Pablo Cabañas Díaz.
En Uruapan, Michoacán, el 6 de septiembre de 2006, un comando armado irrumpió en un centro nocturno, y tras amagar a las personas que ahí se encontraban y hacer disparos al techo arrojó en la pista de baile cinco cabezas humanas, junto a las cuales colocaron una cartulina con el mensaje: “La familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina”.
En aquel septiembre, México pasaba por una crisis política tras la objetada victoria de Felipe Calderón, en las elecciones presidenciales de julio de 2006. Las denuncias de fraudes planteadas por su oponente, Andrés Manuel López Obrador, fueron consideradas improcedentes por la justicia electoral. Calderón llegó a Palacio Nacional, en diciembre de 2006, con baja legitimidad. En ese contexto, su primera decisión de gran impacto social y político fue declarar la “guerra a los cárteles”.
Antes de Calderón los niveles de violencia eran relativamente bajos teniendo en cuenta los índices históricos mexicanos de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero la percepción social sobre la violencia relacionada con el narcotráfico era alta. De hecho, el enfrentamiento violento entre grupos de narcotraficantes había crecido desde finales de los años noventa. Los carteles mexicanos habían cambiado, se fortalecieron y entablaron duras disputas por espacios en un mercado potente e insaciable. El mercado estadunidense y el mexicano se convirtieron en un espacio abierto de disputa.
En este escenario la respuesta de Calderón, fue seguir con la militarización del combate al narcotráfico, para ello se apoyó en los Estados Unidos, por lo que se estableció, en 2007, la Iniciativa Mérida, un “paquete de ayuda financiera destinada al combate del cultivo, producción y consumo de drogas […] a través del fortalecimiento institucional, de la seguridad y del Estado de Derecho que incluye el fortalecimiento de las capacidades tácticas, técnicas y de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas”.. La Iniciativa fue implementada no sólo en México sino también en países de Centroamérica y el Caribe, mantuvo el sentido de las políticas antidrogas estadounidenses y mexicanas, centradas en la represión y en la militarización.
La Iniciativa Mérida fue comparada de inmediato con el Plan Colombia, México no era Colombia porque no había paramilitares y guerrillas involucradas con el narcotráfico y porque la presencia y el control territorial del Estado mexicano eran mucho más grandes que los de su congénere sudamericano. No obstante, el énfasis en el combate militarizado en México sonaba en clave análoga no sólo a la colombiana, sino también a la de otros países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú.
La militarización no generó un amplio apoyo popular y de la clase política al gobierno de Calderón. El sexenio de Calderón presentó un escenario con muchos niveles de violencia: en primer lugar, la violencia de los enfrentamientos entre cárteles por el control de territorios, cultivos y rutas; aquella resultante de las operaciones militares y policiales contra los narcos; y los secuestros, intimidaciones, torturas y asesinatos perpetrados por narcotraficantes en contra de activistas de derechos humanos, periodistas, miembros de las fuerzas de seguridad y sus familias; y finalmente, las violaciones de derechos humanos practicadas por los agentes de seguridad.
El saldo de la “guerra contra las drogas” en el gobierno de Calderón fue de entre 50 mil y 70 mil muertos. Sin embargo, estos índices de violencia no trajeron como resultado la reducción de la actividad de los cárteles. Con la “guerra contra los cárteles”, el crimen organizado alcanzó un nivel inédito y provocó cambios importantes en las estructuras políticas, burocráticas y legales en México.
