Pablo Cabañas DíazLa desaparición de personas es el pendiente histórico más importante de la sociedad mexicana. Una de las tareas centrales del próximo gobierno será sin duda juzgar en las instancias judiciales pertinentes la impunidad de quienes desde la administración publica, han encubierto crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas.
Un caso paradigmático sobre desapariciones forzadas son los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tragedia que ha conmocionado desde ese día al país y ha generado una amplia condena nacional e internacional. Ese día, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala en dos camiones; ahí pensaban recolectar fondos y tomar otros camiones para realizar sus prácticas profesionales, así como para enviar una comitiva que los representara en la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México.
La respuesta de las autoridades locales no pudo ser más desmedida: un saldo de seis personas muertas, entre ellas tres normalistas, 25 lesionados y 43 normalistas desaparecidos. A cuatro años de ocurrido el hecho, no hay respuestas que satisfagan las demandas de justicia que claman los familiares de las víctimas, ni a las múltiples voces que se han sumado solidariamente a sus reclamos. Cada día la indignación se incrementa ante la incertidumbre sobre lo acontecido a los 43 normalistas que faltan.
Amnistía Internacional, calificó en su momento de cínica la respuesta de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Además, esa organización subrayó la insensata actitud que sostuvo el gobierno del PRI hacia los derechos humanos “La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del Presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México”. “Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen.”
Sin duda, la desaparición de personas es el pendiente histórico más importante de la sociedad mexicana. En el sexenio de Peña Nieto, no hubo respuestas congruentes para los familiares, pese a la generación de una burocracia que recibió varios nombres, y tuvo generosos presupuestos, e incluso de nuevas leyes que eran -como muchas otras medidas y comisiones ad hoc- una real simulación en la medida en que no sirvieron para su objetivo central: hallar a los desaparecidos.
