CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo Poder Judicial de la Federación mantiene en la opacidad el manejo de 62 mil millones de pesos destinados al pago de sueldos de sus empleados. En el Presupuesto 2026 se señala que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no publicó los anexos de salarios y prestaciones debido a que aún no han sido aprobados.
“No se incluye el analítico de plazas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en razón de que, al cierre de la integración del Tomo IX, la información del Poder Judicial se encuentra sujeta a la aprobación de los órganos de gobierno”.
Es decir, a finales de enero aún no se conoce cómo quedaron los sueldos de los ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal de Disciplina y del Tribunal Electoral, así como de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, ni si hubo un ajuste a la baja en sus remuneraciones.
En el decreto aprobado por la Cámara de Diputados se incluyeron los salarios conforme al proyecto de Presupuesto 2026 del Poder Judicial, el cual contempla remuneraciones para ministros, magistrados y jueces superiores a las que percibirá la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, con tomos y anexos -la información más reciente-, los rubros de salarios del Poder Judicial aún no aparecen actualizados. Se trata de una bolsa de 62 mil millones de pesos aprobada en el rubro de Servicios Personales.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia retiró de su portal web la sección donde se podía consultar el puesto, salario y prestaciones de sus servidores públicos.
Tras la reforma judicial, el Órgano de Administración Judicial asumió el control administrativo de la SCJN, el Tribunal Electoral y la extinta Judicatura. De acuerdo con el OAJ, sus prioridades son garantizar la “continuidad operativa y funcional de los órganos del Poder Judicial, incluyendo aquellos que, conforme a la reforma constitucional en materia judicial, iniciarán funciones a partir del 1 de septiembre de 2025”.
El organismo señaló que el presupuesto está diseñado para asegurar que el nuevo modelo de justicia federal se implemente con los mismos estándares de calidad, eficiencia y legalidad, bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria.
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