Por Pablo Cabañas Díaz
En 2007, en Uruguay, bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez, Daisy Tourné Valdez se convirtió en la primera mujer en encabezar el Ministerio del Interior de Uruguay, una de las carteras más sensibles del aparato estatal en la América Latina posdictatorial. No era solo un nombramiento simbólico. Se trataba de colocar la conducción de la seguridad, la coerción y la memoria institucional en manos de alguien que conocía el precio de la historia. Tourné, formada en la lucha política, entendía que el poder no se ejerce en abstracto, sino sobre territorios concretos, cuerpos vulnerables y silencios estratégicos.
En una de nuestras visitas a Montevideo, integrando un pequeño grupo de mexicanos atentos a la política latinoamericana, conversamos largamente una tarde de domingo con Daisy. No hablaba como alta funcionaria ni como figura ceremonial, sino como alguien atravesada por la historia. Aquella tarde, en un reservado del Francis Restaurant de Montevideo —ese recinto donde se fusiona la parrilla uruguaya con la cocina internacional gourmet—, Tourné nos confió, casi como advertencia más que como lección, una idea que José Mujica repetía con la sobriedad de quien conoce el costo del poder: el poder no transforma a los hombres y a las mujeres; apenas los desnuda. No era una frase ingeniosa. Era una sentencia política, destilada en la militancia, la cárcel y el ejercicio del gobierno. La escuchamos entonces como se escuchan las verdades incómodas, sin saber aún que volvería a nosotros al paso de los años y ya muerta Daisy.
Esa advertencia de Mujica resuena hoy en Baja California, donde Marina del Pilar Ávila Olmeda gobierna desde 2021 bajo las siglas de Morena. Su administración no puede analizarse al margen de su entorno inmediato. Desde el inicio, la figura de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, dejó de ser un asunto privado para convertirse en un problema político. Hoy, existen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República que lo vinculan, presuntamente, con operaciones de lavado de dinero y posibles nexos con el crimen organizado. No son rumores marginales; son indagatorias federales apoyadas en informes de inteligencia.
La situación se agrava por un hecho inédito en la historia reciente del estado: ni la gobernadora ni su exesposo cuentan con visa estadounidense. En una entidad fronteriza, profundamente entrelazada con Estados Unidos en términos económicos, políticos y de seguridad, esta condición no es menor. No parece un accidente administrativo, sino un veto consular de Estados Unidos que revela desconfianza institucional. En política, estos gestos pesan tanto como los documentos.
Desde los primeros meses de su mandato, el nombre de Marina del Pilar apareció en el lenguaje más crudo de la disputa territorial: las narcomantas. En octubre de 2021, mensajes colocados en Tijuana la acusaron de pactar con organizaciones criminales rivales y la amenazaron con “incendiar Baja California” si no modificaba su alineamiento. No se trató de un exabrupto aislado. Fue una interpelación directa al poder político, una advertencia pública emitida desde la ilegalidad organizada.
Los grupos criminales no hablan al vacío. Como ha mostrado la literatura académica sobre violencia y Estado, el crimen organizado no solo combate al gobierno; intenta condicionarlo, reconfigurarlo o penetrarlo cuando percibe fragilidad. En Baja California, donde confluyen rutas transnacionales, esta lógica opera con especial intensidad. El Estado no solo administra; disputa territorio.
En 2022, la crisis alcanzó un punto crítico. Bloqueos simultáneos, quema de vehículos y amenazas coordinadas paralizaron varias ciudades del estado. Fue entonces cuando Jaime Bonilla Valdez, exgobernador morenista, lanzó una advertencia pública que el partido prefirió ignorar: gobernar Baja California sin una relación funcional con Estados Unidos era una imprudencia grave. Bonilla habló de aislamiento, de riesgos acumulados y de consecuencias previsibles. No lo hizo como opositor, sino como alguien que conocía los equilibrios fronterizos. Morena optó por el silencio. Ese silencio sigue hasta hoy.
Carlos Torres, aun después de la separación formal, sigue siendo el eje de esa sombra. Su situación proyecta dudas sobre la capacidad de la gobernadora para ejercer autoridad plena en un contexto donde la legitimidad se erosiona rápidamente. No se trata de culpabilidades penales, sino de responsabilidades políticas.
La advertencia de Daisy Tourné vuelve entonces con fuerza. El poder no corrompe por sí mismo; revela lo que ya estaba ahí. En Baja California, lo que se revela no es una anécdota personal, sino una fractura institucional. En un territorio marcado por el narcotráfico, las migraciones, las maquiladoras y las rutas ilícitas, Morena ha decidido no actuar. El poder, como advertía Mujica, no absuelve ni matiza; exhibe. En Baja California no está en juego una coyuntura pasajera, sino la capacidad misma del gobierno federal para ejercer autoridad con legitimidad.
