Por Pablo Cabañas Díaz
Todo Año Nuevo es, antes que una cifra en el almanaque, un acto simbólico de la civilización. El calendario gregoriano —establecido en 1582 para corregir el desfase astronómico del calendario juliano— no solo ordena los días en doce meses y semanas de siete jornadas: consagra una concepción del tiempo lineal, acumulativo, orientado hacia el porvenir. Cada primero de enero, como han señalado los historiadores de las religiones, las sociedades renuevan un pacto con el futuro. El problema comienza cuando el calendario avanza, pero la historia se detiene; cuando el rito se repite, pero las estructuras que organizan la vida colectiva se desgastan.
México ingresa a 2026 bajo esa tensión. No como una hoja en blanco, sino como una interpelación severa. En política, los comienzos suelen ser implacables con la improvisación. El país llega al nuevo año con una economía fatigada, un Estado fiscalmente presionado y una inserción internacional sometida a fuerzas que no controla. El tiempo nuevo exige algo más que optimismo discursivo: exige claridad estratégica, firmeza institucional y una lectura histórica del momento.
Uno de los indicadores más reveladores —y menos comprendidos— de lo que anticipa 2026 es la conducta de la base empresarial en la economía formal. En la economía política, los actores productivos se mueven antes de que la crisis sea visible. Su retirada del registro oficial no describe el pasado inmediato, sino que anticipa el futuro percibido como riesgo. Por ello, la salida neta de 41 mil 764 empleadores en los últimos 24 meses, hasta noviembre de 2025, debe leerse como una señal adelantada del ciclo que se aproxima.
Nunca, desde que existen registros comparables del IMSS en 1998, México había experimentado una contracción de esta magnitud entre los titulares de unidades productivas. Ni siquiera durante la Gran Recesión de 2008-2009 se observó una retirada semejante. Más inquietante aún es la aceleración del fenómeno: solo en 2025 desaparecieron 24 mil 367 empresas registradas, superando el ya negativo récord de 2024. Esta dinámica revela que el sistema económico ha entrado en una fase defensiva. El empresariado nacional no expande porque no ve horizonte; se repliega porque anticipa reglas cambiantes, inseguridad persistente y un entorno internacional crecientemente hostil.
Leído en clave prospectiva, este repliegue de la estructura productiva formal anuncia para 2026 una economía con menor inversión, menor generación de empleo y, en consecuencia, menor recaudación fiscal. Menos unidades económicas activas hoy implican menos Estado mañana. No se trata de una conjetura ideológica, sino de una cadena causal conocida. El país llega así al nuevo año con un margen de maniobra cada vez más estrecho.
Este debilitamiento interno coincide con un entorno externo particularmente adverso. La renegociación del Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T-MEC) no será un trámite técnico, sino un examen de poder. Estados Unidos no revisa tratados: redefine jerarquías. La amenaza de aranceles del 25% o incluso del 50% en sectores estratégicos no es retórica electoral, sino un instrumento de presión económica. En ese contexto, una caída del Producto Interno Bruto de hasta 5% en 2026 no sería una anomalía, sino la consecuencia lógica de una economía estructuralmente dependiente del mercado estadounidense.
El crecimiento previsto para 2026 —entre 1.15% y 1.21%— resulta insuficiente para un país que aspira a desarrollarse y no solo a administrar su precariedad. Tras un 2025 con un crecimiento de apenas 0.37%, el problema ya no puede explicarse como coyuntural. La inseguridad, la deficiente gobernanza y la fragilidad institucional han operado como frenos persistentes a la inversión. El Mundial de Fútbol podrá ofrecer un alivio estadístico momentáneo, pero ningún país se transforma a fuerza de eventos.
En el centro del dilema reaparece la cuestión fiscal. Con una deuda pública que alcanza el 51.8% del PIB, la sostenibilidad exige una reforma que incremente la recaudación. Postergarla equivale a trasladar el costo del presente al futuro. Pensiones, pasivos contingentes y gasto social sin respaldo financiero no constituyen una política redistributiva duradera, sino una apuesta a la inercia.
El año 2026 no es una fecha más en el calendario gregoriano; es una prueba de madurez histórica. El calendario avanza, pero la historia no concede prórrogas. México se encuentra ante un cruce de caminos: o asume la gravedad del momento y actúa con visión estratégica, o seguirá celebrando años nuevos mientras posterga el porvenir. Porque el tiempo no es neutral. El tiempo juzga. Y esta vez, ya no concede aplazamientos.
