Lilia Arellano.
“¡Aquel tiempo feliz en el que éramos
tan desgraciados!”: Alejandro Dumas
⦁ México, en su peor momento
⦁ Cajas Cancún: persisten amenazas y violaciones
⦁ Culpa PGR al Poder Judicial de las ilegalidades
⦁ Impunidad el gran problema estructural: CNDH
⦁ Pesado lastre el binomio de la corrupción: SCJN
⦁ México, entre naciones con más trata de blancas
⦁ OCDE: decepcionante el Sector Salud en el país
⦁ Presupuestazo para el 2018 = “a gastar a gusto”.
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2017.- Al cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, México resiente el peor momento de su historia. El mexiquense hereda la violencia más dramática de la Nación en los últimos tiempos con más de 105 mil muertos hasta el momento, a los cuales deben agregarse las desapariciones y las denuncias de torturas y violaciones a derechos humanos. Se padece un problema de impunidad muy fuerte y un Estado de derecho débil, con un peligroso fenómeno de carencia de gobernabilidad. La situación de la salud es decepcionante, con una esperanza de vida de 75 años, seis años menos que el promedio de los países de la OCDE. La pobreza y la falta de oportunidades en diversas regiones del territorio nacional son también asignaturas pendientes de la actual gestión y retos monumentales para el nuevo gobierno.
En su discurso de investidura como doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la historiadora y académica Josefina Zoraida Vázquez y Vera compartió en el presente la invade una atmósfera de desolación ante “las amenazas externas y problemas internos de corrupción, violencia, abusos, y problemas electorales que hacen, como afirman algunos comentaristas, que este sea el peor momento de nuestra historia”. Y los reportes oficiales y de organizaciones no gubernamentales en torno al estado actual de la República, su administración y el status quo de la población, le dan toda la razón.
Por ejemplo, en el tema de la impunidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de su titular, Luis Raúl González Pérez, la considera “un problema estructural, es decir, cuántas sentencias se emiten frente al volumen de los delitos que se cometen”. El ombudsman se refirió al reciente informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), en el cual se advirtió que las investigaciones penales en la justicia civil contra militares que han violado derechos humanos de los ciudadanos son poco efectivas, pues hay un bajo número de pesquisas contra soldados y muchas menos sentencias”. Se trata, dijo, de casos de impunidad.
De acuerdo a cifras de la propia CNDH, de 2006 (año en que se puso en marcha la estrategia contra el crimen organizado) al 31 de octubre de 2017, ha recibido 10 mil 907 quejas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 2 mil 802 contra efectivos de la Marina Armada de México. En ese mismo periodo, el organismo emitió 125 recomendaciones por violaciones a garantías cometidas por soldados y 41 contra marinos. En estos casi 11 años, la comisión ha iniciado 941 expedientes de queja contra la Comisión Nacional de Seguridad (antes Secretaría de Seguridad Pública federal) y 6 mil 322 contra la Policía Federal. De esas investigaciones, se han desprendido 101 y 60 recomendaciones, respectivamente.
Casos destacados de impunidad en el país fueron revelados por el informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en el cual se destacó que el grupo delictivo de Los Zetas habría sobornado al ex gobernador y al actual mandatario de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira, respectivamente; al ex mandatario de Veracruz, Fidel Herrera; y a funcionarios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para obtener contratos y así poder lavar dinero.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez se refirió a la empresa First National Security, en Quintana Roo, cuyas cajas de seguridad fueron incautadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en el contexto de las pesquisas contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo, y la cual generó las quejas de los usuarios. “La PGR envió una respuesta que hemos pedido que precise… Preguntamos si acepta nuestras medidas cautelares (a favor de los usuarios). No fue precisa. Por eso nuestro personal fue a Quintana Roo para atender a las personas. No estamos en contra de la investigación, pero no estamos de acuerdo en que se afecten derechos de terceros”.
Fue el 3 de noviembre cuando la PGR aceptó la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación a las más de mil 500 cajas de seguridad aseguradas en Cancún. La CNDH había solicitado se garanticen los derechos constitucionales de los usuarios de las cajas de seguridad a través de diligencias ministeriales transparentes para dar certeza sobre la salvaguarda de sus pertenencias. También pidió que los clientes cuyas cajas no se encuentran relacionadas con la investigación ministerial sean informados del procedimiento para recuperar sus objetos. Mediante un oficio, la SEIDO explicó a la CNDH las acciones realizadas para la atención de dichas medidas.
