sábado, junio 22, 2024

Masacre en San Fernando: 7 años de opacidad y cuerpos sin identificar

Rancho donde fueron encontrados los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas // Foto: Agencias

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de agosto (AlMomentoMX).-   A siete años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, familiares de las víctimas y líderes de organizaciones civiles acusaron que aún no se ha identificado a todos los cuerpos, no se ha dado acceso a los expedientes y que las autoridades ni siquiera han cumplido con la reparación del daño.

“Seguimos sin que se haya cumplido con la reparación del daño y las familias siguen con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son de sus familiares”, aseguró Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, una de las organizaciones que han acompañado a las víctimas, al portal Animal Político.

De acuerdo con Delgadillo, hay 10 cuerpos que permanecen sin identificar en el Servicio Médico Forense. Según la CNDH, son 11 los restos desconocidos.

Los migrantes viajaban hacinados en dos camiones que fueron secuestrados por ocho tipos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y conducidos hasta un alejado rancho con una nave. Les obligaron a bajar, les ataron las manos y al día siguiente, les dieron dos opciones: trabajar para Los Zetas o la muerte. Según el informe judicial, sólo uno aceptó el empleo.

Los que no aceptaron, les vendaron los ojos y los fueron ejecutando, uno a uno, con disparos en la espalda y la cabeza después de multitud de golpes. Los cadáveres pasaron 24 horas a la intemperie hasta que Luis Freddy Lala, uno de los dos supervivientes gracias a que simuló su muerte, dio el aviso al Ejército.

La mañana del 24 agosto de 2010 fueron localizados en un rancho abandonado en el municipio de San Fernando 72 migrantes tirados en el sueño y asesinados a quemarropa. Eran 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría centroamericanos. Estaban ensangrentados y golpeados con un nivel de saña similar a la ejercida por el Estado Islámico.

Siete años después de los hechos, la lucha jurídica por conocer la verdad ha implicado siete amparos y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar de ello ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han hecho públicos los expedientes de sus investigaciones, ni tampoco se ha investigado a profundidad la responsabilidad del estado en la masacre. Mucho menos hay un sólo condenado.

A decir de Ana Cristina Ruelas, directora de Articulo 19, ni siquiera las víctimas han podido conocer el expediente íntegro del caso. “Han tenido que verlo (el expediente) todo testado, han tenido que enfrentarse a la opacidad, a la falta de capacidad del estado para hacer una investigación diligente”.

Desde hace tiempo, activistas y organizaciones no gubernamentales habían advertido que México es una gigantesca fosa común para los migrantes centroamericanos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos.

Según las investigaciones, la masacre fue atribuida por Los Zetas. El entonces joven cartel, separado del Cartel del Golfo, controlaba desde Tamaulipas a Guatemala y su presentación en sociedad era sembrar el terror a base de matanzas.

Con el paso de los meses se supo que la de San Fernando no fue una masacre aislada, sino el episodio más conocido de una larga lista de desapariciones que hoy continúan. En los ocho meses posteriores se descubrieron 196 cadáveres más enterrados en 47 fosas clandestinas solo en ese municipio de Tamaulipas.

El caso de Glenda

Entre los cadáveres hallados en San Fernando estaban los de los guatemaltecos Efraín y sus hijos Richard y Nancy García, de 25 y 22 años. Los tres salieron de Sipacate, una población de Escuintla, en Guatemala, con rumbo a Estados Unidos.

El 19 de agosto, Richard  se comunicó con su familia. Les dijo que ya no tenían dinero ni zapatos, pero que seguían en su ruta. Esa fue la última vez que hablaron con él, días después fue secuestrado y asesinado junto con otras 71 personas, incluida su hermana y su papá.

El 2 de noviembre llegaron a Sipacate dos ataúdes. Dijeron que eran los restos de Efraín y Richard, pero Glenda y sus familiares no pudieron abrir los féretros. Los restos de Nancy regresaron a su país hasta marzo de 2011. La familia no tiene la certeza de que, quienes están enterrados en su pueblo de Escuintla sean su padre y sus hermanos.

Glena se queja de un Estado que no los protegió en el camino pero también de la desidiosa investigación posterior. “Es un desprecio permanente a las víctimas. Nos ven como enemigos y ni siquiera sabemos a quién estamos velando”, explica en entrevista para el diario EL PAÍS.

AM.MX/dsc

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