Lilia Arellano.
“Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan”: Luis Donaldo Colosio
- Presión
- Ley de Seguridad Interior al periodo extraordinario
- “Es salida falsa”, advierte MUCD a los legisladores
- PRI y PRD por mantener a los militares en las calles
- Ruta de salida gradual a cuarteles, plantea ONU-DH
- En Q. Roo, lo claro: indefiniciones y equivocaciones
- “La lucha debe continuar”: Mireles al salir de prisión
Ciudad de México, 15 de mayo de 2017.- Ante una necesidad cada vez más fuerte, mayor, de encontrar formas de justificar todo tipo de actuaciones, lo mismo en relación a la economía que a la aplicación de justicia y las vistas hasta en el terreno electoral, van sufriendo tropiezos mayores los defensores del gobierno federal actual. Ante las nulas investigaciones en casos relacionados lo mismo con la delincuencia organizada que sobre los saqueos de políticos y ni qué decir de asesinatos, van tras la exposición de supuestos en los cuales igualmente destrozan la vida privada de las víctimas, la hacen pública y es ese su primer reporte en la búsqueda de autores intelectuales y materiales, que se duda hasta de lo plasmado en videos y sin el menor rubor advierten grandes posibilidades de ediciones a modo. Ante eventos como el registrado en El Palmito, emplean argumentos en los cuales presentan como grave delito ser el poseedor de la cámara con la cual se grabaron los sucesos y, ser pariente de uno de los líderes hasta logra la posibilidad de invalidar la cinta como prueba. Estas salidas están muy gastadas y provocan rechazo al revelar, en cada caso, intenciones mayores de desacreditación de las víctimas que de llegar a la verdad.
De ahí se genere una intensa polémica sobre la participación de militares en labores de seguridad pública. Funcionarios del gobierno federal, gobernadores y legisladores del PRI y PAN salieron a defender la participación de los soldados en acciones que son responsabilidad de la policía, federal, estatal y municipal. El tiempo se le acaba a la actual administración federal a quien le urge conceder a las Fuerzas Armadas el marco legal reclamado desde el arranque del mandato de Felipe Calderón, quien declaró la fatídica e inútil “guerra al narco” en busca de legitimidad. La persistente crisis de derechos humanos en el país y la polémica actuación de los militares en la misma, así los obliga.
Ya el presidente del Senado, Pablo Escudero, militante del PVEM, operó para aprobar la Ley de Seguridad Interior en un periodo extraordinario, la cual quedó pendiente en la Cámara de Diputados por la ausencia de consensos entre las principales fracciones parlamentarias. Pero organizaciones de la sociedad civil, expertos, investigadores y académicos advierten sobre los peligros de “aprobar al vapor” dicha ley, debido a que las múltiples y graves modificaciones propuestas a una serie de instrumentos corren el riesgo de revertir lo logrado con el establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio y que en su conjunto denominan la “Miscelánea Penal”.
Mientras entre la tropa militar, pueblo uniformado, se incrementa el malestar porque a pesar de sus esfuerzos durante casi una década por cumplir con la tarea encomendada por su comandante en jefe, primero Calderón y después Enrique Peña Nieto, su labor en cuestiones de seguridad pública es incomprendida, cuestionada, poco valorada y hasta impugnada por las organizaciones civiles, nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos. Por su parte, mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindan de presuntas “ejecuciones extrajudiciales”. “Si un elemento, un soldado disparó contra un civil herido y sometido (luego del enfrentamiento entre militares y huachicoleros), fue por motu propio y no derivado de una orden superior”, aseguró un mando de infantería de la Primera Región Militar a un diario capitalino. “Si sucedió este asunto (la ejecución), pues, un elemento desobedeció las órdenes para las cuales se encontraban en ese lugar”, coincidió otro mando operativo. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto, señaló el jueves: “no tengo nada que declarar. Habrá que hacerse la investigación correspondiente. Y eso es lo que ya ha señalado abiertamente la PGR y la propia Defensa Nacional”.
