Querido lector , antes, la expresión: “No tener dónde caerse muerto” era sinónimo de haber llegado a un nivel absoluto de pobreza, por incapacidades propias, por haber sido perjudicado por terceros, por cuestiones del destino y la fatalidad. No tener dónde vivir, ser una persona en situación de calle, es el último de los estados de la miseria.
La idea de tener una casa o un departamento propio, era el sueño en los años 60 y 70 de generaciones de mexicanas y mexicanos emprendedores y luchones. Pero en la realidad los sistemas de financiamiento inmobiliario estatal y privado en la Ciudad de México abarcaron a segmentos muy limitados. La vivienda es carísima en la CDMX.
Actualmente, muchas personas optan por rentar vivienda en lugar de comprar una vivienda, por lo caro y porque los parámetros de bienestar han cambiado, los jóvenes prefieren invertir en viajes, educación y “chuchulucos” en sí mismos pues.
Ahora bien, el tipo de vivienda en que se habita (rentada o propia), está directamente relacionada con el bienestar de las personas, dependiendo de la calidad y espacios de la vivienda, sus carencias básicas, el hacinamiento, la disponibilidad de servicios.
La encuesta nacional de vivienda (ENVI), 2020, realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) menciona en uno de sus resultados que:
“La entidad federativa que tiene el menor porcentaje con viviendas nuevas es la Ciudad de México con 3.4%”
Y es una broma cruel que de lo que se construye para vivienda, un alto porcentaje sea resultado de la más ignominiosa corrupción, misma que ha quedado al descubierto a partir del sismo del 19 de septiembre de 2017.
El ejemplo del Cartel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez es un botón de brillante lentejuela:
Resulta que de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, un modus operandi desde la administración pública de Benito Juárez consistía en otorgar permisos de construcción irregulares, que en algunas ocasiones violaban el uso de suelo (como la construcción de más pisos a los autorizados), a cambio de que las empresas constructoras le entregaran departamentos a cambio.
Otra “acción de gobierno” consistió en promover desalojos infundados con el objetivo de obtener predios para construcción.
Pero el Cartel no se queda únicamente en la Benito Juárez, abarca también a funcionarios del Gobierno capitalino durante el sexenio (2012-2018), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que eran quienes daban el último aval a los permisos. Todo lo denunciado ahora por la Fiscalía fue reportado en aquellos años por la Procuraduría Ambiental y de Organización Territorial (PAOT), que acusó irregularidades en toda la ciudad, pero principalmente en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán.
En aquellos años se señaló también las complicidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).
“Podemos meter la pata pero no meter la mano” proclamaba un funcionario de extracción izquierdista de los años noventa. Hoy en pleno siglo XXI, no importa el partido político ni la orientación espiritista de los funcionarios de gobierno, la corrupción es un mal endémico de la alta burocracia que regentea a nuestra querida metrópoli.
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Los Trazos de Cobi: El Cartel inmobiliario
