Pablo Cabañas Díaz.
La crisis de gobernabilidad que inicia con la trágica desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de otros seis en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014; y con la ejecución extrajudicial de 16 personas en Apatzingán, Michoacán lejos de haberse frenado se incremento en el sexenio 2012-2018 . A esta realidad se suma el estallido de escándalos de corrupción por colusión de intereses que desde octubre de 2014, sigue presente en la vida nacional.
La masacre de Tlatlaya buscó ser ocultada y hasta la fecha todo el aparato de Estado trabaja para limitar los daños y borrar las huellas de las ejecuciones extrajudiciales aconetcidas en este sexenio. La imposibilidad institucional para resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala es tan solo la manifestación radical de las limitaciones del Estado mexicano, tanto en el terreno legal, institucional como político. La Procuraduría General de la República queda como una dependencia al servicio del titular del Poder Ejecutivo y a la fecha no ha podido localizar los cuerpos de los estudiantes ni construir un caso creíble contra los culpables materiales e intelectuales del crimen de los 43 estudiantes desaparecidos.
La gravedad de estas y otras muchas violaciones a los derechos humanos exigirá más temprano que tarde la creación de una Comisión de la Verdad que aclare la responsabilidad del Estado en estos crímenes y promueva la reparación del daño y el castigo a los responsables. En los escándalos de las casas del presidente Peña y de los entonces secretarios de Hacienda y Gobernación la única estrategia ha sido la negación de un patente conflicto de interés.
Todos estos factores señalan la precariedad del proyecto de restauración del presidencialismo impulsado por el régimen. Siguiendo el camino que marcó 25 años atrás el presidente Carlos Salinas, se quiso, al mismo tiempo, modernizar la economía y preservar el régimen autoritario. Hoy como entonces, esa combinación fue imposible y llevó al fracaso el proyecto “modernizador” de Peña Nieto.