Diputados federales defendieron la actuación del Ejército. El priísta Armando Luna Pimentel, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y el panista Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad, manifestaron su respaldo a que el Ejército Mexicano continúe en labores de seguridad bajo protocolos que delimiten su participación, y cuestionaron la procedencia de las imágenes captadas en Palmarito, Puebla. Luna subrayó: los videos provienen de una fuente desconocida y es evidente la manipulación que se hace de ellos. Lo importante es conocer los resultados de las investigaciones de los peritos y sí se encuentran responsables de algún exceso que se les aplique la ley.
El diputado Jorge Ramos señaló por su lado: “yo sería muy cauteloso de la validez de este video, no lo valido ni lo invalido; esperaría a que se diera una opinión oficial de su contenido”. El panista expresó que la legislación requerida por el Ejército “tiene que ver con aplicar protocolos para delimitar la acción de las Fuerzas Armadas. La tarea de fondo no es la regulación de la intervención de las fuerzas armadas, el problema es la incompetencia y ausencia de profesionalismo de las policías locales”.
A PERIODO EXTRAORDINARIO LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
Pablo Escudero, presidente del Senado de la República, exhortó el jueves a las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos a dictaminar la Ley de Seguridad Interior, incluyendo las iniciativas presentadas por los senadores Roberto Gil Zuarth y Miguel Barbosa. El legislador del PVEM negó que dicha ley busque “militarizar al país” y empujó para que en un periodo extraordinario se discuta y apruebe la polémica iniciativa, la cual se atoró en la Cámara de Diputados por falta de consensos entre las diversas fracciones parlamentarias. De ser aprobada esta ley ¿evitará actúen por cuenta propia los uniformados?
Según Escudero, “el único mecanismo para que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles es por medio de esta ley de seguridad que los va a acotar y les va a aplicar controles”. También se pronunció por obligar a los gobernadores y presidentes municipales a invertir en capacitación de sus policías con el fin de superar “la debilidad institucional”. En relación a los videos en donde se observa a militares ejecutando a un civil, y a civiles atacando militares, el presidente de la Cámara alta consideró la investigación debe partir de las cámaras de video, pero también del combustible que no se encontró, de las pipas, de la participación de los llamados “tuberos”, de la incapacidad mostrada de vigilar los ductos, responsabilidad en manos de quien aspiraba convertirse en Jefe del Estado Mayor Presidencial como premio a su desempeño como guardia personal del candidato EPN.
Por su parte, Dolores Padierna, coordinadora del PRD, demandó a la PGR investigar los hechos y hacer a un lado “las tentaciones de querer exonerar de una posible acción extrajudicial a los elementos del Ejército que participaron en dicho enfrentamiento”. Y agregó en un comunicado: “Debemos saber si se trató o no de una acción extrajudicial, aun si se trata de presuntos delincuentes, porque era obligación del Ejército preservar los derechos humanos de éstos”.
El senador de Morena, Mario Delgado responsabilizó a la administración de Enrique Peña Nieto por la masacre de civiles. ˝Toda la evidencia apunta a que el sexenio de Peña va a terminar con el mismo número de crímenes dolosos que Calderón, 24 por cada cien mil habitantes y por lo menos 120 mil homicidios dolosos”. Crece día con día el número de cadáveres, son más las familias en donde se ha perdido por lo menos uno de sus miembros, huérfanos, viudas, padres de familia son la prueba viviente de los falsos programas del mexiquense, en este rubro el de atención a las víctimas.
