jueves, abril 25, 2024

ESTADO DE LOS ESTADOS: México: reino de la impunidad

Lilia Arellano

 

“Es el resultado el que decide de qué lado está el derecho”: Immanuel Kant

 

  • México: reino de la impunidad
  • Combaten corrupción…. en otros países
  • Quintana Roo, paraíso de defraudadores
  • Pensiones en México: tic…tac…tic.. tac
  • Escándalo en ISSSTE: no entregan vales
  • Inteligencia de EU prevé derrota del PRI
  • César Duarte: gran red de complicidades

 

Ciudad de México, 15 de febrero de 2018.- Antaño cuando uno se antojaba de un imposible decía: “me quedé como el chinito, nomás milando” y quién sabe si en realidad algún chino también se abstenía de algo, pero el refrán era suficientemente claro y, al parecer, así estamos por lo menos 70 millones de mexicanos, considerando tengan mayoría de edad o por lo menos los años requeridos para tener cierto criterio o conservar la memoria. Vemos como en América Latina se procesa a quienes delinquen dentro y fuera del gobierno, a quienes abusan del poder otorgado en las urnas para enriquecerse, se castiga la corrupción. El reino de la impunidad gestado y amamantado lo mismo por gobiernos priístas que panistas le ha salido muy caro a los ciudadanos y, seguramente, no será de manera informal o secreta se endilguen a México calificativos merecidos ante la pasividad de algunos y la complicidad de otros.

 

El caso del ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom, nos hace ver y de manera muy clara que los asuntos relacionados con el transporte público son prioritarios, se trata de la movilización de trabajadores, del turismo, del acarreo de mercancías, etcétera. Al expediente lo denominaron Transurbano y consiste en una nueva modalidad creada durante el llamado Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, el UNE, en el poder del 2018 al 2012. En la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se presentaron las pruebas de adjudicaciones indebidas de 109 rutas durante 25 años.

 

Si nos atenemos al presente, en México no tenemos ni siquiera armado debidamente el Sistema Nacional Anticorrupción, ni se ha nombrado al Fiscal respectivo y, mucho menos, existe voluntad política de llevar tras las rejas aunque sea a quienes se han enriquecido entregando a diestra y siniestra concesiones y hasta apadrinan los emplacamientos fantasma.

 

No quedó libre de ser juzgado ninguno de los participantes y detuvieron al ex ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, al de Gobernación, Salvador Gándara, y al propio ex mandatario Álvaro Colon. Como puede observarse, no se detuvieron ni pusieron en relieve el que los arrestados hubiesen ocupado los tres principales cargos de ese mandato y el asunto gira en torno a las adjudicaciones y a supuestos sobornos entregados además del manejo turbio de subsidios. En nuestro país, los problemas de transporte siempre se han tratado en lo oscurito o ¿nadie recuerda el fraude de la Ruta 100 y las nuevas concesiones? Se ha considerado lícita la posesión de 200 placas de taxis hecha por el presidente nacional tricolor, Enrique Ochoa, y se acepta la argumentación de haberlas adquirido una por una y así confesar solamente tiene 70, pero nada se dice de las rutas y del monto percibido mensualmente entregado por quienes le administran semejante flotilla.

 

Por ejemplos que nos pone el mundo, no paramos. Está también el conocido durante las últimas horas: Benjamín Netanyau, Primer Ministro Israelí, es acusado de corrupción. Y tal denuncia se deriva de la recepción de regalos, de aceptar puros caros, de halagar algunos inversionistas a su esposa obsequiándole alhajas. Advierten puede tratarse de sobornos a cambio de otorgar prebendas. Las entregas hechas al primer ministro alcanzan la suma de 238 mil dólares, algo así como 5 millones de pesos. En México y frente a nuestras barbas han entregado concesiones, contratos de obra, aceptado residencias y los montos suman miles y miles de millones de dólares y… no pasa nada. Este es el gran retraso al cual también nos han llevado los gobiernos federales, estatales, municipales a quienes se les ha permitido todo.

