Lilia Arellano
“Cuando se trata de dinero todos son de la misma religión”: Voltaire.
⦁ SAT ajeno a acciones de SEIDO: Meade
⦁ Ningún Tratado por encima de los derechos: JRGV
⦁ Operación irregular e inédita en cajas de seguridad
⦁ Revisiones fiscales a fondo en los “Paradise Papers”
⦁ Escandalosa lista de líderes de todos los sectores
Noviembre 7, 2017.- El silencio oficial solamente ha logrado exacerbar los ánimos de quienes se sienten ofendidos, lastimados, ultrajados, robados por la autoridad al ser incautadas, abiertas, revisados los contenidos de sus cajas de seguridad sin antes contar con su permiso, con el conocimiento de una orden de cateo en la cual se les diga si es que son parte de algún expediente relacionado con los delitos que la SEIDO persigue. De ahí se justifique el titular a estas acciones como “El robo del Siglo”. Justificaciones ya salen sobrando al no contar ni siquiera con la seriedad de la exposición y lo mismo han pasado de ser “guardados” de una persona supuestamente lideresa de un cartel de narcotráfico, que parte del saqueo realizado por ex funcionarios, y ahora resulta ser en versiones extraoficiales provenientes supuestamente de un federal, se trata de una acción conjunta con EU para detectar lavado de dinero. Lo cierto es lo insólito de los hechos, de las declaraciones del funcionario responsable, el silencio de su jefe encargado del despacho de la PGR y el cúmulo de desaciertos y violaciones acumulados.
Pese a todo ello permanecen en el lugar elementos de esa subprocuraduría quienes, por fin, se dieron el lujo de portar gafete. Quienes salieron con las maletas iban sin él, tal y como se vieron en días anteriores, y por lo cual no hay quien pueda decir de quién o quiénes recibieron tal o cual información y para presentar denuncias de extracción de bienes tampoco pueden describir los rostros. Mientras son peras o son manzanas, Jorge Ricardo García Villalobos, presidente del Colegio Nacional de la Abogacía y miembro del Grupo Deloitte-México, quien cuenta entre sus especialidades el estudio de la ley antilavado de dinero tanto mexicana como las referencias existentes en el extranjero y los tratados de ellas derivados, nos hizo una amplia explicación de la situación jurídica actual y real.
En un paréntesis comentaremos sobre una charla sostenida ayer con uno de los legisladores con peso específico en su fracción parlamentaria relacionada con las cajas. Nos reveló sobre su reciente entrevista con el titular de Hacienda, José Antonio Meade, quien le aseguró no tener en el SAT ningún pendiente relacionado con investigaciones de la PGR y mucho menos con el caso de las cajas en Cancún. Y puede ser así al no existir carpetas de investigación sobre cada uno de los usuarios de estas bóvedas. El tenor de la entrevista con el abogado es el siguiente:
-Lilia Arellano .- Se ha dado suficiente información, casi toda en sentidos encontrados, sobre el caso de las cajas de seguridad en Cancún, ¿cuál es su opinión al respecto?
-Jorge Ricardo.- Parece que es un caso que se está tratando de ajustar a la nueva ley de prevención para lavado de dinero, pero resulta que la ley como lo hemos venido comentando cada vez que me hacen ustedes favor de tenerme de invitado, es una ley que tiene muchas lagunas. Se habla de que el tener cajas de seguridad, los propietarios de estas cajas que rentan están o no obligados por la ley porque se considera es una actividad vulnerable.
Yo quiero comentarles que las actividades vulnerables en la nueva ley de prevención de lavado de dinero son 17 y son muy específicas. La obligación que esta ley impone a los particulares que se dedican a estas 17 actividades vulnerables son de reporte a la autoridad y de documentación de la información de todos y cada uno de sus clientes. Luego entonces, el tema de caja de seguridad no es actividad vulnerable. Es una actividad riesgosa para los propietarios de éstos, es una actividad comercial como cualquier otra, pero no está contemplada como actividad vulnerable.
