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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de diciembre (AlMomentoMX).- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó su “profunda preocupación” por la Ley de Seguridad Interior y pidió al Senado de la República rechazarla, ya que se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria.

La CIDH pide a México un plan para retirar de forma gradual a las fuerzas armadas de la seguridad pública.Indicó que a más de una década de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga en México, la violencia no ha disminuido y “tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Por ello, llamó al Senado de la República a no aprobar la Ley de Seguridad Interior que comenzará a discutirse este martes, luego que la Cámara de Diputados la aprobara el jueves pasado.

A través de un comunicado, el Alto Comisionado aseveró que la legislación propuesta, que regularía la función de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, “es un proyecto muy preocupante”.

“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados”, dijo.

Recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal.

Sin embargo, Jan Jarab destacó que el proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de remplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.

“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley”, enfatizó.

Afirmó que la minuta de ley contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas. Así como la autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados.

Además, agregó, la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

El Alto Comisionado recordó que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita hizo hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.

“La ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones”, apuntó.

Dijo que la representación en México de la Oficina que encabeza está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.

Las preocupaciones que suscita el proyecto de ley las comparte una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el UNICEF- México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios.

AM.MX/dsc

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