 

Y si eso sucede en el norte, en el sureste, en Quintana Roo, la situación ameritaría algún castigo y no cruzarse de brazos para ver cómo siguen cometiéndose latrocinios. Ni siquiera han sido llamados para ofrecer una explicación los ex gobernadores poseedores de cientos de placas de taxis, de camiones y de las urvans. Y se las adjudicaron de por vida, no por 25 años como lo hicieron quienes serán sometidos a juicio. Las rutas de operación son muy importantes y, de entre ellas, los vehículos asignados al aeropuerto o a la zona hotelera. Las exigencias son mayores en tanto va transcurriendo el tiempo y quienes ocuparon la máxima silla estatal van recorriendo e incrustando a su gente dentro de los siguientes equipos, no solamente para seguir contando con protección sino para aumentar las prebendas. Hacer negocios a ese nivel cuando se ha tenido una responsabilidad tan grande como lo es manejar durante un sexenio el destino de una entidad con reconocimiento mundial en el terreno turístico, no merece contar con esta clase de chafiretes.

 

Llegando al otro extremo, al de los inversionistas, Quintana Roo se sigue manteniendo como la entidad en donde todo puede hacerse siempre y cuando los billetes vayan por delante. Como se sabe, los de OHL pagaron vacaciones en su hotel, el Maya Cobá, al encargado de Comunicaciones y Transportes del Estado de México y de esas relaciones “de cuates”, más el visto bueno de EPN y su sucesor Eruviel Ávila, estos constructores se dan el lujo de cobrar cuotas como les viene en gana. A raíz de conocerse a nivel internacional el grado de corrupción y malos manejos llevados a cabo en este país, decidieron hacer movimientos con los cuales casi desaparece la empresa, pero no sus cientos de hectáreas en Playa del Carmen, en donde tienen perfectamente negociada la densidad y han obtenido todos los permisos de construcción y licencias sin aportar, por lo menos, las áreas comunes o de donación al Ayuntamiento.

 

Este es solamente un caso de corrupción y colusión galopante de empresarios y gobiernos, pero hay otro triste recuerdo, el del monumento a esta putrefacción, los hoteles Riu, causantes del despido del titular de Ecología durante el mandato de Fox por reclamar y pretender aplicar la ley a este grupo español. Así, mientras en tierras quintanarroenses se rieron a mandíbula batiente, uno de sus accionistas ha sido detenido en Miami por causas similares a las que debieron castigarse en esa entidad y las obligadas por la Federación. Según reportaron las páginas del diario El País, con el complemento informativo proveniente del Miami Herald, Luis Riu Guell, copropietario de la cadena mencionada, ofreció estancias gratuitas  al ex director de construcción de Miami, Mariano Fernández,  a cambio de ver agilizadas obras y permisos del hotel Riu Plaza en South Beach.

 

El marroquí, tras conocer el resultado de la investigación, voló de España a Miami y su cómplice tras ser descubierto prefirió entregarse. La fianza fijada fue por 20 mil dólares para el hotelero por lo que dicen viajará en breve a Mallorca. El ex funcionario enfrenta cargos por compensación ilegal y asociación delictiva. La vergüenza sufrida por la circulación en el mundo de las fotos en donde Riu Guell aparece esposado y escoltado por una docena de guardias ha despertado gran irritación en los círculos de inversionistas españoles poderosos.

 

Si nos atenemos a la “manga ancha” con la cual han operado los dueños de esta cadena en México y particularmente en Quintana Roo, ya podemos medir el grado de corrupción e impunidad que nos aqueja.

 

PENSIONES: TIC…TAC… TIC… TAC…

 

Los gobiernos liberales condenaron a la pobreza a los adultos mayores de México. El sistema de pensiones está a muy poco de colapsar y este es un profundo y complejo problema a resolver por el próximo gobierno, porque el actual simple y sencillamente lo eludió. A la vuelta de la esquina, a menos de tres años, está ya la primera generación de trabajadores mexicanos a jubilarse bajo el sistema de administradoras de fondos para el retiro (Afore). Recibirán una pensión la cual será sólo la cuarta parte del salario promedio de sus últimos cinco años en activo.

 

Su pensión, simple y sencillamente, no les alcanzará para cubrir sus requerimientos y necesidades. Además, el caso más grave es que 6 de cada 10 mexicanos laboran en el sector informal, es decir, alrededor de 29.1 millones de personas en estas condiciones carecen de un ahorro para el retiro de manera formal o con una Afore. Así, en 10 o 15 años veremos más personas con pensiones insuficientes, pero también millones quienes ni siquiera obtengan este beneficio.