En ese tenor cabe hacer notar que, independientemente de las violaciones a los Derechos Humanos, se han presentado aquellas relacionadas con preceptos constitucionales, con las Garantías Individuales, con la interpretación a modo del debido proceso y de los pasos a seguir partiendo de la base de presunción de inocencia de todos los no relacionados con un supuesto expediente que dio origen al aseguramiento de un inmueble en cuyo interior existen 1500 contratos de arrendamiento personales, sobre los cuales actuaron sin ningún respeto bajo una interpretación de culpabilidad sin sustento legal.
Un sinnúmero de explicaciones han sido vertidas por funcionarios de la SEIDO y las seguridades de una pronta recuperación de pertenencias siguen en el limbo. Se obliga a los usuarios a realizar una declaración, ¿por qué? ¿Qué es lo que se declara? Ante una autoridad se hacen preguntas incluidas en los contratos de arrendamiento, toman nota de ésta como si se tratara de una declaración formal, ante un Ministerio Público al que se acude sin saber cuál es la causa. Se exige una relación-inventario del contenido de las cajas y la comprobación de haber sido adquiridas lícitamente. La sola presentación de un contrato de arrendamiento es prueba suficiente de que el contenido es propio y debido a lo variado del contenido la comprobación de su lícita adquisición pudiera ser necesaria si antes existiera una investigación por la supuesta comisión de delitos ligados a las responsabilidades de la SEIDO, es decir: delincuencia organizada, ligada a los estupefacientes o lavado de dinero.
¿Mil 500 usuarios resultaron sospechosos de todo lo anterior? ¿Inventariar sus bienes bajo el recordatorio los llevará a perder aquellos no reflejados en su memoria en el momento de tan irregular declaración? Quienes se han presentado a realizar esta acción permanecen hasta tres horas frente a esta autoridad y después de más de un mes no llegan ni a 50. A quienes les han entregado sus pertenencias se les condicionó a retirar sus amparos y a comprometerse a no levantar denuncias frente a ninguna otra autoridad, de otra forma, sin ese compromiso, tendrían que esperar y recoger sus pertenencias en la capital del país. Se les prohíbe dar información al resto de los arrendatarios y no llegan ni a una docena a quienes ya les hicieron la entrega obligándolos a salir por una puerta trasera aduciendo protegerlos de asaltantes.
Autoridades interrogadas por las acciones realizadas han referido la responsabilidad del Poder Judicial, de ser los jueces los culpables de no emitir las órdenes de cateo. Pero, ¿acaso la PGR solamente puede actuar si tienen en sus manos estos documentos? Al no tenerlos actuaron por la libre, bajo su propio criterio y con el rompieron muros del inmueble, a martillazos abrieron cajas, otras permanecen cerradas sin alteraciones y muchas más presentan una visión irrepetible, de asalto. ¿Interrogatorios intimidantes? Queremos suponer es debido a permanecer cuestionando a delincuentes manejan una imagen dura, adusta en el rostro, la mirada se torna penetrante en busca de no se sabe cuál reacción en el interrogado y lo logrado es la presencia de una ambulancia para trasladar a una mujer víctima de un ataque de nervios.
El asunto cobró su primera víctima y se torna cada vez en severamente crítico. Lo anterior revela el pobre interés en aquellos relacionados con urgencias médicas. Ninguno de los habitantes en Quintana Roo puede negarse a cooperar con la autoridad, sobre todo con aquellos cuya misión es liquidar a las mafias del narco, de la trata de blancas, del secuestro. En la entidad se padece un promedio de 3 muertos cada día, ya sea ejecutados o vilmente masacrados. Balaceras, secuestros, asaltos a mano armada, etcétera y, sabedores de lo importante de mantener la seguridad en un polo turístico, un interés policiaco directamente involucrado en esta lucha merece todo el respaldo y, sin duda, éste se hubiese brindado si el mínimo de derechos ciudadanos se hubiese respetado. No ha sido así en ningún momento, por más explicaciones y declaraciones emitidas por las autoridades y dedicadas a cerebros vacíos, sin el mínimo recato o una cercana presencia de la lógica.
Al escribir estas líneas se habían recibido dos informes sin relación con la devolución de las pertenencias, si acaso, argumentan, con hacer más ágil una entrega de bienes, sin fecha: “con o sin desistimiento de amparo se realizará la entrevista”. “A partir del lunes 13 a la una de la tarde estarán presentes los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”. ¿A ellos si les presentarán esa amplia carpeta de investigación que hace culpables a todos los arrendatarios de las cajas? Justo ese día concluye el acuerdo al que llegaron representantes de los usuarios, dos legisladores federales –Chanito Toledo y Patricia Sánchez- y las autoridades para la entrega de los contenidos de las cajas. De no ser así volverían a cerrar la calle y a las protestas. Se pasó ya la semana de cumplimiento por parte de los afectados y el nuevo parche lo montan sobre la CNDH así que, habrá que prepararse para otra dotación de explicaciones en donde lo más seguro es que nada está seguro.
