CIUDAD DE MÉXICO / SEMlac.- En México, 16.172 mujeres se encuentran privadas de la libertad, muchas de ellas sin sentencia y en contextos marcados por la pobreza, los cuidados y las violencias, indicó en enero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
También revela que se ha incrementado en más del cinco por ciento el número de mujeres en prisión, entre 2020 y 2024, con un repunte del 56 por ciento en 2023, un incremento mayor que el de los hombres.
La organización feminista EQUIS Justicia para mujeres presentó dos documentos: el informe “De la ausencia a la criminalización” y la agenda “Duro contra el Mundo”, donde muestra un sistema que invisibiliza, abandona y termina criminalizando a las mujeres, al documentar cómo opera la cadena de violaciones a derechos.
Por otro lado, da voz a las mujeres que dentro y fuera de prisión se organizan, nombran y enfrentan ese mismo sistema.
La agenda recoge las demandas de mujeres privadas y exprivadas de la libertad que trazan una ruta clara de resistencia colectiva.
En Plural TV fue la presentación de los documentos por EQUIS Justicia para las Mujeres, en colaboración con la Dirección General de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los hallazgos del Informe muestran que la criminalización de las mujeres no es un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples violencias y desigualdades, como la pobreza. Antes de ser detenidas, tres de cada 10 mujeres ganaban menos de 3.000 pesos mensuales; cuatro de cada 10 mujeres realizaban trabajo doméstico no remunerado y en mujeres indígenas casi seis de cada 10, por lo que dejan de participar en el mercado laboral.
Al menos 17 por ciento reporta haber vivido violencia antes de su detención, sin que estos contextos sean considerados por el sistema de justicia en los procesos.
El sistema penal deja, como respuesta, a nueve de cada 10 mujeres en prisión sin sentencia. De las que son sentenciadas, una de cada tres fue por procedimiento abreviado y la mitad fue presionada para aceptarlo, lo que limita el acceso a una defensa adecuada y evita que un juez revise su caso con perspectiva de género.
Gabriela Cruz, una mujer zapoteca que participó en la redacción de los documentos, relató que fue privada de la libertad por delito contra la salud, buscando un ingreso que le permitiría acceder a servicios de salud para su hijo con discapacidad. Realizó la entrega de la agenda, diseñada desde las experiencias y vivencias de mujeres que, como ella, estuvieron en prisión.
La Agenda “Duro contra el muro” plantea, como rutas concretas de acción:
. Prevenir el encarcelamiento de mujeres mediante la detención de mecanismos de justicia automática, como la prisión preventiva de oficio o el procedimiento abreviado.
. Garantizar condiciones dignas en prisión, incluido el respeto a la autonomía corporal y el fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios.
. Facilitar el acceso a mecanismos efectivos de excarcelación y reinserción social.
EQUIS Justicia detalla que ambos documentos fueron construidos a lo largo de tres años, con la participación de mujeres que enfrentaron procesos de criminalización, quienes contribuyeron en el diseño metodológico, el trabajo de campo -incluyendo entrevistas en centros penitenciarios de Ciudad de México, Oaxaca y Campeche-, el análisis de sentencias y la formulación de propuestas.
Como parte de la investigación, se analizaron 60 sentencias penales, se realizaron 36 solicitudes de acceso a la información y se revisaron instrumentos de política pública y se incorporaron datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021.
Durante la presentación participaron, Cristina Solano, Directora General de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado Benjamín Rubio, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública; Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres; Nestora Salgado, tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Simey Olvera, senadora y secretaria de la Mesa Directiva del Senado; y Maïssa Hubert, subdirectora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres.
AM.MX/fm
