Por Pablo Cabañas Díaz
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la revisión del registro de personas desaparecidas debe examinarse con serenidad y sin simplificaciones. No se trata de un trámite técnico aislado, sino de una decisión con profundas implicaciones institucionales, sociales y éticas. En el México de 2026, la gestión de la información pública se ha convertido en un componente estratégico de la política de seguridad y de derechos humanos. Sin embargo, el debate no puede limitarse a la depuración de las bases de datos. Las desapariciones no constituyen únicamente un problema estadístico: son una de las heridas más lacerantes de la vida nacional.
Para dimensionar el alcance del tema conviene recordar el origen del andamiaje institucional vigente. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) fue creada en marzo de 2018 mediante la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Esta norma le confirió 61 atribuciones, entre ellas coordinar las acciones de búsqueda en todo el país, integrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y diseñar el Programa Nacional de Búsqueda. En su concepción original, la CNB debía erigirse en el eje articulador de una política de Estado orientada a localizar a las personas y a garantizar el derecho a la verdad.
No obstante, la consolidación de esa arquitectura institucional ha tropezado con múltiples obstáculos. Cuando hoy se habla de “información incompleta” en los registros oficiales, se alude, en buena medida, a las limitaciones estructurales del sistema de procuración de justicia. La propia Ley General establece que la búsqueda debe ser inmediata y exhaustiva. Si los datos resultan insuficientes, el problema no reside únicamente en los expedientes, sino en la capacidad del Estado para generar confianza, investigar con eficacia y coordinar de manera efectiva sus distintas instancias.
Los politólogos Guillermo Trejo y Sandra Ley ofrecen un marco analítico útil para comprender este fenómeno a través del concepto de la “zona gris”: ese espacio donde las fronteras entre legalidad e ilegalidad se difuminan. En Votos, drogas y violencia explican cómo la debilidad institucional y las redes locales de complicidad dificultan la acción estatal frente al crimen organizado. En ese contexto, las desapariciones no pueden interpretarse como hechos aislados, sino como parte de dinámicas estructurales de violencia e impunidad.
Los informes de la propia CNB evidencian las dificultades enfrentadas. El Programa Nacional de Búsqueda, que debió publicarse en 2019, fue emitido hasta marzo de 2023. El Centro Nacional de Identificación Humana, creado en 2022 para atender la crisis forense, ha mostrado un desempeño limitado frente a la magnitud del desafío. Diversos colectivos de familiares han señalado fallas de coordinación entre fiscalías, comisiones locales y autoridades federales, así como la necesidad de protocolos más claros, homogéneos y eficaces.
La gestión de la excomisionada Teresa Guadalupe Reyes fue objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, que expresaron su preocupación ante la falta de resultados tangibles y una estrategia centrada, en gran medida, en la revisión y depuración de cifras. Su salida en 2025 marcó el inicio de una nueva etapa, pero los desafíos persisten. De acuerdo con datos oficiales, en 2026 existen cerca de 132 mil personas desaparecidas en México, cifra que confirma la dimensión de una emergencia que rebasa a cualquier administración.
Ante este panorama, es indispensable evitar que la discusión se reduzca a un intercambio técnico sobre metodologías de conteo. El Estado no puede limitarse a registrar ausencias: su obligación primordial es garantizar derechos, investigar delitos y ofrecer respuestas a las familias. La Ley General es inequívoca al establecer que la búsqueda debe orientarse al esclarecimiento de la verdad y a la procuración de justicia. Sin avances sustantivos en esos ámbitos, cualquier ajuste estadístico resultará insuficiente.
La experiencia reciente revela una paradoja inquietante: se han multiplicado las instituciones y los mecanismos de búsqueda, pero los resultados continúan siendo limitados. Ello sugiere que el problema no es exclusivamente presupuestal o administrativo, sino de coordinación efectiva, voluntad política y fortalecimiento real de las capacidades de investigación.
México necesita información confiable y registros actualizados, pero, sobre todo, requiere políticas públicas eficaces que permitan localizar a las personas desaparecidas e identificar a los responsables. La transparencia estadística es condición necesaria, aunque nunca sustituta de la justicia. La credibilidad institucional se construirá con hechos verificables, procedimientos claros y una relación respetuosa y empática con las víctimas.
El registro de personas desaparecidas es mucho más que una base de datos: constituye un recordatorio permanente de las obligaciones pendientes del Estado mexicano. Abordarlo con sensibilidad, rigor técnico y compromiso ético será una prueba decisiva para la política de derechos humanos en los años por venir.
