El asesinato de al menos 14 policías estatales por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de la Aguililla, en el estado de Michoacán, debe ser el punto de inicio para lanzar una ofensiva oficial contra los gavillas de narcotraficantes en esa región del país. Una vez más, la delincuencia organizada, constituye la principal amenaza a la seguridad nacional mexicana, puesto que afecta la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
La administración de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta los niveles más altos de violencia e inseguridad en la historia reciente de México, por la presencia de grupos criminales que no fueron desmantelados en los sexenios del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El CJNG le disputa al Estado el control territorial y es un factor de desestabilización por las actividades que realiza: producción, trasiego y venta de drogas, secuestro, extorsión, robo de vehículos, de transporte, huachicol. El nuevo mapa del crimen organizado que se ha conformado en este sexenio, reafirma las actividades de cárteles y grupos del crimen organizado. El CJNG, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho,, es el grupo criminal con mayor presencia en territorio nacional, al tener bajo su control o disputarse el territorio en 25 de los 32 estados.
Este grupo, el cual tiene sus orígenes en el cártel de Los Valencia, se ha posicionado como una de las principales organizaciones de tráfico de drogas a nivel nacional por el gobierno federal . La segunda organización con más poder en México es el Cártel del Pacífico, el cual, después de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, es dirigido por Ismael Zambada García, El Mayo; Rafael Caro Quintero; Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, estos últimos dos, hijos de El Chapo, así como Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Guzmán Loera. Este grupo realiza operaciones ilícitas en 17 entidades del país. Muchos son los elementos que acentúan la complejidad del narcotráfico y que constituyen una amplia lista de actores estatales y no estatales involucrados: agencias especializadas, aparato de justicia, ejército, campesinos, técnicos procesadores de drogas, traficantes, negocios e instituciones bancarias, políticos, especialistas en el tema, consumidores, legisladores, sistemas de salud, crimen organizado, beneficiarios de la derrama de narco dólares. Un poder que parece ser cada más fuerte en México.