-L. A.- Hay versiones encontradas, son las que se han venido dando sobre si uno tiene que presentar toda la documentación que avale lo que tienes en las cajas. Se dijo primero también era sobre esta señora jefe de un cártel ahí en Cancún. Después que no, que estaba ligada al ex gobernador. Ahora nos salen con que la mafia rusa o la cubana. ¿Realmente considerarán nuestras autoridades que tenemos esta capacidad de imaginación como para creer que grupos de estas dimensiones, de este tamaño, tengan sus bienes, su dinero, en cajas de seguridad? ¿Esto no tiene que ver con todo el sistema financiero que es a donde van a dar todos sus grandes capitales?
-J.R.- Yo considero que hay otras formas de lavar dinero y de ocultar dinero, sobre todo de las mafias y de las organizaciones. Si bien es cierto puede darse la creación de empresas fantasma como una opción de lavado de dinero, a mi me parece que en este caso hay más gente de buena fe que pone sus bienes y sus valores en cajas de seguridad para tener la tranquilidad de que están bien resguardadas y de que ahí no corren ningún riesgo al tenerlas en sus casas, en sus propiedades.
Finalmente, se trata de un contrato de arrendamiento, jurídicamente hablando, de una propiedad, un pedazo de propiedad, de un inmueble, en donde tu puedes depositar hasta tus obras de arte o puedes depositar los documentos de un coche que tenga un valor estimativo para ti. Incluso hay gente que si deposita efectivo. Antes, muchas familias estaban acostumbradas a tener una cantidad de dinero en efectivo manejable, que no es escandalosa, para cualquier imprevisto que pueda surgir. Si bien están las cuentas de banco y todo esto, pues a algunos también nos gusta tener un poco de efectivo al alcance. Y tampoco lo puedes tener en tu casa porque también corres el riesgo de algún asalto.
Yo creo que la gente optó por poner sus bienes preciados en estas cajas de seguridad, y como bien preciado no quiere decir que tengan un precio económico de valor alto, mucha gente lo tiene por valor estimativo. Entonces, me parece que no es todo lo que se dice tenga que ver con delincuencia organizada o con mafias, lo menos que quiere una delincuencia organizada o una mafia es llamar la atención de la autoridad y ser un blanco fácil.
-L. A.- ¿Cuál es la posición entonces del señor que rentó todas esas cajas? ¿En qué situación jurídica puede encontrarse?
-J.R.- A mi me parece que tiene una actividad lícita desde el punto de vista de que esta constituido, hasta donde yo tengo conocimiento, como una empresa conforme a leyes nacionales. Se que la gente que tiene pues el arrendamiento con él de estas cajas, tienen contratos, están perfectamente identificados, muchos se dedican a actividades licitas, sino es que la gran mayoría. Entonces me parece que el señor tendrá que acreditar que hizo todo lo necesario o lo que está a su alcance conforme a la normatividad que hay, de que identificó al cliente y que el cliente en un momento dado le dijo que tiene una actividad licita. Y aquí hay un punto muy importante, Lilia, si me lo permites. Con todo el tema de lavado de dinero, previsión de lavado de dinero, la ley te dice “tienes que conocer a tu cliente”. Con todas las leyes anticorrupción, si tu rentas una propiedad o prestas un servicio de estas actividades vulnerables, te obligan a identificar al cliente.
Pero también es cierto, que identificar al cliente es hasta tu leal saber y entender conocer los documentos que te prestan, dónde vive, a qué se dedica y todo eso. Pero no hay información pública, legal, en la cual tu puedas investigar a una persona más allá de Facebook o las redes sociales.
Entonces, ¿hasta qué punto estás obligado a conocer los antecedentes de una persona? Pues hasta el punto que es legal. Ahora, legalmente si hay alguna actividad ilícita dentro de las instalaciones propiedad de esta empresa, bueno, pues la autoridad tendrá que seguir los procedimientos legales correspondientes. Incluso te aplican una ley de extinción de dominio, pero para esto tienen que continuar y tienen que acreditar efectivamente si estaban realizando actos ilegales, ilícitos, al interior de la propiedad privada.
