CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio (AlMomentoMX).— La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) rechazó la utilización de la tortura como método de investigación criminal y condena su aceptación y tolerancia como medio para obtener “confesiones”.
A través de un comunicado, Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, sostuvo “que a causa de la tortura una persona confiese haber cometido un delito no significa haber probado su culpabilidad, significa haber vencido su capacidad para resistir el dolor. Resultan anacrónicas y reprobables las expresiones públicas que aceptan las confesiones extraídas mediante tortura y con base en ellas dan por hecho la culpabilidad de un delito a quienes la han sufrido”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016 del INEGI, el 46 por ciento del total de personas que declararon ante el Ministerio Público tras su detención dijeron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos.
“Resulta inconcebible que en las cárceles mexicanas existan tantas personas doblemente arrepentidas; primero supuestamente se arrepienten ante la autoridad que les investiga por la comisión de un delito y posteriormente se vuelven a arrepentir de la autoincriminación que realizaron inicialmente. Este doble arrepentimiento se explica fundamentalmente por la comisión de la tortura y la ausencia de salvaguardas legales efectivas”, afirmó Jan Jarab.
El representante de la ONU-DH pidió a las autoridades deben excluir todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos, al considerarlas como “pruebas inválidas”.
“La tortura no hace a una persona culpable o inocente de un delito, la hace víctima de un delito. La privación de la libertad de cualquier persona debe descansar exclusivamente en la existencia de evidencias suficientes, obtenidas de manera legal y que acrediten su responsabilidad en estricto apego al principio de presunción de inocencia. Además, la carga de probar dicha responsabilidad corresponde al Estado, que se debe sujetar siempre a lo que dicta la ley”, apuntó.
La ONU-DH recordó que cuando una persona manifieste que su confesión ha sido obtenida mediante tortura, corresponde al Estado demostrar que la confesión fue realizada de manera voluntaria, de lo contrario dicha prueba debe eliminarse.
Subrayó que la utilización de la tortura socava la credibilidad y la confianza en las autoridades y en el sistema de justicia. Su comisión, además, propicia una doble injusticia al permitir que por el delito que se investiga pague una persona que podría no haber cometido el crimen en cuestión, y quien además ha sido victimizada cruelmente.
“Son los torturadores quienes deben enfrentar un proceso o estar recluidos purgando una pena, no las víctimas de tortura. Los primeros han violentado los derechos humanos, los segundos han sido violentados en su dignidad y merecen una justa reparación”, destacó Jan Jarab.
La ONU-DH exhortó al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos para profesionalizar sus capacidades de investigación criminal. De igual forma, instó a las autoridades a construir las destrezas necesarias para documentar de manera independiente los casos de tortura, investigar y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y excluir las pruebas obtenidas mediante la transgresión del derecho a la integridad personal.
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