CIUDAD DE MÉXICO.- La abogada Vanessa Romero Rocha, en su columna para El País, acusa a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de ser una aliada y cómplice en la aprobación de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Según Romero Rocha, Piña mostró una falta de oposición efectiva y, a través de su tardía y débil propuesta de contrarreforma, facilitó que la reforma avanzara prácticamente sin resistencia.
Norma Piña tardó siete meses en responder a la reforma judicial de AMLO, presentada el 5 de febrero. Su propuesta, que llegó un día antes de la votación en el Senado, incluyó 66 sugerencias, de las cuales solo 10 abordaban directamente el problema central del Poder Judicial federal. Las otras 56 recomendaciones, según Romero Rocha, eran irrelevantes o vagas, enfocándose en temas como seguridad, armas de fuego, desapariciones y servicios periciales, sin tratar los problemas de fondo.
Entre las propuestas principales de Piña destacan:
Revisión crítica de los procesos judiciales: Esta sugerencia busca medir la calidad del servicio judicial y la ética profesional a través de encuestas de satisfacción, lo cual Romero Rocha considera un enfoque superficial que no aborda la crisis estructural del Poder Judicial.
Ley Nacional de Carrera Judicial: Norma Piña propone unificar las reglas para asegurar que los jueces tengan el perfil y la competencia necesaria, lo que según Romero Rocha plantea una pregunta que preocupa: ¿Qué mecanismos han regido la impartición de justicia hasta ahora?
Programas de sensibilización y capacitación: Piña sugiere desarrollar estos programas para fomentar la ética y la legitimidad institucional, algo que, según Romero Rocha, ya debería haberse implementado desde 1994, bajo la supervisión del Consejo de la Judicatura Federal.
Para Romero Rocha, estas propuestas son insuficientes y carecen de visión reformista. No abordan temas cruciales como la rendición de cuentas, la transparencia en la impartición de justicia o la eliminación de privilegios en el Poder Judicial. Además, critica que no se mencionen medidas de austeridad o recortes salariales, lo que refleja una resistencia a cualquier cambio profundo en la estructura del poder judicial.
En opinión de Romero Rocha, la contrarreforma de Norma Piña fue un ejercicio de gatopardismo, es decir, aparentar cambios para que todo siga igual. Al no enfrentar de manera directa los problemas del Poder Judicial y presentar una propuesta tibia y tardía, Piña facilitó la aprobación de la reforma de López Obrador. En lugar de asumir un papel crítico y activo, se limitó a ofrecer una serie de recomendaciones superficiales, lo que la convirtió, según la autora, en una cómplice silenciosa del gobierno.
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