con tentáculos que sondaban disturbios estudiantiles, disputas laborales y los primeros brotes de guerrilla. Documentos desenterrados del Archivo General de la Nación (AGN) pintan un retrato vívido de sus operaciones.
Un memorándum fechado el 18 de febrero de 1954 lleva su firma, detallando inteligencia sobre movimientos sociales en Guerrero, un estado accidentado que hervía con agravios agrarios que presagiaban la Guerra Sucia de los años setenta. Aunque los informes abarcan hasta 1972-1975, mucho después de su mandato, hacen referencia a archivos previos de la DFS, sugiriendo que Castillo Venegas sentó las bases para reprimir la disidencia en regiones como Guerrero, donde campesinos chocaban con terratenientes por derechos de tierra. Sus agentes infiltraban reuniones, compilaban expedientes sobre activistas y sofocaban amenazas con una mezcla de sutileza y fuerza, todo bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Sin embargo, el rol de Castillo Venegas no se limitaba a teatralidades de capa y espada. Un oficio oficial del 12 de febrero de 1958 revela una faceta más mundana: atendiendo una petición de padres de familia en la Ciudad de México para una nueva escuela tras la demolición de la anterior en Arcos de Belém, con el fin de ampliar la calzada, un proyecto emblemático de la frenética modernización de la capital bajo el presidente Adolfo Ruiz Cortines.
Aquí, el coronel surge no como un ejecutor espectral, sino como un funcionario navegando las fricciones cotidianas del crecimiento urbano, donde la infraestructura primaba sobre la educación, y las familias desplazadas suplicaban por reparación. Esta dualidad —represor y administrador— refleja el régimen paternalista del PRI, donde la lealtad se recompensaba y la oposición se borraba.
Para cuando Castillo Venegas se retiró, la DFS había crecido hasta convertirse en una herramienta de represión, implicada en desapariciones y torturas en décadas posteriores. Murió en 1968, apenas meses antes del masacre de Tlatelolco, que expuso la brutalidad del régimen.
En retrospectiva, su era marca la consolidación silenciosa del autoritarismo, envuelta en el barniz del progreso. Los ecos de Guerrero, desde memorandos de los cincuenta hasta insurgencias de los setenta, nos recuerdan cómo las semillas de la vigilancia, una vez plantadas, dan frutos amargos. Castillo Venegas, esa figura bigotuda en la cámara de diputados, mira desde la historia: un guardián de secretos en una nación que lucha eternamente con sus sombras.