Ciudadanos de y con buena fe desean convencerse de la ignorancia del procurador sobre estas actuaciones, consideran puede no estar bien o suficientemente informado sobre el diario acontecer en este punto sobre el cual han tomado nota usuarios de cajas de seguridad en todo el país, con su respectiva carga de incredulidad y dudas sobre si proteger sus bienes de los delincuentes los expone a las acciones arbitrarias y tal vez al despojo por parte de las autoridades. Esto aún no concluye.
ERRORES Y FRIALDAD NUMÉRICA
Tan sólo en 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un rezago de 47.5 por ciento en la investigación de casos recibidos, lo cual representa un bajo índice de efectividad. De acuerdo al reporte Lineamientos para un modelo homologado de investigación criminal, realizado por México Evalúa y el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C., de las carpetas determinadas el año pasado, a nivel federal, solamente 0.36 por ciento se resolvió como no ejercicio de la acción penal mediante mecanismos alternos, mientras 0.18 por ciento de las carpetas iniciadas llegó a juicio oral y el resto se resolvió por otras vías o se encuentra pendiente de determinación en la PGR o, en su caso, en trámite en el Poder Judicial de la Federación.
Las propias cifras del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señalan: en 99 por ciento de las causas penales que se iniciaron en 2016 hubo flagrancia, lo cual demuestra las deficiencias en las capacidades de diferentes áreas de la PGR para investigar y resolver los casos que tiene. María Novoa, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa-Cidac, urgió se instale un modelo homologado de investigación criminal en las instituciones de procuración de justicia de todo el país. Explicó: ponerlo en marcha agilizará la adecuada operación del sistema penal acusatorio.
CORRUPCIÓN-IMPUNIDAD, PESADO LASTRE: SCJN
“El binomio corrupción-impunidad es un pesado lastre que enfrenta nuestra sociedad por sus enormes repercusiones sociales, económicas y políticas”, sostuvo Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien advirtió: la corrupción es absolutamente inaceptable y, en el Poder Judicial Federal, será combatida con energía, sin tregua ni descanso.
Al inaugurar la XII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), la cual agrupa a juzgadores de todas las materias y fueros, señaló: “tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”.
En el Centro de Convenciones de Campeche XXI, Luis María Aguilar reiteró no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país. “Nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución y esa labor ni la vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica”. Recordó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no es un sistema de prisiones o libertades, no se trata de ocurrencias de los jueces, sino de un sistema sustancial de protección de derechos fundamentales.
A los jueces no les toca más que cumplir y acatar las obligaciones que les imponen la Constitución y la ley, por la protección de los derechos de todos, señaló el ministro presidente. “Los jueces tienen ante sí una gran responsabilidad de hacer realidad los principios del Nuevo Sistema, siempre en el respeto a los derechos fundamentales y legales que amparan a toda persona en nuestro país”, subrayó.
VÍCTIMAS DE TRATA
México es uno de los 25 países donde hay más víctimas de trata de personas. Los sectores más vulnerables ante este flagelo son mujeres, niños, indígenas y migrantes, procedentes de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).
Durante el seminario internacional La trata de personas en contextos de movilidad humana, organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Cátedra extraordinaria de trata de personas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expertos en la materia demandaron a las autoridades acciones decididas y eficaces para enfrentar este delito.
La Organización Internacional para las Migraciones atendió a 8 mil 500 personas en todo el mundo víctimas de trata, de las cuales 6.5 por ciento se daba en América Central y el Caribe. Del total de casos, 87 por ciento fueron sometidos a trata transfronteriza y 80 por ciento fue obligado a desempeñar trabajo forzoso, precisó Christopher Gascón, de esa organización.
El Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, precisa: las instancias de procuración de justicia en el país reportaron para el periodo de 2009 a 2015, mil 267 víctimas de este delito, de las cuales 42.2 por ciento son mexicanos, 7.18 por ciento extranjeras y 50.59 por ciento restante (641 personas) no se tiene registro de nacionalidad.
La falta de identificación oportuna de víctimas de trata y la detección de personas y poblaciones en riesgo vulnera o propicia la violación de los derechos humanos y ayuda a perpetuar condiciones estructurales que fomentan la falta de acceso a la justicia y promueven la impunidad, sostuvo el ombudsman nacional. Para combatir este flagelo deben atenderse problemas como la violencia familiar y en las relaciones de noviazgo, para lo cual es indispensable destinar recursos, generar políticas públicas y marcos jurídicos que protejan de manera eficaz a las víctimas, señaló Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra extraordinaria de trata de personas.