-L.A.- Y tendrían que ir dirigidos exactamente hacia quienes están violando la ley o tienen actividades ilegales, no sobre todos. ¿Verdad?
-J.R.- Si, mira, me gustaría ponerte un ejemplo muy burdo, muy práctico si me lo permites. Es como si tu tuvieras unos edificios y en cada edificio tienes un departamento, y en cada departamento pues le rentas a A, B, C y D. Tu no puedes llegar como autoridad y decir todo el edificio está contaminado de actividad ilícita solamente porque el inquilino que te renta el departamento X puede estar ligado a alguna actividad ilícita. Y hablo desde un fraude, un lavado de dinero, abuso de confianza, que lo usen para otros fines de almacenamiento de cosas robas, etcétera.
Entonces, tu no puedes decir: “Ah, como el señor del departamento X es una persona que está relacionada a actos ilícitos, aseguro todos los departamentos y entro a todos los departamentos”. La autoridad tiene la obligación de fundar y motivar su dicho de acuerdo a los derechos humanos contemplados en la Constitución, con base al artículo 14 y 16 constitucional, y con base en ello tendrán que hacer sus actuaciones. Sí pueden hacer su investigación, sí pueden abrir carpeta de investigación, pero siempre respetando los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y siempre fundando y motivando sus actos.
Y en ese tenor, la autoridad tendrá todo el derecho de indagar. Pero si no está directamente dirigida la investigación al señor del departamento B pues entonces no puedes llegar sin una orden de cateo, sin una orden de autoridad jurisdiccional, a penetrar en la propiedad privada buscando y diciendo que ahí se están realizando actos, no lo pueden presumir, lo tienen que fundar conforme a derecho.
-L. A.- Entonces la apertura de todas las cajas sin contar con una orden de cateo ya es de suyo ilegal, más aún porque ésta tendría que ir dirigida a cada usuario, ¿es así?
-J.R.- Si tienes una orden de cateo, y no conozco los detalles, pero jurídicamente lo que te puedo decir es que la orden de cateo va al universo de la propiedad, en su conjunto. Si la propiedad, y creo que por ahí va el tema, tiene un solo domicilio, con un solo número exterior, y se contempla como una sola unidad de propiedad privada, pues a lo mejor si entra con una orden de cateo.
Ahora, si el propietario está acreditando que él esta rentando cierto espacio físico de esa propiedad, entonces la autoridad tiene la obligación de acudir ante la autoridad jurisdiccional, fundar y motivar el porqué quiere abrir las puertas que tiene una persona arrendada, o las bodegas, o las cajas o los departamentos, dentro de esta propiedad, dentro de este edificio.
-L. A.- Es que en este caso nadie ha contado con una orden. Ahora, en el caso de la solicitud de cooperación del Departamento del Tesoro o cualquier otra dependencia de los Estados Unidos con México, para llevar o fortalecer alguna investigación que ellos tengan, ¿es este el proceder?
-J.R.- Mira, cuando yo fui agregado de la Procuraduría en Los Ángeles, que lo fui por nueve años, si se da el intercambio de información a través de los tratados internacionales. El tratado de asistencia y cooperación mutua entre México-Estados Unidos o signado con algún otro país, si da la oportunidad de cooperación e intercambio de información, pero hay un punto muy importante: el tratado tiene que respetar los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos o de las personas que se encuentren en territorio nacional.
Luego entonces, se tiene que seguir todo el procedimiento legal establecido, fundando y motivando el porqué vas a molestar a una persona en sus propiedades, en sus bienes de propiedad privada, y en ese tenor, pues podrá ejercitar sus facultades como autoridad y el gobernado podrá colaborar y tendrá que colaborar con la autoridad que está investigando algún tema en específico.
