CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada de Morena en el Senado de la República, externó su preocupación ante funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el posible desempleo que podría generar el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.
El Senado se alista para analizar y votar las cuatro leyes que integran el paquete económico 2026. Según el calendario legislativo, las comisiones dictaminarán los proyectos este martes y el miércoles serán discutidos en el pleno.
Durante la reunión con los subsecretarios de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez y Gabriel Lerma, así como con el Administrador General Jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona, la senadora morenista Nora Ruvalcaba advirtió sobre los efectos económicos de los nuevos gravámenes.
“La industria de bebidas azucaradas ha estimado que la ampliación del impuesto podría llevar a la pérdida de hasta 150 mil puestos de trabajo directos o indirectos en los próximos cinco años”, señaló.
Ruvalcaba pidió a los funcionarios un análisis detallado del impacto en el empleo y preguntó qué estrategias implementará el Gobierno para proteger a los trabajadores afectados. También cuestionó si los impuestos a refrescos y tabaco podrían resultar “inflacionarios y regresivos”, afectando principalmente a las familias de menores ingresos.
En respuesta, el subsecretario Gabriel Lerma sostuvo que Hacienda no prevé una pérdida relevante de empleos.
“No vemos afectación ni en las plantas productoras ni en las tienditas. Ellos ofrecen productos sustitutos y diferentes alternativas para generar el mismo ingreso”, afirmó.
El funcionario insistió en que el propósito del impuesto es fomentar hábitos de consumo más saludables, sin provocar un daño estructural al mercado laboral.
Debate por la llamada “Ley Espía”
Durante el encuentro también surgieron cuestionamientos sobre la llamada “Ley Espía”, incluida en las reformas fiscales. El funcionario del SAT, Ricardo Carrasco Varona, aclaró que no se pretende vigilar a los usuarios de plataformas digitales.
“Eso nunca va a pasar”, aseguró. “La reforma sólo establece que las plataformas deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso a información que garantice el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”
Carrasco explicó que el objetivo es hacer más eficiente la recaudación, especialmente en empresas con sede en el extranjero, y garantizar que los montos reportados al SAT coincidan con lo efectivamente cobrado a los usuarios.
“No se trata de una medida de vigilancia, sino de transparencia y control fiscal”, subrayó.
Por su parte, la senadora priista Claudia Anaya cuestionó el nivel de endeudamiento proyectado para 2026, pero sus preguntas no obtuvieron respuesta.
Los legisladores esperan que durante la dictaminación de las leyes fiscales se presenten análisis más detallados sobre la sostenibilidad de la deuda y el impacto real del paquete de ingresos.
AM.MX/fm
