Federico Berrueto
Los eventos se van desencadenando con gradualidad a grado tal que impiden entender que se vive un nuevo momento del ciclo de la violencia. No sólo es que ocurran hechos inéditos como es el de un atentado, por fortuna frustrado, a uno de los líderes de opinión nacionales, también es la manera como se entreveran una serie de procesos diferentes, con diversos orígenes y dinámicas que modifican lo existente. Un recuento de lo más relevante lo vuelve abrumador: el caso García Luna, la masacre de Nuevo Laredo seguida por el homicidio de dos norteamericanos en Matamoros, la embestida desde EU al país y al gobierno, el nuevo momento de la Corte, la acción de la FGR por la corrupción en SEGALMEX, la judicialización de la reforma electoral, el espionaje ilegal de la SEDENA, entre otros.
El nuevo momento de la violencia está presente y esto demanda de las autoridades, especialmente del presidente López Obrador una revisión a la manera de enfrentar a la criminalidad y cómo ha organizado a su gobierno en ese mismo empeño. La respuesta mediática presidencial se muestra disfuncional si no es que contraproducente. Para algunos hay connivencia con el crimen, para otros, los más, incompetencia. Lo cierto es que las dificultades del presidente ya son también del conjunto de su gobierno y empiezan a prefigurar una crisis de Estado.
El consenso o el apoyo de la mayoría de la población del que goza el presidente López Obrador no da para solventar la crisis de confianza y credibilidad. No es cuestión de encuestas ni de expresiones de reconocimiento a lo que hacen las autoridades. Se trata de no perder el sentido de autoridad en el marco de legalidad ante la magnitud del reto. Finalmente, el Estado regresa a su fundamento: la constitucionalidad de los actos de autoridad.
La política, más la que se ha desarrollado en este régimen ha pretendido prescindir de los límites constitucionales. Desde el inicio, con la edición de las comparecencias matutinas del presidente se resolvió actuar en el impulso propio de la campaña que le llevara a la presidencia. Esto permitió mantener la adhesión mayoritaria de la población, pero generó un déficit de representatividad y de institucionalidad. Queda claro, por las propias palabras del presidente, que la cancelación del hub aeroportuario de Texcoco no tenía que ver con la dimensión técnica, económica o la venalidad de por medio, fue una determinación para hacer valer la autoridad presidencial, decisión absurda por el costo e innecesaria ya que el poder presidencial no estaba en disputa por nadie, mucho menos por el sector empresarial acostumbrado a acomodarse con el mandatario en turno.
El precedente del juicio contra García Luna tiene más implicaciones de las que el presidente advirtió. El éxito de haber regresado al país al general Cienfuegos recreó la falsa confianza de que la gestión política resolvía los riesgos derivados por la actuación de los tribunales norteamericanos respecto a las responsabilidades de los altos servidores públicos en la lucha contra el crimen organizado.
La complejidad de lo que enfrenta el país, el gobierno y el presidente obliga al reencuentro con la constitucionalidad de la vida pública. No es fácil porque obliga al mandatario a modificar lo que ha sido la constante desde el inicio del gobierno. La legalidad debe prevalecer y por lo mismo acreditarse en la manera como la Corte resolverá la constitucionalidad del plan B y los procesos judiciales a cargo de la FGR por la corrupción en este gobierno y en el previo. Lo mismo aplica para los casos penales contra militares por la masacre de Nuevo Laredo que las responsabilidades derivadas por el abandono de las fronteras del país. La legalidad es la fortaleza del Estado y, por lo mismo, el presidente López Obrador debe reencontrarse con ésta.
Esto conlleva que el presidente deberá revisar con rigor y sin simulación la política nacional de seguridad pública. El tema ahora no sólo es de resultados, de eficacia, sino de las implicaciones legales que comprometen al conjunto del gobierno y que las autoridades norteamericanas están decididas a que su sistema de justicia sea el ariete para someter a los funcionarios mexicanos una vez que dejen sus responsabilidades en la lucha contra las drogas.
