Por Sara Lovera López (saraloveralopez@gmail.com)
CIUDAD DE MÉXICO.- La iniciativa presidencial de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio
no tendrá futuro sin presupuesto suficiente, coincidieron activistas, académicas, funcionarias federales y estatales, fiscales y legisladoras presentes en la primera mesa de diálogo y examen a que llamaron las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos I. del Senado de la
República.
“Ninguna ley, ninguna política pública sin presupuesto suficiente puede materializarse. Se convierte simplemente en un conjunto de promesas que sabemos que serán incumplidas. Se necesitan recursos
y recursos para que el Estado mexicano, efectivamente, pueda prevenir los feminicidios y garantizar plenamente sus derechos a las víctimas”, resumió Karla Michel, asesora de la comisión de igualdad que preside Marta Lucía Michel Camarena.
El examen de la iniciativa, realizado durante una maratónica reunión de casi 10 horas, también planteó la urgencia de emprender cambios en el sistema judicial para abatir la impunidad, así como la necesidad de emprender una campaña de cambio cultural. Se dijo que esta ley requiere una acción de Estado que modifique la cultura de poder. Reconocimiento explícito de las mujeres como sujeto, planteó la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, creadora del concepto de violencia feminicida.
Advirtieron que, si no hay cambios verdaderos en el sistema judicial, si no se reconoce su debilidad, si no se cambia el sujeto que son las mujeres y si no se analiza la experiencia, no habrá cambios sustantivos o no podrá ser dictaminada.
Señalaron que sentencias más altas, como establece la iniciativa, no garantizan justicia para las víctimas; y señalaron que es necesario fortalecer la prevención y sistematizar la atracción de casos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), cuando los funcionarios locales actúen con negligencia.
Tampoco prosperará un marco legal restringido si no se revierte la política pública y el sistema judicial vigentes, afirman más del 50 por ciento de 796 observaciones y propuestas escuchadas en vivo o por escrito –versiones en manos de El Sol de México-, para que las comisiones dictaminadoras puedan trabajar y dictaminarla con modificaciones conceptuales y puntuales en las próximas semanas.
El senado reconoció que no será ni en septiembre ni en octubre.
En las intervenciones, de tres minutos, menudearon las críticas a la iniciativa, que sería una ley que nace sin presupuesto, sin control judicial para evitar la reclasificación del delito y que excluye a las familias de las decisiones operativas; una propuesta que no asegura justicia para las mujeres y niñas de México, sostuvo la dirigente del colectivo Todas, Patricia Olamendi Torres. La abogada advirtió que, además, el texto borra a las mujeres, como sucede en otras legislaciones, contraviniendo acuerdos internacionales.
Magdalena García Hernández de Pensadoras, MIRA y Feministas Dialogantes, afirmó que no se puede proclamar prioridad al feminicidio y, simultáneamente, aceptar que los recursos destinados a igualdad sustantiva desaparecen. Y se preguntó: ¿qué ocurre cuando, mientras se propone crear una nueva Ley
General sobre Feminicidio, la política pública y el presupuesto han debilitado y desarticulado la arquitectura integral ya existente? ¿Y cuándo se tolera el debilitamiento presupuestario de las políticas destinadas a prevenir las violencias contra las mujeres?
David Peña, también asesor de la presidenta de la Comisión de Igualdad, habló de la Procuración de Justicia, específicamente sobre la investigación. Dijo que la falta de personal, deficiencias institucionales, malos o pobres servicios periciales que no tienen infraestructura, no tienen materiales, hacen que los y las operadoras trabajen en condiciones adversas y se propicie la impunidad.
AM.MX/fm