IMPERFECTA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR AGRAVARÍA CRISIS
A pesar de las advertencias de académicos y expertos, así como de organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas, “los legisladores quieren dar paso a iniciativas que tienen el potencial de agravar la crisis de inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del Estado de Derecho y el incremento sin control de la violencia” en el país, destacó la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Las iniciativas presentadas sobre seguridad interior tienen el riesgo de afectar a las propias fuerzas armadas, consideró la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, al considerar: “cualquier medida de despliegue militar no va a tener el efecto deseado por la gran impunidad existente” en México. Insistió en que “no es la militarización de combate a la delincuencia, sino la certeza de que se castigará el delito” lo que ayudará en la lucha contra el crimen organizado, pugnó por “cambiar el paradigma” sobre la presencia militar en funciones policíacas y admitió se requiere una “ruta de salida gradual” para el retorno de los militares a sus cuarteles.
Por medio de un comunicado, MUCD destacó: “apresurar estos procesos no hace más que sembrar desconfianza entre la ciudadanía, lo que a su vez mina las posibilidades de encontrar soluciones de fondo y duraderas”. El más reciente dictamen revelado en el Congreso de la Ley de Seguridad Interior, de acuerdo con MUCD, contiene cláusulas preocupantes por la amplitud de facultades y por la poca claridad de los límites que pretende establecer.
La continuada participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en sí misma, con independencia de los problemas específicos de las iniciativas a discusión, implica un deterioro institucional muy grave y preocupante, sostuvo MUCD, quien subrayó: el cúmulo de evidencias apunta a que la militarización masiva de la seguridad pública desde hace diez años ha sido una medida contraproducente que ha exacerbado la violencia en vez de disminuirla.
Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior “se estaría optando por una falsa salida a nuestros problemas: en lugar de entrarle a los problemas de fondo de una enfermedad cada vez más grave en materia de seguridad pública y procuración de justicia, se pretende administrar indefinidamente la “medicina” que tantos daños ha causado y que ninguna mejoría ha ofrecido. La ruta actual es irresponsable y ligera”, sostuvo México Unido contra la Delincuencia.
En los últimos tres meses, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados trabajó el dictamen de Ley de Seguridad Interior en total secreto y sin consultar a expertos en la materia, acusó MUCD, quien destacó el reto es la reconstrucción integral de los mecanismos y proceso para la seguridad y justicia en el país. “No cedamos ante la premura por legislar a la ligera sin un diagnóstico de fondo que nos permita, ahora sí, reconstruir la paz y la seguridad en el país. No repitamos la improvisación perpetuando con ello la crisis nacional”.
Gobernadores como el tamaulipeco Francisco Javier Cabeza de Vaca son quienes más han exigido que la iniciativa de Ley de Seguridad Interior sea aprobada, lo cual muestra la descomposición oficial. Los mandatarios estatales son los primeros responsables de la seguridad pública en sus demarcaciones y rehúyen a sus deberes y prefieren sean los militares quienes se hagan cargo de las tareas que son exclusivas de fuerzas civiles.
Y la polémica sigue…
ATERRIZAR EN LA REALIDAD
Resulta de lo más cómodo y sencillo, además de políticamente productivo, hablar, hablar y hablar de la inseguridad y de ahí saltar a la promesa de recobrar la seguridad. Viste en estos tiempos, les aseguran quienes con todo irresponsabilidad evitan revelar realidades a los gobernantes. No duraron vigentes ni 24 horas en el municipio Benito Juárez, Cancún, en Quintana Roo, las aseveraciones de una clara disminución de la violencia cuando el presente se encargó de desmentir al alcalde Remberto Estrada. Un tiempo mucho menor resultó el encargo de hacer la misma tarea en contra de lo expresado por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González. Y como hay que ser parejos, nada de excluir a las mujeres, hay que seguir la instrucción gubernamental estatal de igualdad total, a la alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres, en plena zona turística le volvieron a intentar ejecutar a tres personas; dos se encuentran graves y el otro herido al ser alcanzado por una bala cuando huía.
