Pablo Cabañas Díaz
En México 60% de los trabajadores obtienen su ingreso de trabajo informal. Este 60% de la población va a seguir trabajando en la actual derivada de la pandemia del Covid 19 , poniéndose a sí mismos en riesgo y poniendo en riesgo a más población vulnerable. En el diseño de políticas públicas no se puede omitir que tres de cada 5 mexicanos se desempeñan fuera del mercado formal de trabajo, con ocupaciones y actividades de baja inversión, poco desarrollo tecnológico, condiciones de trabajo no protegidas y sin cotizar a la seguridad social. Antes de la crisis del coronavirus el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la tasa de desocupación (TD) aumentó en enero a 3.7% de la Población Económicamente Activa (PEA), tasa superior en 0.5 puntos porcentuales a la de diciembre del año pasado y también mayor en 0.2 puntos porcentuales a la de enero de un año antes, la población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo crece y no encuentra opciones en las estructuras formales de empleo.
De acuerdo con datos disponibles, una vez que el virus entra a una zona geográfica, se estima que el 81% de personas sean infectadas. Mostraran síntomas leves o pudieran pasar desapercibidos (fiebre, tos seca, y en algunos casos neumonía). Estas personas son portadoras del virus y pueden contagiar a muchas personas. Los niños menores de 10 años no tienden a presentar síntomas, pero tienden a ser portadores y grandes esparcidores del virus. El 14% presentarán síntomas severos (dificultad para respirar y falta de aire). El 6% de la población sufrirá una enfermedad grave (falla pulmonar, choque séptico, fallo orgánico y riesgo de muerte). La edad aumenta nuestro riesgo de padecer una enfermedad grave. Aquellos mayores de 60 años o con enfermedades pulmonares o cardiovasculares o diabetes se encuentran con riesgo elevado.
Tres de cada 5 personas, que en ese esquema, estarían enfermas también “viven al día” ellos mismos sus familiares o se encuentran inmersos en un proceso de precarización laboral para solucionar sus necesidades más urgentes. En esta crisis otra dimensión a considerar son los efectos que se tienen respecto a la recaudación fiscal y la participación del Estado en el financiamiento de las instituciones públicas, principalmente las instituciones salud y seguridad social en esta crisis. Habrá una disminución en las fuentes de empleo formales y crecimiento del desempleo.
En los próximos meses, el empleo informal irá a la baja, lo que incide en el aseguramiento de los trabajadores y sus familias y en el financiamiento de instituciones de seguridad social, principalmente el IMSS. La seguridad social incluye un conjunto de prestaciones entre las más importantes destacan: licencia por maternidad, protección en situaciones de fragilidad, atención médico-sanitaria y apoyos culturales y recreativos. Uno de los grupos sociales en mayor desventaja en esta crisis es la población de 65 y más años, la actividad más frecuente de las adultas mayores es el trabajo no remunerado. Un 62.8% se dedican a los quehaceres domésticos, actividad que muy probablemente han desarrollado toda su vida, y la cual realiza solamente 8.0% de los hombres. Solamente un 8.7% de las mujeres adultas mayores está pensionada o jubilada, o recibe pensión por viudez. Es importante que el Estado mexicano asuma su papel como el mayor provisor de servicios de cuidado y de salud, que ha sido trasladado a las familias y, en mayor medida, a las mujeres de todas las edades, en detrimento de sus oportunidades
