CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado morenista Armando Corona Arvizu, que presentó la llamada Ley Anti-Stickers como una reforma al Código Penal Federal. Se trata de castigar con hasta seis años de prisión a quien cree o comparta memes, stickers o videos manipulados con inteligencia artificial que “ridiculicen” o dañen la reputación de una persona.
Según un reporte de Animal Político, el legislador argumentó que la tecnología ha pasado de ser un simple medio de comunicación a un instrumento capaz de “moldear identidades, construir reputaciones o destruirlas en segundos”.
La propuesta plantea sancionar con cárcel y multa a quienes usen imágenes, voz o identidad de alguien sin su consentimiento, y aumentar la pena si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o servidor público. “El meme difundido sin autorización atenta contra la dignidad, el honor y la vida privada”, sostuvo el diputado.
De acuerdo con un reporte de EMEEQUIS, la iniciativa busca combatir el ciberacoso y los deepfakes, fenómenos que efectivamente se han disparado. En México, casi 19 millones de personas sufrieron acoso digital en 2024 y los fraudes con IA crecieron 220% en dos años.
Pero el problema está en la ambigüedad del texto. Los artículos 211 Bis 8 y Bis 9 que se pretenden adicionar al Código Penal no distinguen entre un deepfake sexual y un meme político. Tampoco contemplan excepciones para sátira, parodia o crítica pública, pilares de la libertad de expresión.
El riesgo, advierten expertos citados por el medio, es que cualquier político “ofendido” pueda denunciar un meme como delito. Y si además se trata de un servidor público, la pena aumenta a la mitad. “En vez de proteger a la ciudadanía, la ley podría blindar a los políticos contra la crítica”, señaló EMEEQUIS.
“Ley Anti-Stickers”: censura con otro nombre
Según Proyecto Diez, el caso no esta aislado. Morena ha impulsado otras leyes similares en distintos estados. En Puebla, el entonces gobernador Alejandro Armenta promovió la llamada Ley Censura, que buscaba castigar con cárcel a quien “insulte” o “agravie” a otra persona en redes sociales.
La organización Artículo 19 advirtió que esa redacción podía convertir la norma en un mecanismo de censura, ya que expresiones legítimas, como un meme, una caricatura o una crítica política, podían ser interpretadas como delito. Incluso Ricardo Monreal presentó en marzo la polémica Ley Anti-Memes, que obligaba a etiquetar como “meme” cualquier contenido humorístico para evitar sanciones. Tras el rechazo social, tuvo que retirarla.
Cabe mencionar que ya existen casos en donde la ley ya se ha usado para castigar opiniones críticas. Como anteriormente reportamos en Xataka México en julio de 2025, en julio de 2025, una ciudadana de Sonora fue obligada por un juez a disculparse durante 30 días en X por cuestionar la candidatura de una diputada. El Tribunal Electoral concluyó que su publicación constituía “violencia política de género”, pese a que se trataba de una opinión sobre un asunto público.
Frente a todo esto, es importante recordar que México tiene una larga tradición de humor político, desde las caricaturas de los años 70 hasta los stickers de WhatsApp actuales. Penalizar esas expresiones sería un retroceso en la libertad de expresión.
AM.MX/fm