Las extorsiones siguen en aumento y no excluyen a ningún giro comercial. A los temores por las actuaciones de la delincuencia organizada mismas no ejecutadas hacia la ciudadanía sino a los participantes en sus carteles, se suman asaltos bancarios, robos a casas habitación, a los transeúntes, a la violencia y agresiones llevadas a cabo por quienes, ya sea con pleno conocimiento o bajo la influencia de estupefacientes, victimizan a los pobladores. Es clara la inutilidad de la policía preventiva, de la municipal. Pero también de la estatal cuyo máximo jefe, el titular de Seguridad Pública, Miguel Ángel del Campo, al dar posesión a tres nuevos subsecretarios sostuvo: en fecha próxima ya podrán contar con chalecos antibalas y otros implementos para su desempeño. ¿En fecha próxima? ¿Está primero, es mucho más importante, darles dinero a los auditores para revisar las cuentas del 2015 que proteger a los uniformados con el objetivo de que puedan cumplir con su tarea? ¿Es válida esa jerarquización?
Dice el titular de las finanzas estatales Juan Vergara, ahora se entrega el presupuesto de las secretarías conforme van reportando resultados y las mediciones son mensuales. ¿Con más de cuarenta ejecutados en los primeros tres meses del año cumplieron las policías? El rezago de expedientes ¿prueba el cumplimiento mensual de la Fiscalía? ¿Ahí van por números, cuotas, recomendaciones? En algún momento se pensó no podían existir cifras falsas o condicionamientos riesgosos en la dependencia en donde se hacen cuentas de millones, de miles de millones, en donde se parte y recomparte. Sin embargo, el poblano se mostró muy orgulloso de la calificación de Quintana Roo al pasar de uno de los últimos lugares a la cuarta posición en relación a la recaudación, superando inclusive a la capital del país. O sea, cuenta este gobierno con ciudadanos responsables, cumplidores de sus obligaciones fiscales o ¿también en este renglón el éxito publicitado se debe a presiones a los contribuyentes? En el otro sentido, en el referente al manejo de los recursos, la posición no es la misma y según la evaluación de la Secretaría de Hacienda se ocupa el lugar 15 o sea a la mitad o tal vez sólo entre el azul y buenas noches.
Están por llegar problemas superiores y la duda sobre la fortaleza del gobierno estatal para enfrentarlos se multiplica. Un ejemplo de ello se tiene en la proximidad de la época de huracanes, por citar un primer punto. Los seguros adquiridos de manera personal, en las empresas, los de comercios, no contemplan los seis meses de duración de esta temporada y, por lo tanto, la gran mayoría está desprotegida, perderán sus bienes sin oportunidad de recuperar por lo menos una parte a través del pago de las aseguradoras. Al respecto no se ha visto una sola intención de la autoridad para intervenir. Ni siquiera han buscado asesoría con los hoteleros para conocer a fondo especificaciones e interpretaciones de contratos. Esos críticos momentos y el después, arrojarán una medición reflejo de la capacidad de gobierno existente.
Mientras tanto, hacerse de la vista gorda en temas de interés empresarial y social por su relación directa con los empleos generados, es la receta. No hay ninguna posición definida sobre la iniciativa presentada en contra de los delfinarios, como tampoco existe sobre el “todo incluido” o los relacionados con el transporte público, o con el fortalecimiento del deporte amateur, no de los equipos profesionales pasados de una mano a otra pero amamantados con la misma leche. A decir verdad este registro no ampliado a muchos más temas dentro de una agenda cada día más abultada de pendientes, no debe sorprender ante la indefinición partidista existente en el Ejecutivo local. Si no hay para unos, no habrá para nadie, parece ser la consigna en cuanto a claridad en las definiciones y actuaciones se refiere.