DECEPCIONA SALUD
Es verdaderamente decepcionante la situación de la salud en México. La esperanza de vida en el país es de sólo 75 años, la más baja entre las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las cuales en promedio superan a los mexicanos con seis años más de existencia. La inversión en el sector se ha mantenido igual en los recientes 12 años, 6 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual explica resultados como la probabilidad de muerte de los connacionales en el primer mes posterior a un infarto al corazón es cuatro veces más alta.
El promedio en la OCDE de la inversión en salud como porcentaje del PIB es de 9 por ciento, mientras en Estados Unidos es 17.3; en Suiza, 12.4; en Alemania, 11.3; Suecia y Francia, 11 por ciento. Otro dato revelador es el gasto de bolsillo, es decir, el erogado por las familias de sus recursos para atender enfermedades y el cual en México representa 41 por ciento del gasto en salud -en la OCDE equivale a 20 por ciento-. Cuando el gasto de bolsillo es superior a 20 por ciento, se favorece que las personas incurran en gastos catastróficos, es decir, se empobrezcan por la necesidad de cubrir tratamientos de alto costo por padecimientos graves como el cáncer. En contraste, incrementar 10 por ciento la inversión en salud se traduce en un incremento de tres meses en la esperanza de vida.
De acuerdo al informe de la OCDE Panorama de la Salud 2017, México es el peor calificado en todos los indicadores, salvo tres: tiene el menor nivel de tabaquismo y consumo de alcohol, así como la menor cantidad de ingresos al hospital por complicaciones de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Pero en cuanto al sobrepeso y obesidad, está en el primer sitio con más del 70 por ciento de la población en esta condición física que, a su vez, está asociada al desarrollo de otros males. El 10 por ciento de los mexicanos fuma y en la OCDE el promedio es de 20 por ciento. La ingesta de alcohol está en cinco litros per cápita al año en México y en la OCDE es de nueve litros.
DE LOS PASILLOS
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del viernes el dictamen, en lo general y en lo particular, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018. Tras más de 10 horas y media, con 253 votos a favor y 205 en contra, fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación, luego de la presentación de 346 reservas y cien oradores en tribuna… Los legisladores no aceptaron ninguna reserva, todas fueron desechadas. Únicamente se aprobaron dos modificaciones de la Comisión de Presupuesto, presentadas como fe de erratas. En una de ellas, se corrigieron los recortes de Adeudos Fiscales Anteriores, para que queden en 17 mil 091 millones de pesos, y en otro en el Consejo de la Judicatura Federal, con la cifra modificada en 61 mil 838 millones de pesos.
Más de 5 billones 272 mil 667 millones de pesos podrán erogar los tres niveles de gobierno el próximo año. En la bolsa total se incluyeron 18 mil millones de pesos extras para reconstrucción de los bienes inmuebles dañados durante los sismos del pasado mes de septiembre. También se destinarán 2 mil 500 millones de pesos para apoyar a los afectados por los temblores de septiembre a través del Fondo para la Reconstrucción (Fonrec). Se aprobó otorgar 170 millones de pesos al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. En el caso de la Ciudad de México, se incrementó al 100 por ciento el Fondo para la Capitalidad, el cual pasó de mil 250 millones a 2 mil 500 millones de pesos. A las dependencias federales, se destinaron un billón 23 mil 678.6 millones de pesos. Entre las secretarías con incrementos significativos están: Gobernación, quien recibirá mil 80 millones de pesos adicionales y gastará 64 mil 288 millones; Comunicaciones y Transportes, tendrá 7 mil 444 millones extras. En total contará con 84 mil 548 millones de pesos; Educación Pública obtuvo 5 mil 526 millones más, con lo cual ejercerá 280 mil 969 millones de pesos; Hacienda y Crédito Público recibirá 750 millones de pesos más y podrá gastar 26 mil 458 millones de pesos; Salud tiene 622 millones de pesos extras, con lo cual contará con 122 mil 557 millones de pesos…. En cuanto a los ramos autónomos, en los cuales están incluidas las cámaras de Diputados y Senadores, los diputados aumentaron su presupuesto a 200 millones de pesos, con lo cual sus gastos pasarán de 8 mil 239 millones a 8 mil 439 millones de pesos. En el caso del Senado, el presupuesto con el que contarán será de 4 mil 905 millones de pesos
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