-Abelardo Martín.- Yo creo que la forma en que ocurrieron los hechos da a pensar que la autoridad, en este caso la SEIDO, atropelló a particulares. Porque yo entiendo perfectamente que si hay un número exterior o si la investigación iba a sobre la empresa que administra las cajas de seguridad, tendría que respetarse a los arrendadores de esas cajas de seguridad, siguiendo el ejemplo que ponías del edificio de departamentos, en donde uno de los inquilinos comete violaciones a la ley. En este caso, el hecho de indagar en propiedades privadas y decir confiscó las mil quinientas o dos mil cajas de seguridad pues estoy haciendo una investigación de uno de los inquilinos de ese condominio, pues como que me hace dudar del respeto a la ley que debiera tener la propia autoridad.
-J.R.- Coincido contigo plenamente. A mi me parece que lo que se debió de haber hecho –es muy importante lo que señalas y antes déjame hacer un paréntesis: ni siquiera el propietario de las cajas de seguridad que tiene dadas en arrendamiento, tiene la posibilidad de abrir esas cajas, porque entonces viola el contrato de arrendamiento y viola la propiedad privada. Es decir, si yo soy propietario de una casa, de un departamento que rento, yo no puedo llegar a esa departamento, a esa casa, aunque sea yo el propietario, y abrirla y entrar y revisar. Tengo que tener la autorización del que tiene la posesión del bien. Entonces y cierro el paréntesis- tienes toda la razón: ni siquiera la autoridad tendría que haber aperturado esas cajas –repito- si no tiene una orden de cateo debidamente autorizada por una autoridad jurisdiccional, por un juez, y que vaya dirigida directamente, esta bien, al propietario de la caja o del bien, pero también al posesionario que la tenga en comodato, en arrendamiento, en usufructo, o cualquier otra figura jurídica que la legislación civil permite.
-L.A.- Esta actuación ha sido llamada por los afectados como “El Robo del Siglo” y lo ejemplifican señalando: bueno, si a mi me dicen que van a revisar mi auto porque piensan que traigo algo en la cajuela, pues les doy las llaves. Si me van a asaltar, rompen los cristales, abren el auto y me van a robar. Para robárselo es lo que hace un ladrón. Pero si entonces si ellos violaron todas las cajas, lo que hicieron fue un asalto, como se quiera ver. No tenían necesidad de eso.
-J.R.- Me parece que no, me parece que si había una investigación, un cateo, y están perfectamente identificados los arrendatarios de esas cajas, pues se tuvo que haber iniciado con ellos directamente. Y, bueno, legalmente yo veo que los propietarios tienen muchas posibilidades de defensa. Si es como ellos mismos lo han manifestado y es como lo ha reportado la prensa, no tengo mayor conocimiento de la actuación de la autoridad para tener una opinión jurídica más profunda, pero de lo que he visto en los medios y de lo que me comentan, me parece que no se procedió conforme al debido proceso –fíjense que importante-, incluso el haber obtenido prueba indebida, es decir, no legal de acuerdo al debido proceso, no sirve para el proceso penal que quieran iniciar las procuradurías o la procuraduría contra una persona que en un momento dado pues no tuvo el derecho de conocer que iban a catear su propiedad, es decir, la prueba puede estar viciada.
-A.M.- Yo quisiera preguntarte: este procedimiento de investigar cajas de seguridad, ¿podría hacerse en cualquier otra ciudad y en cualquier otro momento? Es decir, este precedente que ocurre en Quintana Roo, ¿puede repetirse si un gobernador de otro estado decide hacer la investigación en cajas de seguridad? No en edificios creados ex profeso, sino las cajas de seguridad que tiene los bancos, por ejemplo.
-J.R.- Me parece que la autoridad tiene todas las facultades legales de hacer las investigaciones que requiera hacer cuando tiene la noticia criminal. Pero volvemos al punto importante, toda la actuación de la autoridad tiene que estar fundada debidamente y motivada en un documento que expide un juez para poder hacer un cateo, un aseguramiento, o inspección, porque de lo contrario es una prueba que no esta debidamente acreditada conforme a derecho y entonces si se puede convertir en un problema para la autoridad porque está violentando los derechos como si fuera cualquier otro ciudadano que sin tener ningún derecho llega, y en el ejemplo del coche pues toma el coche, o abusa de la confianza o se lo roba, etcétera.
