viernes, marzo 29, 2024

OTRAS INQUISICIONES: Cuarta Transformación

Pablo Cabañas Díaz

 

La cuarta transformación es el eje central del  proyecto gubernamental. Se trata, ni más ni menos, de refundar el Estado mexicano. Al comenzar 2018, en Izamal, Yucatán, todavía como precandidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, anunció: “Nuestra lucha tiene como antecedentes las tres grandes transformaciones que ha registrado la historia de nuestro país: la Independencia, la Reforma y la Revolución convocada en 1910.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su Tercer  Informe de Gobierno con un 69% de aprobación, de acuerdo con una encuesta de El Universal. Los mismos resultados muestran que el 20% de los encuestados desaprueba el gobierno de López Obrador, mientras que el 9.5% ni lo aprueba ni lo desaprueba. López Obrador estableció una nueva relación con los sectores populares a partir de sus programas de becas y ayudas económicas. Decidió hacer a un lado a los gestores tradicionales de estas demandas (a los que juzga de corruptos) y establecer una relación directa con la población, a partir del levantamiento de un padrón de beneficiarios. Fue a partir de la visión del país que tenía la  tecno burocracia del ITAM, que tuvo como resultado final  terminar con el poder del PRI y del PAN en el  gobierno, y de los puestos de elección popular.

López Obrador estableció una nueva relación con los sectores populares a partir de sus programas de becas y ayudas económicas. Decidió hacer a un lado a los gestores tradicionales de estas demandas a los que juzga de corruptos, y establecer una relación directa con la población, a partir del levantamiento de un padrón de beneficiarios.

Como ha expuesto el historiador de la UNAM,  Enrique Semo, las revoluciones de Independencia, Reforma y Revolución tuvieron objetivos precisos asociados a la conformación del capitalismo y la nación. Pero ahora, a diferencia de ellas, no se ha explicado cuál es el punto de llegada de esta cuarta transformación ni sus fuerzas motrices y dirigentes ni su programa. Las revoluciones de Independencia, Reforma y Revolución parieron nuevas constituciones. López Obrador ha rechazado convocar a una nueva constituyente. Más aún, la cuarta transformación ha anunciado que no promoverá cambios en la Carta Magna durante los tres primeros años de su gobierno. ¿Cómo se puede refundar una nación y formalizar jurídicamente un nuevo pacto social sin una nueva Constitución? ¿Luchando contra la corrupción? Para el Presidente, la corrupción es el principal problema del país.

En su toma de posesión, dijo: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentísimo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos”. Desde su lógica, el combate a la corrupción y a la impunidad permitirá liberar recursos suficientes para impulsar el desarrollo de México. Combinando –explicó– la lucha contra la corrupción y la austeridad republicana, se hace innecesario aumentar impuestos e incrementar los precios de los combustibles más allá de la inflación. Obviamente, es muy importante moralizar la vida pública del país. Pero, aunque la lucha contra la corrupción sea condición necesaria para inaugurar una nueva etapa en la vida pública del país, no es suficiente para hacerlo.

En nuestro país –explica Enrique Semo–, la era de las revoluciones burguesas se clausuró en 1940. Ningún gran movimiento social transformador puede tener como signo el desarrollo del capitalismo o la constitución de la nación. Esto quiere decir que una Cuarta Transformación como la que López Obrador anuncia requeriría de una ruptura con el actual modelo de desarrollo. Pero no hay señales de que algo así vaya a suceder. Más allá de la fuerte crítica al modelo neoliberal que hizo en su toma de posesión, algunos de los rasgos centrales del Consenso de Washington se mantienen: autonomía del Banco de México, control de las variables macroeconómicas, libre comercio, no intervención del Estado en actividades productivas (excepto las energéticas).

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