CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero (AlmomentoMX).- Las denuncias por opacidad y presunto manejo irregular de los 8 mil millones de pesos para los fondos de ayuda a los damnificados de los sismos en la Ciudad de México se multiplicaron en los últimos días y el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera simplemente se ha “lavado las manos” ante este golpe a los propios ciudadanos afectados, lamentó la senadora Dolores Padierna Luna.
La legisladora recordó que primero renunció el académico del CIDE, Mauricio Merino, quien encabeza la organización Nosotros y estaba como responsable del comité de transparencia dentro de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.
“Merino renunció ‘ante la falta de garantías para transparentar el uso de recursos’ y precisó que la posición ad honorem en la Comisión no garantiza el ejercicio de la labor de los comisionados porque no tendrán capacidad de vigilancia y monitoreo de los fondos autorizados”, refirió.
Padierna Luna recordó que apenas el viernes 16 de febrero, cinco horas antes de que se registrara un sismo de 7.2 grados, el titular de esta comisión, Ricardo Becerra, presentó su renuncia ante el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y acusó a la Asamblea Legislativa de un uso “faccioso” de 8 mil millones de pesos que debía destinarse a los damnificados.
“El jefe de Gobierno, en vísperas de pedir licencia para irse de candidato del PAN a la senaduría, se lavó las manos y se limitó a decir que entre Becerra y la ALDF existen ‘posturas irreconciliables’ que la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver”, señaló.
La senadora refirió que tanto Merino como Becerra señalaron a los diputados locales perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo y al legislador panista Jorge Romero por aprobar y decidir de forma discrecional el destino de más de 14 mil millones de pesos para la reconstrucción.
A consideración de la senadora, las instancias burocráticas creadas no han dado ni certeza jurídica ni han terminado los estudios de suelo para garantizar la seguridad de cada predio.
“Por si fuera poco, el plan de reconstrucción pretende convertir a los damnificados en deudores de la banca y ahora no hay quien vigile los 8 mil millones de pesos en manos de algunos legisladores de dudosa reputación”, concluyó.
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