 

Dentro del conjunto de países donde los sistemas de retiro están basados en cuentas individuales gestionadas por empresas privadas, como son las Afores, los trabajadores mexicanos son quienes tendrán la pensión más baja, respecto de su último salario. La llamada tasa de remplazo, es decir, el monto de pensión comparado con el salario de los últimos cinco años como trabajador activo, será en México de 25 por ciento; en Chile es de 50 por ciento; en Perú es de 13% y en Colombia es de 12 por ciento. La diferencia está determinada por la aportación que se hace a la cuenta individual.

 

En el caso mexicano es de 6.5 por ciento, mientras que en Chile es de 11 por ciento. Lo menos que se debe aportar a una cuenta individual es el 10 por ciento del salario. Los mexicanos aportan muy poco para su retiro, por tal motivo, al momento de la jubilación, las pensiones no son ni serán suficientes para satisfacer las necesidades básicas del ciudadano.

 

En el sistema actual de pensiones en México, se específica una aportación obligatoria de 6.5% con respecto al salario, la cual al momento de la jubilación se verá reflejada en una pensión o tasa de remplazo de sólo 26% para un trabajador promedio. Así, un trabajador que hipotéticamente gana $9,500 mensuales estaría jubilándose con alrededor de $2,470 con sus respectivas deducciones.

 

El año pasado, las Afores registraron un alza significativa en el rubro de aportaciones voluntarias. Si bien aumentaron los montos aportados, no creció considerablemente el número de personas que aportó más de lo requerido a su Afore  de forma voluntaria. Tener pensiones mayores implica aumentar la aportación y eso, al final, lo termina por pagar el trabajador porque las finanzas públicas no tienen capacidad de absorber esa carga.

 

Las pensiones en México son, por sus características actuales y poco dinámicas, un sistema que, en efecto, se encuentra al borde del colapso. Tener un empleo formal puede acercarte a la pensión, y las aportaciones voluntarias a la dignificación de la misma, pero a estas alturas y con la tasa de inflación actual, ya no es posible mantener el estilo de vida de la época en que se fue empleado. A fin de poder mantener la vida que se llevaba cuando se tenía un ingreso es necesario buscar alternativas para complementar la pensión o en el peor de los casos no la disminuyan. Para ello es necesario cancelar las deudas hipotecarias, automotrices o personales, y contar con inversiones a largo plazo.

 

En otros países los problemas empezaron cuando se pagaron las primeras pensiones bajo el sistema de cuentas individuales, lo cual ocurrirá en México en menos de tres años. Si no se atiende el problema, en breves la gente va a estar marchando en las calles porque no le alcanza la pensión. Habrá una crisis en México por esto, muy profunda, en 2030, cuando sea mayor el universo de trabajadores pensionados con ingreso insuficiente. Una posible salida para incrementar las aportaciones voluntarias a las cuentas individuales para el retiro es aumentar el monto que un trabajador pueda reducir fiscalmente, mismo ahora limitado a uno 120 mil pesos por año.

 

La capacidad financiera del Estado mexicano ya fue rebasada por este problema. Si el gobierno decidiera que millones de mexicanos tuvieran una pensión la cual les permita mantener su nivel de vida, debería inyectar al sistema el equivalente a 31.6% del PIB (Unos 4.2 billones de pesos), calcula la consultora De la Calle Madrazo Mancera. Actualmente, para tapar el hoyo que ya tienen las finanzas estatales, cada año el gobierno mexicano toma 528,000 mdp, equivalentes a 3.8 del PIB, del dinero que debería ir a dependencias federales como las secretarías de Estado.

 

El problema ya está aquí: las universidades estatales tienen con relación a las pensiones 400,000 mdp no fondeados, es decir, no tienen reservas para hacerle frente a ese adeudo, como es el caso de Oaxaca. Además persisten pasivos por pensiones en el IMSS, Pemex, CFE, universidades públicas y gobiernos estatales, los cuales superan en valor a la economía mexicana pues equivalen a 116% del PIB, y son, por tanto, quiebra técnica, pues estos compromisos son financieramente imposibles de cubrir.

 

Por ejemplo, el pasivo laboral del IMSS, en el rubro de beneficios definidos, equivale a 1.5 billones de pesos, es decir, más de 10% del PIB, mientras su presupuesto total es de 497,695 mdp, de acuerdo al último informe entregado al Congreso. El costo fiscal del pasivo laboral del IMSS entre 2012 y 2050 será de 32.9% del PIB, sobre todo por el pago de pensiones relacionadas con la Ley de 1973. El problema estriba en que el dinero que se contribuyó para estas pensiones no está en un fondo, la manera en la cual se fondean estas pensiones es simplemente con recursos públicos.

