ALEJANDRA MUNGUÍA CAMBRÁN
⦁ ¿BURLARSE DE LOS MEXICANOS? NEEEEEEE. Durante un foro en la Escuela de Derecho de Harvard, el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, fue motivo de burla al explicar los requisitos para aspirar a la corte mexicana y pues cómo no, 8 de promedio y cinco cartas de recomendación, en las tiendas OXXO piden más requisitos. Muy ofendida, la presidente con a, expresó que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas; si viera que, por lo menos yo no me sentí aludida, es más esas risas de mofa tenían destinatarios, la reforma de López Obrador, a los legisladores de Morena y el gobierno de copy-paste. Si algo he aprendido en mi corta vida es no abanderar causas perdidas y mucho menos a tomarme las cosas personalmente. Pero no conforme de encender los ánimos entre sus huestes y hacerse la heroína que defenderá la honra de los mancillados mexicanos y mexicanas, solicitó que Harvard investigue la corrupción del poder judicial mexicanos, ¿cómo porque? Y ¿para qué?
⦁ ESTUVO MUCHO PEOR SU REACCIÓN. La presidente con a, efectivamente salió mucho peor y su reacción a la orden de eliminar la publicación sobre la Reforma al Poder Judicial promovida por la jueza Nancy Juárez Salas reveló la verdadera personalidad de copy-paste. Fue más allá. El pasado martes, y no digan que fue iniciativa del senador Adán Augusto López, surgió una propuesta para que la Suprema Corte no pueda frenar una ley aunque sea inconstitucional. ¿O sea cómo? ¿Se trata de demostrar de qué lado masca la iguana y ser la más autoritaria del mundo mundial? La única realidad es que la presidente con a decidió no acatar la orden, lo que aquí y en China (bueno no lo sé con seguridad, pero así se dice), es un desacato. Ni López se atrevió a tanto.
Es más, me viene a la cabeza el mismo Arturo Zaldívar, que ahora anda de huele pedos, decir, en su momento, que las mayorías legislativas tenían límites y la Corte facultad de frenar reformas constitucionales. La reforma, que incluía cambios a los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución, proponía eliminar la posibilidad de que los tribunales pudieran impugnar reformas a la Carta Magna. Esto implicaría que cualquier modificación constitucional hecha por el gobierno de turno no podría ser desafiada ni cuestionada legalmente, algo que recuerda más a las prácticas de gobiernos autoritarios que a las de una democracia. Este escenario, es alarmante, pues hace evidente que el proyecto de la 4T, no solo busca modificar las instituciones desde dentro, sino también debilitar los mecanismos que protegen a la ciudadanía de las violaciones a los derechos humanos. En palabras llanas, la propuesta inicial de Morena tiende a restringir cada vez más los márgenes de libertad y justicia en el país. ¿Salió mucho peor o no?
