Pablo Cabañas
En 2014, para neutralizar los problemas que se fueron generando por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, México recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la vez que promovía la democracia en Venezuela. El espacio para el éxito de esta estrategia fue la Organización de Estados Americanos (OEA). En ambos casos, el gobierno consideró que la democracia y los derechos humanos eran valores universales que merecían ser defendidos en México y la región. Temas y tribuna estaban controlados. No había problema alguno. Pero la operación en ambos casos fue un fracaso.
La frustración se inició con la llegada a México, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que coadyuvó a la investigación de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014. El GIEI fue el resultado de un acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado mexicano y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez que funge como representante de los 43 estudiantes y sus familias para colaborar con la investigación. El acuerdo se firmó en noviembre de 2014 y los objetivos establecían el seguimiento y la implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión; es decir, dar con el paradero de los estudiantes, proteger la vida e integridad de los heridos, adoptar medidas para los beneficiarios y sus representantes, y elaborar informes sobre las acciones que se adoptaran para investigar los hechos.
El trabajo del GIEI no fue fácil para el gobierno de Peña Nieto, se hizo todo lo posible para que su labor se dificultará. No pudo investigar a funcionarios de alto nivel, especialmente del ejército, ni acceder a instalaciones clave. La “verdad histórica” ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) -respecto a que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula-, se volvió un dogma para las autoridades mexicanas. Para mantener la narrativa de la “verdad histórica” las autoridades mexicanas incluso fueron acusadas de haber manipulado evidencias, y torturado a sospechosos que podrían haber llevado a una conclusión distinta a la de la “verdad histórica”.
Para desviar la atención con lo acontecía en México con los 43 desaparecidos, se dio a partir de las gestiones mexicanas para lograr una resolución contra Venezuela. Llegamos a los trabajos del 47 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se celebró en Cancún, en Cancún en junio de 2017. Videgaray y sus estrategas buscaron ser el árbitro entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, liberar a los presos políticos y establecer un cronograma electoral y resolver los problemas que había en ese momento en el Poder Legislativo de ese país. Sonaba muy bien la idea de un liderazgo regional y al mismo tiempo crear una cortina de humo. El éxito estaba asegurado, la sede, los recursos económicos, pero les faltaba lo más importante: los votos. Videgaray, sostenía que contaba con los 23 votos necesarios para aprobar la resolución.
La entonces ministra de Relaciones Exteriores, de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Cancún para frenar la postura de nuestro país. Lo primero que hizo fue reclamarle a Videgaray que no tenía la autoridad moral para descalificar a su país y metió en la agenda de la reunión la desaparición de los 43 normalistas y las ejecuciones de periodistas en el país. Se creía que era un berrinche de Delcy Rodríguez frente a una derrota que estaba ya cantada. Al paso de las horas, Videgaray ante su evidente fracaso reiteró el respeto de México a la soberanía venezolana. Más allá de sus palabras el entonces canciller mexicano notuvo los 23 votos, necesarios para aprobar la resolución, al final , con todos los apoyos que tenía solo pudo logra a 20 países que votaron a favor de la resolución que México proponía. Fue un fracaso que después se habría de repetir en la elección del 2018.
