Por Sara Lovera
(saraloveralopez@gmail.com)
CIUDAD DE MÉXICO / SEMlac.- Las 26 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 24 entidades y 643 municipios del país, que fueron declaradas en la última década, dejaron de operar desde el primero de enero de 2025.
La Red Nacional de Alertistas considera que “hay un vacío legal e institucional” y agregan que desapareció el fondo de más de 400 millones de pesos anuales que las sostenía; se paralizaron las pocas acciones gubernamentales y los grupos que le daban seguimiento no logran diálogo con el gobierno.
Así lo aseguraron tres coordinadoras de esta Red: María Luisa Sosa de la Torre, de Zacatecas; Leticia Burgos Ochoa, de Sonora y Evangelina Flores Ceceña, de Colima, participantes en un informe sombra, donde la evaluación concluye que no se cumplió el objetivo de las AVGM, no hubo coordinación, “no les importa”, hubo lentitud y se usó la Alerta “políticamente”, destacó la alertista de Zacatecas.
Sin embargo, el Estado mexicano evade su responsabilidad, que por ley debe atender la Secretaría de Gobernación, dijo Burgos Ochoa.
Aunque todo fue desde antes “simulación”, y se tiraron a la basura “millones de pesos, ahora es peor porque no hay nada”, afirmó Verónica Cruz Sánchez, del grupo Las Libres de Guanajuato, que no está en la Red.
En todo el país sólo 84 municipios presentaron acciones programadas, pero nunca tuvieron dinero.
La AVGM es un mecanismo de emergencia para atender, con la coordinación de tres niveles de gobierno, la violencia contra las mujeres en lugares específicos donde haya motivo de alarma. Es parte de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, creada en 2007.
Entre 2007 y 2015 declarar la AVGM fue motivo de litigio por la negativa de los gobernadores, “luchamos por ella” y se fueron identificando sitios claramente violentos contra las mujeres, recordó Cruz Sánchez. En 2015 se declaró la primera, pero dijo la activista todos estos años “no se logró disminuir la violencia” y hubo mucha manipulación política. Lo grave es que no se previene y no se resolvió la violencia básica, la familiar que se disparó en los últimos años, tampoco se atiende la violencia estructural, ni la criminal.
Tras la resistencia de los gobiernos estatales, coinciden las entrevistadas, los gobernadores o gobernadoras admitieron la declaración de la AVGM, e incluso hubo alguno que se la autodeclaró, “pero hicieron casi nada” y hoy se puede probar, que se expande la violencia, se maquillan las cifras, se dice que hay menos feminicidios, pero crecen exponencialmente las desapariciones, los homicidios dolosos y los asesinatos cometidos por el crimen.
Sin embargo, Marcela Lagarde y de los Ríos, autora de la AVGM, sostiene que el Estado está rebasado por todas las violencias, incluido el feminicidio, considerado el extremo de la violencia de género. Pese a ello, reconoce que hay marco jurídico y andamiaje institucional, por lo que no debe desaparecer esta herramienta.
José Martínez de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, afirmó que las acciones que deben hacer los estados alertados no se cumplen; relató cómo se batalla en Morelos, donde ahora hay diálogo con la gobernadora, pero no se ha cumplido.
Según el último reporte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) se emitieron 578 medidas relacionadas con las áreas de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño, que deben seguir las autoridades locales, derivado de la declaratoria AVGM. Los grupos que las promovieron sí dan seguimiento.
En la práctica, coincidieron expertas y activistas consultadas, mientras la violencia contra las mujeres se expande por todo el territorio nacional, hay total opacidad en el proceso de transición de las funciones de la Conavim, encargada de las alertas.
La Conavim, extinguida legalmente y su decreto de creación abrogado, pasó la responsabilidad a la Secretaría de las Mujeres por un decreto, donde, según Burgos Ochoa, no hay ni la capacidad material ni intelectual para asumir sus funciones. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36, fracción I, de la Ley de Acceso, la responsable es la Secretaría de Gobernación que, además, preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres. Eso, legalmente, no ha cambiado.
Tiempo apremia
En junio próximo, el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo deberá presentar al comité de expertas de la CEDAW, entre 209 observaciones a la política de derechos humanos, género e igualdad, cuatro específicas sobre las AVGM, a las que no respondió el informe entregado en septiembre de 2024, según explicó Gloria Ramírez Hernández coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).
Las entrevistadas afirmaron que estamos en presencia de la desatención de la política pública para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que, además de los recortes de los últimos siete años al presupuesto de género, en el caso de la violencia, que incluye a la AVGM, se fusionaron todos los fondos, o se desviaron, desde lo federal y a los gobernadores y gobernadoras no “les ha importado”.