 

Otro factor son los empleados de Pemex, quienes no ahorran para su retiro pues ni la ley ni su contrato se los exige. Ese derecho a la pensión, sin la obligación de contribuir a su financiamiento, ha generado una deuda de 10% del PIB, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Sin embargo, la mayor presión para las finanzas públicas proviene en mayor medida de los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales.  El gobierno federal ya destina hoy el equivalente a 3.1% del PIB, cerca de 530,000 mdp para el pago de pensiones estatales, y toma ese dinero del gasto programable.

 

También el problema social es de grandes magnitudes. Los principales sistemas de pensiones contributivas, el IMSS y el ISSSTE, sólo cubren 39.9% de la población económicamente activa (PEA), esto es cerca de 56.6 millones de personas. ¿Y el resto? Una de las razones por la cual la cobertura del sistema de pensiones no ha evolucionado como se esperaba es la alta tasa de informalidad en el mercado de trabajo. Además, la situación económica de los mexicanos tampoco ayuda a tener un sistema de ahorro para el retiro robusto. Uno de cada cinco mexicanos con empleo gana un salario mínimo, además de en los últimos 20 años han perdido 72 por ciento de su poder adquisitivo, lo cual limita el ahorro voluntario que haría crecer la bolsa de recursos de la cual saldrá la pensión.

 

Tampoco ayudan los rendimientos de las empresas que administran los ahorro de los trabajadores en el sistema individualizado. Desde 1997, las afores en México han ofrecido un rendimiento anual promedio de 6%, una tasa inferior a la de otros países, lo cual aleja más la posibilidad de recibir una pensión adecuada para mantener el estilo de vida al cual se acostumbra un trabajador durante su vida laboral. Una forma de mejorar los rendimientos para los trabajadores es la reducción de las comisiones que cobran las afores por administrar los fondos.

 

El problema de las pensiones debe de estar en la agenda de los candidatos a la Presidencia de la República, pues en 15 años “se comerán” la mitad de las finanzas públicas, pero hasta el momento todos han eludido pronunciarse sobre el particular. El SAR requiere cambios urgentes para incrementar las pensiones y disminuir el riesgo para las finanzas del país.

 

ESCANDALAZO EN PUERTA

 

Está a punto de estallar un bombazo en el ISSSTE relacionado con la entrega o, mejor dicho, con la no entrega de vales. Desde diciembre no han entregado los vales correspondientes a las prestaciones de fin de año a 90 mil trabajadores y, a raíz de la renuncia de José Reyes Baeza, el asunto viene sufriendo mayores retrasos. La argumentación esgrimida por Juan Manuel Verdugo, en su calidad de encargado del despacho, gira solamente en torno a los esfuerzos hechos para liquidarles, los primeros días de enero, las prestaciones económicas y lo correspondiente a los ajustes  del calendario. Sigue pendiente les reintegren impuestos indebidamente cobrados y los vales vía la tarjeta Hypervale con la cual deberían hacerles válidos 11 mil 700 pesos a cada trabajador.

 

La situación envuelve a la candidata del PRI por el Distrito VIII de la ciudad de Chihuahua, Minerva Castillo Rodríguez, quien lanzó en su calidad de administradora del Instituto la convocatoria para la adjudicación y manejo de los vales. Ganó la empresa Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, S.A.P.I. de C.V. el contrato y el manejo ordenado sería a través de monederos electrónicos por un monto de mil 80 millones 763 mil mil 53 pesos con 47 centavos. Pero resulta que pagaron por otra vía vales y esto fue para la firma Corporativo Crecimiento Orbi, domiciliada en la Ciudad de Chihuahua, de donde son originarios Reyes Baeza y doña Minerva.

 

El monto de lo que se presume un gran fraude otra vez en contra de los trabajadores surge de la multiplicación de 11 mil pesos de prestación en vales por 70 mil trabajadores. Trascendió fue depositado desde noviembre el total de esta operación, pero está invertido y los intereses generados, si es que no han desaparecido el capital, irán a parar a “ya sabe usted donde”.

 

AÚN HAY MÁS

 

De Estados Unidos llegaron dos noticias, una buena y otra mala. La buena anuncia la derrota del PRI y sus aliados y del PAN y sus partidos adoptados. Advierten se llegó al colmo, al hartazgo y no hay manera de lograr el apoyo ciudadano requerido para seguir manejando los destinos del país. Si como se sabe tales declaraciones tienen sustento en los seguimientos hechos por los equipos de inteligencia en material electoral y política, enviaron la crónica de una derrota ya anunciada y la cual, si se hubiesen tenido autoridades electorales incorruptibles, se hubiese presentado años atrás.

