Por Pablo Cabañas Díaz
La mañana del 20 de mayo de 2025, la Ciudad de México despertó con un recordatorio incómodo: incluso el corazón administrativo del poder local puede ser vulnerado. Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, y José Muñoz, coordinador de asesores, fueron asesinados a tiros mientras se desplazaban en un vehículo por la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón, en la alcaldía Benito Juárez. El ataque ocurrió en una de las arterias más transitadas de la capital, en horario laboral, bajo la mirada indiferente del tránsito matutino.
La ejecución fue rápida y precisa. Dos agresores en motocicleta se aproximaron al automóvil y abrieron fuego sin mediar palabra. Los disparos fueron suficientes para matar a ambos ocupantes en el lugar. No hubo persecución inmediata ni intercambio: el objetivo era claro y el mensaje, contundente. Las cámaras de videovigilancia registraron la huida, que no fue improvisada. Los atacantes abandonaron la motocicleta a pocas calles de distancia y continuaron su escape en otros vehículos previamente dispuestos, con dirección al Estado de México. La escena, revisada horas después por peritos y mandos policiales, reveló una logística que difícilmente puede atribuirse al azar.
Las investigaciones posteriores confirmaron que las víctimas habían sido vigiladas durante al menos veinte días. Se trató de un seguimiento discreto, meticuloso, casi burocrático, que permitió conocer rutinas, horarios y trayectos. La Fiscalía capitalina ha señalado que en el crimen participaron múltiples personas y que se utilizaron varios vehículos para facilitar tanto la ejecución como la fuga. Hasta ahora, trece personas han sido detenidas por su presunta participación en tareas de apoyo logístico, y se han identificado nuevos sospechosos tras cateos realizados. Sin embargo, los autores materiales que dispararon y, sobre todo, quienes ordenaron el ataque, siguen sin ser presentados públicamente.
Desde el primer momento, el asesinato abrió un abanico de hipótesis. Se habló de ajustes de cuentas, de venganzas políticas, de mensajes dirigidos al gobierno capitalino o de intentos de desestabilización. Ninguna línea ha sido confirmada de manera concluyente. Lo que sí quedó claro es que el ataque rompió una frontera simbólica: no se trató de una víctima anónima ni de un hecho ocurrido en la periferia invisible de la ciudad, sino de funcionarios cercanos al centro del poder local, asesinados en una avenida emblemática.
Las reacciones oficiales no se hicieron esperar. Condenas, promesas de justicia, refuerzos de seguridad. Pero más allá del discurso, el crimen dejó una huella persistente en la percepción de seguridad de la capital. También puso en evidencia la consolidación de un método: sicarios en motocicleta, operaciones breves, rutas de escape planificadas y una violencia quirúrgica que se repetiría en otros episodios a lo largo del año. En una ciudad acostumbrada a convivir con la violencia, el asesinato de Guzmán y Muñoz marcó un punto de inflexión silencioso, una advertencia escrita en asfalto y plomo.
