Pablo Cabañas Díaz
La frontera sur de México ha experimentado en los últimos meses un proceso de transformación marcado por la complejidad y el dinamismo de movimientos poblacionales de carácter migratorio, relacionados con el crimen organizado, la seguridad y los derechos humanos.
Las fronteras son espacios dinámicos, donde el cambio parece ser la única constante. Sin embargo, hay periodos en que los cambios se dan de manera acelerada o se conjuntan dimensiones que los hacen más visibles.
Este ha sido el caso de la frontera sur a partir de la semana pasada, cuando distintos acontecimientos acaecidos dentro y fuera de la región tuvieron como consecuencia la coincidencia de discursos y acciones relacionados con la seguridad y con los procesos migratorios.
Se volvió en cierta forma “normal” la asociación entre los términos, “migración” y “seguridad” por lo que los vínculos que se establecen entre los flujos migratorios y las políticas de seguridad tienen que analizarse inscritos en contextos geográficos, en relación con movimientos poblacionales específicos y atender a las distintas dimensiones de la seguridad.
Es en este contexto, que en las negociaciones para evitar la imposición de aranceles, que encabezaron el secretario de Estado, Mike Pence y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se estableció que México reforzará su frontera sur con 6 mil elementos de la guardia nacional y recibirá a los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos, a los cuales se compromete a brindarles un espacio donde habitar, seguridad, salud y alimentación.
Es el acuerdo que se firmó con Estados Unidos el equipo encabezado por el canciller Marcelo Ebrard México fortalecerá “significativamente” la aplicación de su ley migratoria, priorizará el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y trabajará para desmantelar organizaciones de traficantes de personas, sus redes de financiamiento y de transporte.
México deberá recibir a los migrantes que pidan asilo lo que podría traer una oleada de retornos en los próximos días. Un dato muestra el tamaño del reto; el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportó que de enero a mayo de este año el número de detenciones sumó 492 mil 302 migrantes ilegales cuando en el mismo periodo de 2018 la cifra apenas llegó a 226 mil 033.
Cabe señalar, que el pasado 29 de enero, el gobierno de Estados Unidos implementó, de forma unilateral, la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos de regresar al país por donde ingresaron a cada uno de los migrantes que solicitaran asilo. El 8 de abril un juez federal suspendió la medida. En ese lapso se registró un total de mil 323 internaciones a México en las ciudades de Tijuana y Mexicali en Baja California, así como Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora, México recibirá a los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos, y se compromete a brindarles un espacio donde habitar, seguridad, salud y alimentación. Un acuerdo cuya complejidad, transparencia y costo económico implica revisar nuestra política migratoria tal y como la venimos implementado.