 

La otra información, la mala, revela la farsa gubernamental sobre la supuesta persecución de Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Autoridades del vecino del norte niegan haber recibido solicitud alguna de búsqueda del ex mandatario, mucho menos la referente a su detención. Por lo tanto, este tiempo ha venido sirviendo para el embargo provisional de algunos bienes y todo apunta a centrar su caso en devoluciones y alargar tanto el cumplimiento de las órdenes de aprehensión como someterlo a juicio.

 

En contrario surge la denuncia, queja, lamento de Ricardo Anaya al descubrir es perseguido, trae otro vehículo atrás, es acosado y resulta ser un enviado del CISEN, quien, al ser interrogado por el candidato AA -azul y amarillo-, acepta pertenecer a ese Centro y haber sido comisionado para evitarle, entre otros, cualquier percance. A esto llama Anaya, espionaje; para el titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, es simplemente seguimiento de actividades. ¿Y cuál es el objetivo de conocer las actividades realizadas? Ya se sabrá como llamará el responsable del CISEN esta actuación, mientras tanto dieron una alerta de tomarse muy en cuenta para AMLO. Seguramente tiene sombras iguales así que ante cualquier incidente desagradable ya cuenta con testigos para identificar y, obviamente, castigar tanto a los causantes materiales como a intelectuales

 

DE LOS PASILLOS

 

El Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, decidió imponer un régimen más restringido a las visitas de Elba Esther Gordillo, en prisión domiciliaria, y le prohibió comunicarse vía telefónica o electrónica con personas no autorizadas judicialmente. El juez federal le dio un plazo de 24 horas a la maestra para que le entregue el nombre, identificación oficial y comprobante de domicilio de sus visitantes, así como el carácter en que acudirán a verla. Caballero impuso un control mayor a las comunicaciones y visitas de Gordillo pero negó la autorización para volverle a colocar el brazalete electrónico, una petición que también hizo la PGR, quien se quejó el jueves pasado de que Gordillo convirtió su departamento en Polanco en una “oficina de despacho” en la cual incluso recibe hasta 10 personas por día…

 

Al menos hasta el primer semestre de 2018 continuará la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos, previó BBVA Bancomer. “La inflación en el 2017 subió. Si los salarios nominales son rígidos en México, esto se tradujo en una caída del salario real por el aumento de la inflación”, explicó Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer. La inflación del año pasado fue de 6.77 por ciento, mientras que al caída del salario real promedio  fue en ese periodo de 1.2 porciento, lo cual se reflejó en menor demanda de crédito y en una menor tasa de crecimiento en la captación de los bancos…

 

Por el delito de desaparición forzada de personas, un Juzgado de Veracruz decretó vinculación a proceso a 19 ex policías estatales, incluidos mandos de la SSP en el sexenio de Javier Duarte… El juez en turno ratificó la prisión preventiva para Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la gestión de Duarte y actualmente procesado por otros delitos. Asimismo, confirmó la prisión preventiva contra José Óscar Sánchez Tirado, ex director general de Prevención y Readaptación Social de Veracruz, quien ya había sido detenido por el delito de desaparición forzada de personas tras una acusación de colectivos en Veracruz. También se le dictó prisión preventiva oficiosa a Roberto González Meza, ex director de un grupo de élite de la SSP, y supuestamente encargado de torturar, ejecutar y desaparecer a vinculados a la delincuencia. Los 16 procesados restantes también fueron recluidos en el Penal Pacho Viejo, acusados de ser parte de la estructura sistemática de desaparición forzada encabezados por Bermúdez… El juzgado concedió un plazo de cuatro meses a la Fiscalía para la investigación complementaria…

 

En medio de un clima de violencia en el estado de Colima por la disputa entre bandas del crimen organizado desde el 2015, la cual ha generado récords de homicidios en 2016 y 2017, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ordenó cambios en su gabinete de seguridad: José Guadalupe Franco Escobar salió de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Javier Castaño Suárez de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El mandatario informó designó a Gabriel Verduzco como encargado del despacho de la PGJE, pues el Congreso debe ratificar el nombramiento. Además, Hugo Vázquez Colorado sustituirá a Javier Castaño Suárez en la SSP…

 

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