DOLOR INDIGENISTA
¡Lástima Margarito! Las oportunidades de sobresalir no se presentan dos veces en la vida. Y, don Julián Ricalde parece no haber reflexionado en ello. En estas líneas, el día de ayer y bajo el párrafo EN LA IMAGINARIA, se citó la ausencia del ex presidente municipal de Benito Juárez, Cancún, en las tareas del campo, en las relacionadas con inconformidades ante la nula entrega de apoyos, por las agresiones, etcétera. En esas líneas no se dijo fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, como tampoco se mencionó lo fuera de la de Desarrollo Social e Indígena. Las áreas más desprotegidas del campo están, justamente, habitadas por indígenas y entre ellos no solamente se encuentran mayas, sino existen provenientes de otras entidades cuyo único conocimiento está en el agro, en la crianza. Ellos han estado entre los manifestantes y repito una vez más: Julián Ricalde no les da la cara. Y, si el ex alcalde, portador de graves problemas depresivos, contempla Desarrollo Social como dependencia para entregar dádivas, mala interpretación.
A su comentario sobre las líneas referidas BNO sostuvo: “más que omisión es ignorancia, 9 meses y no hay proyecto de desarrollo social e indígena, los centros ceremoniales se han dividido y ni siquiera fueron apoyados en sus fiestas tradicionales, pese a que se los prometieron!!! La zona maya sigue en el olvido, no hay estrategias y ya quieren crear otro aparato burocrático dizque para atenderlos con gente ajena que no conoce las condiciones en las que viven los mayas”. Acercarles lo necesario para contar con una auto-alimentación completa tiene mucho que ver con el desarrollo social e indígena.
Aunque habré de reconocer la falta de una palabra al hacer la referencia “titular de la dependencia encargada del campo…” debió escribirse: “titular de la dependencia encargada del campo indígena”. Y, por desgracia, solamente podemos ubicarlos en el campo, porque todavía no encuentro alguno habitando en zonas residenciales o con yate, o poseedores de caballos de pura sangre y mucho menos portando relojes de alto valor, como con los que cuenta quien tiene la responsabilidad de lograr mejorar su existencia, salvaguardar y respetar sus costumbres. Porque no existe, creo, exclusión de estos grupos para convertirlos en proveedores de la zona hotelera, para llevarlos a concebir en sus tierras productos suficientes. Son indígenas, sí… pero también campesinos y las atenciones en la realidad ni aterrizan ni provienen de la dependencia encabezada por quien ya probó las mieles del poder autónomo, ni de Pedro Pérez.
DE LOS PASILLOS
Al salir del Centro de Readaptación Social (Cefereso) número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, tras tres años de estar preso, el ex líder de los autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, señaló: “la lucha debe continuar”. Está acusado de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Fue detenido el 27 de junio de 2014, junto con un centenar de sus compañeros, por los presuntos delitos de uso de armas prohibidas y por posesión de drogas, pero este último delito no fue acreditado por la autoridad… Mireles se levantó en armas en el municipio de Tepalcatepec el 24 de febrero de 2013, al igual que otros grupos de diversos municipios michoacanos para enfrentar a integrantes del cártel de Los caballeros Templarios, quienes atemorizaban a la población de la zona de Tierra Caliente….
Tras el enfrentamiento a balazos entre presuntos integrantes de la banda de la Familia Michoacana y Los Tequileros, con un saldo de ocho muertos, el miércoles pasado, policías estatales y militares ingresaron al Municipio de San Miguel Totolapan, luego de replegar a lugareños quienes mantenían desde el jueves un bloqueo… Durante el ingreso de los uniformados, algunos habitantes les aventaron piedras y, en respuesta, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y se abrieron paso. Policías comunitarios presentes en el bloqueo se replegaron… Según Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, había un acuerdo de que el Ejército y los policías entrarían a San Miguel Totolapan para restablecer el orden y la legalidad, pero los líderes de la Policía Comunitaria del Movimiento por la Paz rompieron ese pacto e intentaron obstaculizar el paso… A su vez, el gobernador Héctor Astudillo aseguró que no pueden ser rehenes de grupos delincuenciales…
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