Pablo Cabañas Díaz
La corrupción en México, tiene raíces históricas profundas, en sus inicios estuvo ligada a un periodo de crisis económica que obligó a la Corona española a poner en venta todo tipo de cargo público, título de nobleza y la impartición de justicia. Esta situación propició que los jueces fueran las personas mejor preparadas para ejercer su puesto en virtud de que lo habían comprado. Entre 1762 y 1805, la monarquía española se involucró en cinco contiendas bélicas; cuatro de ellas contra su eterna rival: Inglaterra. Entre 1781 y 1800, se recogieron en Nueva España más de cuatro millones de pesos en plata y 18 millones de pesos por concepto de préstamos. Entre 1805 y 1808, la Corona recaudó 12 millones de pesos adicionales que sirvieron para pagar las deudas de un rey, asfixiado por los gastos que generaban sus guerras.
En América, la corrupción de los funcionarios públicos fue un factor de movilidad social importante, debido a que las élites urbanas se encontraron con la doble posibilidad de acceder al ejercicio del gobierno y de incorporar los cargos públicos a sus bienes, como se puede apreciar esta realidad trasciende el periodo colonial y llega a nuestros días. Las prácticas deshonestas en la administarción pública han sido una constante desde el siglo XVIII.
El orden tradicional entró en crisis a partir de 1750, cuando se puso fin a la venta de los puestos públicos y se comenzó a restringir la participación de los criollos en las altas funciones del gobierno. Con estas medidas la monarquía buscaba instituir un nuevo modelo de impartición de justicia. En la Nueva España el derecho, operaba bajo reglas muy particulares, que fueron el resultado de la interpretación y negociación de las leyes reales y su adecuación para cada caso, así como de prácticas que se convirtieron en normas que regulaban el funcionamiento de la sociedad. Estas condiciones permitieron que los poderes locales alcanzaran un amplio margen de autonomía en la impartición de justicia, en la conducción del gobierno y en la recaudación de los impuestos.
En cierto modo se fue accediendo a una “constitución no escrita” que era el reflejo de la corrupción del cuerpo político, que era útil para atenuar la conflictividad social y apuntalar la legitimidad del dominio monárquico. A partir de 1750, una alteración de ese orden tradicional se inicia una crisis de legitimidad del poder de la Corona. En 1780 se inició una oleada de protestas. La medida que detonó el descontento de las élites criollas fue la exigencia de un donativo para los gastos de guerra. La revuelta ganó entonces un fuerte respaldo popular que obligó a negociar los siguientes asuntos: la supresión de los nuevos impuestos y monopolios y la reducción de tributos y aportaciones al clero. En pocas palabras, se luchaba por el restablecimiento de la monarquía que funcionó entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, y cuya misión era impartir justicia y preservar la legalidad pero estas reivindicaciones fracasaron. Revertir tal condición fue imposible: la corrupción era una parte constitutiva del poder político.
