Pablo Cabañas Díaz.
El 70 por ciento de los interesados en la consulta ciudadana que determino el futuro de la empresa Constellation Brands, en Mexicali, Baja California, cuya obra tiene más del 60 por ciento de avance, votó en favor de que se cancele su instalación. De las 25 casillas que lograron computarse sólo una fue en favor de la cervecera, el resto fue un abrumador rechazo, incluso hasta de cifras como la de la urna de la plaza Nuevo Mexicali, donde fueron mil 156, contra 277. Pese a la descalificación que hicieron las cúpulas empresariales a la Consulta Popular, el voto por cancelar la construcción de la planta cervecera fue un golpe que al parecer no esperaban.
De nada sirvió a la cervecera haber contratado un despacho de abogados vinculado al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) , Gustavo de Hoyos , para que llevar su defensa de las demandas que enfrentaba en Mexicali, principalmente por el alto consumo de agua que habría de hacer en una zona que carece del vital líquido. De Hoyos se distinguió en los últimos meses por encabezar declaraciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue la mejor opción de la cervecera el contar con un opositor al gobierno como abogado para salvar su proyecto.
Los intereses en juego en este resultado explican la posición de los principales grupos empresariales que a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Coparmex y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) rechazaron el resultado de la consulta ciudadana sobre la planta de la cervecera y con ello de una inversión de mil 400 millones de dólares.
El CCE señaló que la consulta “atenta contra la capacidad de México para atraer inversiones”, además de que incrementa el riesgo económico. Los resultados de la consulta se hicieron irrebatibles y en pocas horas las acciones de las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, registraron una caída de 10.12 por ciento.
En un comunicado que mostró su desesperación la Coparmex declaró que la consulta “sentaría un precedente grave”, en el cual advirtió que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, podrían ser destituidos y sancionados por violación al artículo 22 constitucional. Al presidente de Coparmex , de pronto se le olvidó que todo el proceso de licitación, así como las votaciones para desincorporar terrenos estatales para su venta estuvieron plagadas de irregularidades que fueron saliendo conforme el proyecto atrajo la atención pública. Ahora la empresa habrá de acudir a instancias legales para hacer valer la inversión de más de 900 millones de dólares que lleva invertido hasta el momento.
La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida recordó que en su recomendación 01/2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México consideró que la autorización de la cervecera representaba “una violación al derecho humano al agua, y fincó responsabilidades sobre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del gobierno mexicano. Con este resultado en contra de la empresa cervecera queda claro que la disponibilidad del agua es uno de los requerimientos elementales para llevar a cabo el proyecto, era imposible de cumplir en virtud de que se necesita de un suministro de 20 millones de metros cúbicos anuales.
