Morelos incumple su obligación de preservar la vida de las mujeres

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Foto: SemMéxico

MORELOS, 27 de enero, (AlMomentoMX/SemMéxico).- En el Estado de Morelos no se respeta el Estado de Derecho, existe violencia institucional a los derechos de las mujeres, que se visibiliza en la falta de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a la justicia y en la impunidad en torno a los casos de feminicidios, 935 registrados en 18 años.

Morelos tiene casos de feminicidios plenamente demostrados con datos duros que han sido investigados y sistematizados a lo largo de 18 años por la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos A. C. (CIDHM), lo que demuestra que los gobiernos que han pasado han incumplido con su obligación de preservar la vida y libertades de las mujeres.

La CIDHM asegura que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles en esa entidad, al presentar el informe “Geografía del Feminicidio de Morelos del 2000 al 2018 y la AVG”.

Señalan que pese a la Alerta de Violencia de Género, los feminicidios ocurren por las condiciones de exclusión social, injusticia y violación de los derechos humanos de las mujeres en la mayoría de los 33 municipios.

Por su parte el gobierno de Morelos reporta mil 455 muertes violentas de mujeres (suicidio, aborto, homicidio culposo, homicidio calificado y feminicidio) del 2000 al 2016.

Tan sólo en la solicitud de la Alerta de Violencia de Género la CIDHM documento 530 casos en 13 años, del 2006 al 2013. La AVG fue declarada el 15 de agosto del 2015 para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

Y durante los tres años que lleva la AVG se han registrado un total de 286 feminicidios en 27 de los 33 municipios de la entidad.

Ante este panorama la CIDHM señala que los primeros objetivos de la Alerta de Violencia de Género (AVG) ha sido que se atienda la violencia feminicida y que se preste la atención social y política que se requiere para que las medidas de prevención, atención, sanción, justicia y restitución integral del daño.

Demanda que la AVG sea una política pública asumida por el Estado para garantizar que estos derechos de las mujeres estén vigentes en los hechos y no solo en las declaraciones.

Asimismo observa con preocupación cómo los recursos públicos para investigar el feminicidio no se usan como debieran, ya que aún no hay un funcionamiento adecuado del Banco Estatal de Datos sobre hechos de violencia que sufren las mujeres, que sirva para homologar la información y sistematizar las medidas que se desprendan de su análisis.

Asimismo, exigen que la Fiscalía General de Justicia del Estado subsane la inexistencia de la Unidad de Contexto, ya que es una grave omisión por el hecho de que ya se destinaron recursos económicos para su creación sin resultado alguno, cuando es urgente realizar un análisis especial sobre violencia feminicida en la entidad para identificar todas las causales y formas en que se presentan los casos, de tal manera que todo el personal de la dependencia cuente con éste diagnóstico al momento de integrar las carpetas de investigación.

Esta Unidad de Contexto deberá analizar especialmente el tema de acceso pleno a la justicia, pues prevalece la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidio.

La CIDHM ha expresado en diversos foros la necesidad de que el próximo Gobierno Federal, Estatal y Municipal atienda de manera integral la defensa de los derechos de las mujeres y ponga un alto a los feminicidios que de manera creciente se han presentado en nuestro país, ante los altos niveles de impunidad y falta de medidas para atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida. Pues es un hecho que, si no hay continuidad en las políticas y acciones de las instituciones, más lejos quedan los objetivos trazados.

Además, la rotación y cambios de personal de las áreas de atención estratégicas solo muestran improvisación y el poco compromiso que se debería asumir desde el ámbito federal, el académico, hasta el municipal para combatir este flagelo que priva de vidas a tantas mujeres y niñas.

Del 200 al 2005 se documentaron 122 feminicidios

La Comisión hace énfasis en que las autoridades han maquillado sus cifras antes que reconocer que no está cumpliendo con su labor mandatada constitucionalmente, y por las leyes locales e internacionales.

Señala que su investigación a lo largo de estos años ha sido basada en los hechos con la información proporcionada por diversas fuentes, tanto de medios de comunicación, como de estadísticas oficiales de instituciones obtenidas por oficio o por solicitudes de acceso a la información.

Lo que permitió observar las variaciones que a lo largo del tiempo han presentado entre los municipios y regiones de la entidad, de acuerdo a las acciones que se llevan a cabo para enfrentar el feminicidio o bien por las omisiones y carencias que se han tenido a lo largo de las mismas.

Se pudo registrar los aspectos inherentes a la violencia feminicida, las características de las mujeres asesinadas y de sus agresores, así como los antecedentes, el contexto y algunas características particulares de los crímenes, lo que permitió construir la Base de Datos de la CIDHM.

Del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. A partir del año 2000 en que los diarios locales reportaron 21 casos: en el 2001 sumaron otros 28; en el 2002 reportan 18 casos; en el 2003 fueron 10 casos; en el 2004 sumaron 15, y en el 2005 se registraron 30, la cifra más alta de estos primeros años.

Las edades de las víctimas fluctúan entre los 21 y los 30 años en un 26.22 por ciento de los casos; de los 11 a los 20 años un 13.93 por ciento y en un tercer lugar, mujeres de entre 31 y 40 años un 12.29 por ciento. Otro dato importante, los hechos se registran en 21 de los 33 municipios de la entidad.

Estos datos fueron obtenidos de la investigación «Violencia Feminicida en el Estado de Morelos y en la República Mexicana» realizada en conjunto con la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, investigación que permitió legislar en la materia y crear la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libres de Violencia” y tipificar el “feminicidio” como un delito grave.

Los datos del 2013 al 2015 fueron presentados en el libro Alerta de Violencia de Género en Morelos, Informe Sombra. Mientras que los datos obtenidos del análisis de la Violencia Feminicida en el Estado de Morelos durante el año 2016, fue recabada durante el primer año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. Fueron 97 feminicidios, ocurridos en 23 de los 33 Municipios de la entidad.

Datos obtenidos del análisis de la Violencia Feminicida en el Estado de Morelos durante el año 2017, el segundo año de la AVG se registraron en total 74 feminicidios, en 21 de los 33 Municipios de la entidad.

En el año de 2018, el tercer año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos se registraron un total de 88 feminicidios, en 22 de los 33 municipios de la entidad.

La CIDHM señala que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social.

Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida, el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad.

Por lo que hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

AM-MX/mla

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