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CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre (Al Momento Noticias).- Aunque la Constitución nacional garantiza a los ciudadanos el respeto a sus posesiones, documento y vida personal, en la Ciudad de México esto no se aplica.

En el Distrito Federal, la autoridad puede confiscar, así sea temporalmente, un automóvil. El propietario tiene que seguir un proceso para encontrar el “corralón” donde está su vehículo y pagar las multas para recuperarlo.

Hay cuatro empresas concesionadas que cuentan con 165 grúas, de las 226 autorizadas para operar en las 16 delegaciones políticas

El arrastre sin información del sitio hacia el cual se lleva un vehículo se considera un despojo, así sea por poco tiempo y con base en un reglamento.

Aunque el principal motivo para ser remolcado es por el hecho de estacionarse en zona restringida, otra razón es ingresar dinero a las finanzas públicas, cuyas arcas son beneficiadas anualmente con más de 200 millones de pesos por multas.

Por estar mal estacionamiento se cobra una multa, el arrastre y el uso del espacio, aparte de la falta administrativa por la que fue remolcado el automóvil.

Para comprobar la limpieza del procedimiento, los operadores de las grúas deben grabar los “levantones”, como una forma de probar la legalidad de sus actos sin espacio para arreglos laterales.

En la Ciudad de México la cantidad de vehículos crece, mientras las medidas restrictivas para su circulación se flexibilizan cada vez más, gracias a la aplicación de amparos por parte de dueños de los vehículos.

Son dos los programas de urgente revisión en la ciudad: el “No Circula”, cuya laxitud ya lo hace inoperante; el otro, el del estacionamiento en la vía pública, por lo que se debe desarrollar un programa formal y bien planeado, además de plantearse un plan contra la contaminación ambiental.

Mientras tanto, se seguirá con programas “parchados”, con avisos cotidianos y con automóviles indebidamente confiscados.

AMN.MX/dsc/bhr

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