Pablo Cabañas Díaz
La Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción propuso al futuro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un modelo de comisión de la verdad nacional. Colectivos de familiares de personas desaparecidas y académicos plantearon la creación de este mecanismo con el objetivo de recopilar información sobre casos de violaciones de derechos humanos que han sido cometidos de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2018.
Hasta hoy, la estrategia de los funcionarios mexicanos en el área de derechos humanos, muestra un deterioro en virtud de que utilizan las más variadas formas discursivas para deslindarse y detener las investigaciones que van desde declarar que carecen de competencia en el caso, hasta cerrar las líneas de investigación y enviar los casos a reserva. Se volvió una práctica cotidiana criminalizar a las víctimas. México ha estado presente en las noticias internacionales por escándalos mayúsculos derivados de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en las más altas esferas del poder. En septiembre de 2014, lo que parecía ser hasta entonces una historia de éxito de una tecnocracia que había logrado completar el ciclo neoliberal en México, se convirtió con el caso Ayotzinapa, en un relato de horror, incompetencia y abierto desafío a la opinión pública.
México experimenta, una crisis política y moral tan grave como la sufrida en 1994-95, cuando coincidieron el zapatismo, la lucha por la democracia electoral, varios magnicidios políticos y una crisis económica estructural. El régimen logró salir de esa crisis mediante una combinación de acciones: negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional , una reforma electoral en 1996, que abrió la puerta a la alternancia en el poder; y un drástico arreglo de cuentas al interior del PRI.
Con el PRI vivió un proyecto reformas, que protegió los intereses de grupos de poder públicos y privados que han transformado las estructuras del país en su beneficio. En términos económicos, lo único que se ha logrado es un prolongado estancamiento y un agravamiento de la desigualdad y la pobreza; en términos políticos, la democracia electoral ha agotado sus alcances sin haber conseguido aún la democratización del régimen político.
La crisis es multidimensional: económica, política, moral y social, en todos los frentes y atravesando complejos momentos de definición. México confronta radicales disyuntivas: la restauración autoritaria o un salto cualitativo hacia una ruta al crecimiento; la construcción de Estado de derecho, y la lucha contra la captura de las instituciones por parte del crímen organizado.