-L.A.- En todo esto, ¿por qué las autoridades no han mostrado la cara con transparencia? No han exhibido esa orden de cateo, dicen que sólo se la pueden mostrar al dueño de las cajas, pero el dueño de las cajas dice que jamás se la han presentado y no dicen nada, y si se vio el desfile de fulanos, sin identificación, pues apenas el día de hoy comenzaron a mostrar un gafete, todos estos días han estado vestidos de civiles, sin gafetes, sin que nadie sepa quién te esta contestando o quién te está dando una explicación, no hay nada que los identifique y salieron con sendas mochilas al hombro. Y, bueno, no hay ninguna información oficial. Hay declaraciones del titular de la SEIDO contradictorias que van de un sentido a otro, que si sí, que si no, que si coopera la empresa, que si no coopera, que si el empresario está ligado, bueno, ya para qué te cuento, son demasiadas, pero oficialmente nada. ¿Por qué esa cerrazón? Y en cambio si hay fotos y artículos que dan cuenta de que han platicado con agentes federales ligados a este caso, que existe fuga de información y hay difusión de ella. Una acción menor a Santiago Nieto le costo el puesto. ¿No?
-J.R.- Fíjate que es un tema que tocas muy importante y hoy en la mañana analizaba un programa de televisión con Loret de Mola y el vocero presidencial sobre este tema y el debido proceso y qué tanto se había filtrado información del caso del fiscal de la Fepade y lo comparaban con este asunto. Yo creo que es muy delicado que se hayan filtrado fotografías y demás información cuando hay mucha gente, ciudadanos que están violentados sus derechos humanos, cuando siente que se vulneró su propiedad privada, cuando siente que no tiene una seguridad jurídica.
Ante esta situación se decía que la misma procuraduría había iniciado una investigación interna. ¿Por qué no han dado la cara? Lo desconozco, pero dar la cara me parece que es por la orden de cateo dirigida debidamente si, al propietario, pero más importante al posesionario, pues es como se debió de haber actuado, se debe de actuar a efecto de, ojo, garantizarle una debida defensa. Porque hasta el más criminal de los criminales por derecho humano tiene derecho a una debida defensa.
-L.A.- Pero aquí a parte de defender también puedes denunciar. Además de la defensa tienes elementos para la denuncia.
-J.R.- Es correcto, y no para la denuncia penal únicamente. Acuérdate que están las contralorías y las visitadurías de la Procuraduría, en donde todos como ciudadanos si sentimos que estamos lastimados en nuestros derechos por un mal actuar de la autoridad, equis cual sea, pueden darte ya la investigación de la responsabilidad. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo hacer esto.
-L. A.- Pues ojalá estén dispuestos porque si no estamos todos expuestos. Aquí hay una disposición de emprender una acción de éstas que puede de alguna manera frenar algunos objetivos en el futuro del mismo tamaño, la misma dimensión y entonces pues lo mejor es protegernos todos, ¿no?
-J. R.- Definitivamente.
Es esta la posición expuesta no sólo de un conocedor a profundidad de nuestro sistema legal sino de quien se encuentra al margen de una situación crítica tanto para las autoridades como para los arrendatarios de las cajas de seguridad. En tanto, la irritación de los usuarios no baja de intensidad y quienes se han dicho representantes de la sociedad y se encuentran pisando el mismo suelo, además de tener la responsabilidad de liderear el Congreso local, como es el caso de Eduardo Martínez Arcila, se dan el lujo de llamarle la atención a quien solamente está guardando el orden en un acto de libre manifestación protegido por nuestras leyes.
Si estas son las reacciones de quienes promovieron un cambio, el futuro se antoja mucho más negro si se compara con el presente. La gobernabilidad no es un asunto para dejar asentado en los discursos o decretado, es el ejercicio de gobierno y en él la representación de los ciudadanos y sus garantías así como el respeto a todos y cada uno de sus derechos debe prevalecer. La responsabilidad de esta garantía inicia en el municipio, pero se advierte con más fuerza en el nivel estatal y alcanza su máxima expresión en el federal. Por ahora nada de esto se ha visto.
