TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Ante el incremento de la violencia en todas sus modalidades contra menores de edad de la entidad y el país, así como la dificultad que representa contar con cifras exactas por las condiciones en las que se presenta, la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) propuso adicionar en la legislación que por violencia contra los niños, niñas y adolescentes se entienda “toda forma de maltrato, perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación comercial y sexual, que cause daño a su salud, desarrollo, dignidad y que además ponga en peligro su vida o supervivencia”.
En sesión del Sexto Periodo Ordinario que preside la diputada Montserrat Ruíz Páez (morena), Araceli Casasola señaló que es importante vigilar y atender a este sector de la población mexiquense, pues cada niña, niño y adolescente forma parte del futuro de la nación, “y como nación no podemos ni debemos permitir que estos patrones de violencia se repitan generación tras generación y sean quienes determinen el carácter y la forma de ser de cada persona”.
Agregó que la UNICEF reporta que en el país seis de cada 10 menores de 18 años han sufrido al menos una forma de agresión física o psicológica por parte de un miembro de su hogar. “Datos que impactan en la niñez mexiquense y que dan como resultado la determinación de muchos infantes y adolescentes para desertar de la escuela, abandonar sus hogares y vivir en situación de calle llegando en ocasiones a escenarios extremos como el suicidio”, apuntó.
Afirmó que resulta fundamental legislar e implementar normas y políticas públicas que vayan más allá de las palabras y que se funden en hechos que ayuden a mejorar la vida de los menores de la entidad, ponderando así el interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4 de la Constitución federal, pues en 2018 el DIFEM recibió aproximadamente 15 mil denuncias relacionadas con posibles actos de maltrato infantil, un promedio de 41 denuncias diarias en el territorio mexiquense.
La iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, remitida para su dictamen a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Para la Atención de Grupos Vulnerables, propone además que las autoridades estatales que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños y adolescentes se obliguen a realizar, de forma oficiosa y asequible, las pruebas psicológicas y de entorno social para garantizar la prevención y protección adecuada de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
Además, establece que las autoridades estatales garanticen que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan derecho a que se emitan las medidas de protección urgente o cautelares correspondientes, para evitar daños a su integridad y que siga la violencia en su contra.
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