CIUDAD DE MÉXICO, 9 de febrero (AlmomentoMX/SemMéxico).- Las mujeres son las principales productoras agrícolas y clave en el sostenimiento de la seguridad alimentaria de los países; sin embargo, son quienes menos ingresos perciben, ya que el 38 por ciento de las mujeres hace trabajo agrícola no remunerado, señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El dato anterior es parte de una investigación “La Constitución de 1917: La mujer y su aportación en el desarrollo rural sustentable”, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, en la que se indica que las principales actividades de estas mujeres son la agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca y artesanía, lo cual supera 17 veces las tareas en las zonas urbanas.
De acuerdo con la información de Lizbeth Álvarez Martínez para SemMéxico, a pesar de su incorporación al ámbito laboral y que trabajan jornadas dobles, considerando las tareas domésticas que desempeñan sin remuneración, 32.7 por ciento trabaja por su cuenta (no son asalariadas) y 16.3 por ciento no obtiene remuneración alguna. El 51% carece de prestaciones de salud e igual porcentaje no tiene prestaciones, “colocándose en el desamparo absoluto”.
Seis de cada diez mujeres rurales no cuentan con contrato escrito que les garantice estabilidad en sus ingresos; 31% solo recibe un salario mínimo y únicamente 18% asume jornadas laborales de 48 horas a la semana.
Las condiciones educativas y laborales que afrontan las mujeres de las áreas rurales de México propician que se acentúe la brecha de desigualdad prevaleciente en el campo, ya que 66.6% de la población en pobreza extrema del país, está conformada por población rural.
El documento refiere que, en 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estimó que 27.6 millones de mujeres estaban en condiciones de pobreza y 8.5 millones son de un contexto no urbano, equivalente a que seis de cada diez mujeres rurales en el país se encuentran en situación de pobreza y más de tres millones viven en pobreza extrema.
En tanto, 93.5% de las mujeres rurales mexicanas son vulnerables por “carencias sociales” (alimento, educación, servicios de salud, servicios públicos, vivienda y otros).
A ello se suma que, ante la migración de los varones —no solo a áreas urbanas sino al extranjero, particularmente a Estados Unidos— en busca de trabajo mejor remunerado, las mujeres jefas de familia se quedan en su localidad asumiendo una mayor y más directa participación para recuperar la economía rural del país.
Esa tendencia ha “feminizado la agricultura” con enormes desventajas, ya que actualmente tienen que enfrentar problemas como falta de titularidad de las tierras (los dueños son los hombres, muchas veces emigrados), acceso a créditos (sistemáticamente se les niegan), a recursos y a asistencia técnica.
Todo esto, sin considerar que su incorporación a dichos procesos productivos en condiciones de desventaja cultural, social, económica y académica, no las releva de las actividades de género, como cuidado y educación de hijos y ser su sustento económico, que las “avasalla de tiempo completo”.
El documento destaca el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra, ya que su preocupación es constante, para que el desarrollo rural sustentable se mantenga como sostén económico, tanto individual como colectivo.
La investigación del CEDRSSA apunta que las mujeres han logrado obtener sus derechos agrarios, a partir de un gran esfuerzo individual y de un complejo proceso de negociación en el seno de la familia, particularmente con el cónyuge titular.
“Poco más de la mitad de las actuales ejidatarias y comuneras heredaron la tierra que poseen, mientras que una quinta parte la obtuvo mediante cesión gratuita; en ambos casos de manos del cónyuge o del padre, principalmente, o de la ejidataria titular”, establece.
Además, las mujeres en el ámbito rural requieren crédito oportuno y barato, acceso a la tecnología, inclusión y capacitación técnica, para aumentar su producción y apoyar con redes de comercialización para la venta de sus productos.
Ante este panorama, uno de los retos de México es consolidar la perspectiva de género en los programas de desarrollo sustentable y en el marco constitucional, así como la necesidad de políticas públicas para fortalecer la capacidad de autogestión de las mujeres del campo en actividades productivas y cambios cualitativos en su calidad de vida, de acuerdo con el estudio.
Por el papel fundamental de las mujeres en la gestión, conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales, es necesario orientar las acciones de gobierno hacia la construcción del desarrollo rural sustentable, a partir del reconocimiento de las diferencias de género y la protección de sus derechos humanos, considera.
Resalta que hoy más que nunca es indispensable lograr un pacto mundial que sensibilice a las generaciones presentes y futuras sobre la importancia de la mujer en el desarrollo rural sustentable.
AM.MX/fm