¿Y CUÁNTO COBRARON DE LOS PANAMA PAPERS?
Tras revelarse los nombres de altos funcionarios, empresarios, artistas y personalidades públicas, ubicados entre los 13.4 millones de registros revisados en el Paradise Papers -donde se evidencia una sistemática evasión fiscal-, entre los cuales se encuentran los fallecidos Joaquín Gamboa Pascoe y Marcial Maciel, los empresarios Ricardo Salinas Pliego, Marcelo Zambrano y Javier Miguel Afif, y empresas ligadas a los ex secretarios Pedro Aspe Armella, de Hacienda, y Alejandro Gertz Manero, de Seguridad Pública, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó revisará los casos procedentes a los contribuyentes, individuos o empresas, implicados en la indagatoria del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés) con base en información del diario alemán Süddeutsche Zeitung.
En un comunicado, el SAT expuso: “la información se revisará con el objetivo de valor si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”, y agregó invocará los acuerdos de intercambio de información establecidos con distintos países para allegarse de más elementos, de ser necesario. Las acciones a realizarse serán informadas a la ciudadanía, a través de reportes públicos en su portal, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales correspondientes, añadió el organismo quien precisó se podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la Administración Pública.
En los Paradise Papers surgieron también pruebas sobre cómo Pemex e inversionistas extranjeros usaron la opacidad de los paraísos fiscales para pactar contratos por unos mil millones de dólares. Asimismo, quedó el rastro de cómo reaseguradoras lucraron desde esos paraísos con las coberturas que gobiernos de México contrataron para sismos y huracanes. En esos expedientes aparecen empresas ligadas a Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas, y Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox.
Pedro Aspe es fundador de Protego Asesores, la cual en 2016 se fusionó con Evercore México Capital Partners para establecer en Barbados Glisco Partners Inc. Esas compañías han apoyado la renegociación de deudas de distintos gobiernos, incluido el Estado de México cuando era gobernador Enrique Peña Nieto. En Protego colaboró el actual canciller Luis Videgaray. Getz Manero aparece como miembro de la sociedad de inversión Jano Limited, establecida en 1955 en las Islas Caimán con su hermano Federico, ya fallecido. También aparecen Telecom Américas Limited, de Carlos Slim, la cual operó por siete años en Bermudas hasta 2007, y Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, que en 2003 operó una empresa en Luxemburgo y luego se mudó a Barbados en 2013.
DE LOS PASILLOS
Las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por sobrepagos a la empresa Odebrecht deben ser denunciadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en caso de que Pemex no solvente las observaciones, advirtieron legisladores del PAN, PRD y Morena… La revisión del órgano fiscalizador reveló la existencia de contratos firmados en la opacidad y con pagos inflados, recordó Marko Cortés, coordinador de los panistas en San Lázaro. “Si queremos evitar que queden impunes casos emblemáticos de corrupción, como el de los presuntos sobornos y sobreprecios en los contratos otorgados por Pemex a la empresa brasileña Odebrecht, la ASF debe proceder con las denuncias correspondientes”, exigió el panista… A su vez, Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD, consideró la ASF debe actuar de manera oficiosa e interponer una querella para que se proceda de manera penal contra los presuntos responsables… La senadora Dolores Padierna, de la bancada PT-Morena, dijo si no se solventan las observaciones, las indagatorias podrían conducirse al ámbito penal, dependiendo de los montos involucrados. Criticó que mientras la dirección de Pemex protege al ex titular Emilio Lozoya, la ASF presenta información incompleta sobre las corruptelas del caso Odebrecht. “El director de Pemex le está tapando las espaldas a Lozoya, porque si tocan a Lozoya tocan a Peña Nieto. Por eso quieren dar carpetazo en todos lados”, concluyó.
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