José Antonio Aspiros Villagómez
Piden a candidatos presidenciales interesarse en problemas de la libertad de expresión
A mis colegas de la Academia Nacional
de Historia y Geografía,
en el 93 aniversario de esta
Es muy difícil saber cuántos periodistas han sido asesinados en México, el país sin conflictos bélicos más peligroso del mundo para ejercer esta profesión. De lo que no hay duda, es que la mayoría de los crímenes -que siguen prácticamente impunes- han sido porque a alguien no le gustó lo que publicaron o dejaron de publicar las víctimas.
Es difícil, porque son diversas las organizaciones gremiales, gubernamentales y sociales -además de su naturaleza nacional, internacional o extranjera- que llevan su propia cuenta, cada una con criterios distintos pues están desde las que incluyen a quienes el calderonismo llamó “daños colaterales”, hasta las que niegan -como es el caso de algunas instancias oficiales- que los victimados hayan sido realmente periodistas.
Esto último, porque entre los comunicadores asesinados figuran lo mismo los que además de reporteros eran taxistas o se dedicaban a otros oficios dada su situación económica, que empresarios y comentaristas a la vez en medios de su propiedad. Además, varios eran activistas a favor de causas incómodas para algunas autoridades.
En su reciente ingreso a la Academia Nacional de Historia y Geografía, el colega Fernando Antonio Mora Guillén presentó una ponencia relativa al tema y según sus cuentas han sido asesinados en México 130 periodistas desde el año 2000, 20 de ellos en Veracruz, “la región más letal del país”. También presentó una lista con fecha, nombre y entidad, de 310 periodistas muertos con violencia entre 1939 y 2017, cifra que aumentaría con los siete que han sido sacrificados en 2018.
Según datos del ponente, “la mayoría de los crímenes ocurren en pleno día, en total impunidad en espacios públicos y hasta en un aula escolar (…) Más de 90 por ciento de los casos han quedado impunes”.
Algunos de estos homicidios, señaló también, “son atribuidos a la actividad de la delincuencia organizada y el clima de violencia que golpea a México desde hace más de una década; otros a instancias del Estado, los mismos policías municipales, estatales o ministeriales”, así como de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los tres órdenes de gobierno.
Hizo notar, además, que “esta violencia, sumada al complejo estado laboral, con salarios bajos y sin prestaciones, se resiente en las aulas universitarias, (donde) contados son los jóvenes que sueñan con llegar a ejercer el periodismo”.
Frente a esta realidad, las organizaciones que agrupan al gremio han llevado a cabo gestiones, marchas, protestas y demandas, y cada una tiene su relación de colegas muertos y hasta una “agenda pendiente” presentada a los legisladores.
En fecha reciente, el fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, de la Procuraduría General de la República, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dio a conocer un intento más de las autoridades por atender el problema, durante una reunión con integrantes de las federaciones mexicana y latinoamericana de periodistas (Fapermex y Felap).
En una comida de trabajo del Club Primera Plana, Sánchez Pérez de Pozo hizo entrega del Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, “que será de estricto cumplimiento de los agentes del Ministerio Público federal y del fuero común”, según el presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Teodoro Rentería Arróyave, quien dio a conocer completo el documento en su columna ‘Comentario a tiempo’.
Por su parte Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, presentó entre las conclusiones de su ponencia la demanda de que en las plataformas electorales de todos los partidos políticos se incorpore “la problemática que en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico vive nuestro país”, para que “el tema sea una prioridad en el plan de gobierno de la próxima administración, independientemente de quién resulte electo Presidente de la República”.
Otras de sus propuestas son modificar el Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas para lograr que sea un organismo preventivo y no únicamente reactivo; fortalecer los canales de comunicación entre las autoridades y el gremio para que los periodistas recuperen la confianza en ellas y en las instituciones, y reformar los artículos 11 y 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Como algunas estructuras oficiales y disposiciones legales no responden adecuadamente al problema, Mora Guillén se pronunció asimismo por incorporar en la ley un tipo penal que los castigue, crear una Fiscalía general (la que hay es “especial”) para atenderlos y “exhortar a la PGR para que atraiga los casos de homicidios y agresiones a periodistas”, ya que ahora no lo hace en su totalidad.
Esta tesina se puede leer completa en https://www.anhg.org/
