Pablo Cabañas Díaz
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el año 2009 formuló al Estado mexicano 91 recomendaciones en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). En el siguiente examen, se doblaron a 180 las recomendaciones que calificaban a México como uno de los países que más transgrede los derechos humanos. Hoy, el Gobierno Federal busca restablecer la confianza, cambiar el rumbo y restaurar la confianza del endeble Estado de Derecho que heredaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En 12 años no hubo la menor intención de generar un ambiente propicio para resguardar los derechos humanos y otorgar una protección eficaz para quienes los defienden. Por el contrario entre 2009 y 2018 se dieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos por haberse generado alianzas con la delincuencia organizada que incluso se relacionaba con políticos de primer nivel como fue el caso de los gobernadores de Chihuahua, Nayarit, Quinta Roo y Veracruz.
A partir del año 2006, fecha en la que se inicia la “guerra contra el narco” cuya consecuencia, fue un progresivo aumento de los homicidios dolosos, ejecuciones sumarias, corrupción de cuerpos policíacos, enriquecimiento ilícito, represión, impunidad, e ingobernabilidad. De tal manera que varios organismos internacionales protectores de los derechos humanos, evidenciaron la situación que atravesaba nuestro país en materia de derechos humanos.
En el gobierno de Peña Nieto el rechazó a la visita del Relator Especial de la ONU sobre Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, se dio por haber expresado que la tortura es una práctica generalizada y sistemática en nuestro país; como por las tensiones con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con motivo de su primer informe sobre la investigación en Ayotzinapa, respecto de los 43 estudiantes desaparecidos.
James L. Cavallaro, entonces presidente de la CIDH, reveló que la situación de los derechos humanos enfrentaba una “grave crisis”, porque es lo que vivía en México y no se podía esconder.
En el caso del Comité de Desapariciones Forzadas, los desencuentros de la cancillería con Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, los conflictos con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, primero para sacar de México.
La negativa de las autoridades a la visita del relator de defensores de derechos humanos, Michel Forst; las presiones del gobierno mexicano para que el Parlamento Europeo no se pronunciara sobre Ayotzinapa, y los problemas con Amnistía Internacional; con Human Rights Watch; manifiestan el fracaso de política de Enrique Peña Nieto en materia de Derechos Humanos.
