Pablo Cabañas Díaz/Uno de los problemas más importantes de los gobiernos municipales en México es la escasa recaudación de ingresos propios y la poca utilización que hacen de las potestades tributarias -predial, agua, productos, aprovechamientos-, ya sea por desconocimiento, por complacencia o por no querer pagar la factura política de aplicarlos, lo que conlleva a una marcada dependencia de las transferencias que reciben del gobierno federal.
La hacienda pública de los municipios no se ha fortalecido. Por ejemplo, en 1990, el porcentaje de ingresos propios, con respecto a los ingresos totales era del 38 % y las transferencias representaban el 49 %, en tanto que la deuda era del 6%; pero, para 2010, los ingresos propios descendieron al 23%, y las transferencias aumentaron al 68% y la deuda alcanzó el 8%.
Este escenario llegó al límite según el informe de la cuenta pública 2015, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que observa que la deuda pública en México está cerca de los ‘‘límites de los criterios que recomiendan los organismos internacionales’’. En el año 2000 el endeudamiento neto del sector público alcanzaba 2 billones 51 mil millones de pesos. Doce años después ésta contabilizaba 5 billones 890 mil millones, y a 2015 la deuda ascendía a 8 billones 633 mil millones de pesos, equivalentes a 45.7 por ciento del PIB; por tanto, se observa ‘‘un debilitamiento de la sostenibilidad de la deuda’’.
En el caso de México, la deuda pública ha a un ritmo importante en los años recientes debido a que ha sido utilizada como parte de la estrategia en épocas de crisis, con la finalidad de fomentar e impulsar la actividad económica, evitar que la contracción se profundice y financiar los déficit presupuestarios en que ha incurrido el gobierno. n síntesis, subraya la ASF, la deuda pública en México “plantea riesgos para su sostenibilidad y está cerca de los límites de los criterios prudenciales que recomiendan los organismos internacionales”. Recuerda que en el año 2000 el endeudamiento público neto se ubicaba en poco más de 2 billones de pesos; en 2006 trepó a 3.31 billones; en 2012 a 5.9 billones y al cierre de 2015 a 8.6 billones. Un año después, al cierre de 2016, el saldo llegó a 9.7 billones, y contando, con todo y que el “compromiso” (EPN-Videgaray) ha sido “no endeudar más al país”.