Informe ciudadano
En el informe sombra elaborado por la Red Nacional de Alertistas, la Cátedra Unesco, la Federación Mexicana de Universitarias y otras organizaciones se hace una evaluación en 17 entidades del país, donde encontraron que, además de las declaratorias emitidas, están pendientes 15 solicitudes. Y sólo en Zacatecas se alertaron a todos los municipios, o sea toda la entidad está en emergencia. Pero “no se han cumplido las acciones mandatadas. Y las cumplidas, son siempre de eventos o discursos. No hay forma de evaluar si hay avances concretos.
Cruz Villegas afirmó que ese incumplimiento es el fondo del problema, pero no por ello tiene que borrarse el mecanismo, aunque esta ha sido la política de la 4T, la de borrar instituciones o programas, pero no ofrecer nada a cambio. Es el caso del mecanismo de la AVGM.
Las alertistas sostuvieron que las ONG han funcionado como un factor de presión en la activación de la AVGM, y que han elaborado distintas metodologías para evaluar el cumplimiento, un trabajo que tendrían que hacer los gobiernos, tanto municipales como los estatales. No obstante, observaron que el año pasado el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt) -transformado ahora – hizo una evaluación, pero nunca la dieron a conocer, por eso, afirman, hay opacidad.
Por otra parte, la falta de información sobre los estados donde se declaró improcedente la alerta no permite tener un panorama completo de la situación de la violencia.
En el informe sombra, a diferencia del oficial -de los dos tiene copia SEM México- se puede constatar que en la AVGM no se garantiza ni la armonización ni la coordinación en los tres planos de gobierno, federal, estatal y municipal. Por falta de interés no operan las alertas de violencia de género desde enero, no tienen presupuesto ni acciones.
Así, proponen modificar los lineamientos para que los gobiernos municipales tengan acceso directo a los fondos y sean ellos quienes presenten proyectos y puedan atender la declaratoria de alerta de violencia de género a nivel local.
En noviembre de 2024 la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que las AVGM se iban a revisar, pero hasta ahora no hay ninguna información, no se sabe cómo asumirá la Secretaría de las Mujeres este encargo.
El informe preparado por el gobierno federal para atender las observaciones de la CEDAW, de 41 páginas, no alude más que una vez a la AVGM, en el párrafo 125, donde dice que, derivado de las reformas y adiciones a la LGAMVLV, se han fortalecido las AVGM, robusteciendo los mecanismos de coordinación gubernamental e incorporando a sociedad civil y expertas en grupos interinstitucionales y multidisciplinarios de trabajo.
Los Grupo Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM), que se forman para dar seguimiento a las recomendaciones cuando se declara una AVGM y existen desde hace 10 años, están ahora paralizados. A través de entrevistas, ofrecieron datos y pormenores para el informe sombra, donde destacan la situación de las alertas, verificadas en 17 entidades.
En Sonora hace tres años se pide una segunda alerta, pero el gobierno morenista lo ha desestimado; en Zacatecas en los últimos cinco años, “nada se ha hecho” y la Secretaría de las Mujeres está inerte; en Colima no se cumplieron las medidas y hay momentos en que sube al primer lugar en violencia contra las mujeres; en Guerrero hay promesas y reuniones, pero se dispararon las desapariciones y en 2025, sólo en Tlapa, han ocurrido siete feminicidios; en Quintana Roo no hay diálogo con las autoridades y la impunidad es del 90 por ciento.
La Conavim, que se creó en 2009, fue absorbida por la nueva Secretaría de las Mujeres, creada al mismo tiempo. Este cambio ha dejado a las trabajadoras de la Conavim en una situación incierta, ya que no se les ha ofrecido una nueva posición en la Secretaría, ni se les ha dado una respuesta clara sobre su futuro laboral.
El cierre de la Conavim ha provocado que, hasta ahora, el cierre anual de cuentas y la repartición de subsidios a las necesidades de los grupos, al programa de refugios para mujeres víctimas de violencia y el presupuesto asignado estén congelados, lo que ha generado incertidumbre en las instituciones, organizaciones y mujeres que dependen de estos recursos. En los refugios en 2024 la demanda creció 75 por ciento, principalmente por violencia familiar.
En resumen, la Conavim ya no existe como entidad independiente y las trabajadoras y los programas que dependían de ella han quedado en una situación de incertidumbre.
ASM.MX/fm
AM.MX/fm
