Lilia Arellano.
“Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República”: Luis Donaldo Colosio
- Gobierno debilitado
- Impunes las ejecuciones extrajudiciales
- Huachicoleros, nuevo enemigo público
- Cimbra video de una presunta ejecución
- Investigación a fondo, demanda Sedena
- Gobierno quintanarroense en imaginaria
- Denuncias de ASF ante PGR, sin efectos
Ciudad de México, 12 de mayo de 2017.- El jefe del gabinete de seguridad, Miguel Ángel Osorio Chong, admitió haber estado el Ejecutivo federal a punto de dictar “estado de excepción” en Puebla y, con ello, dar inicio a otra etapa dentro de la vida nacional registrada en su mandato. Vuelven a generar división sus ordenamientos al quedar exhibida una conducta sujeta en el presente a la crítica y en vías de investigación al aplicarse el término “ejecuciones extrajudiciales” en contra de los huachicoleros, a las acciones emprendidas por el Ejército. Existe por otra parte y ante la falta de policías capacitados, bien armados, dispuestos a desempeños honestos, la necesidad de echar mano de los militares cuyos superiores no cesan en repetir “sin seguridad, no hay nada”.
Por lo tanto, los riesgos de la militarización de la seguridad pública en el territorio nacional están a la vista acompañados de una grave y persistente crisis de derechos humanos, de costa a costa y de frontera a frontera. Las ejecuciones extrajudiciales son sin duda los casos más graves y, lo peor, se mantienen en la impunidad. A eso debemos sumarle los homicidios, la corrupción, la tortura, la violación a la presunción de inocencia, entre muchas otras. A Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se le podría agregar el caso de la presunta ejecución de un civil (huachicolero) por un militar en Palmarito, Puebla, la cual fue difundida en un video por un diario local de esa entidad y reproducida por otros medios de comunicación nacionales.
Dicho video cimbró al país y dio fuerza a las voces de alerta de quienes se oponen a la pretensión de dar un marco legal propicio para una mayor acción de las Fuerzas Armadas en caso de “afectaciones a la seguridad nacional”. Por falta de consensos entre las fracciones parlamentarias, en el Congreso se ha atorado la aprobación de las leyes en materia de seguridad para legalizar la actuación de la milicia, por lo que ésta sigue pendiente. Como también sigue pendiente el compromiso del inquilino de Los Pinos de regresar a sus cuarteles a los militares. Se apresuraron la mañana de ayer los de la PGR para redactar el boletín en el cual, como es costumbre, dan a conocer han iniciado la investigación correspondiente e informarán a las autoridades militares sobre la conclusión de ésta para la aplicación, en caso de existir comprobaciones de culpabilidad, de la ley. Lo mismo hicieron en la Procuraduría militar.
Sin duda, el futuro de la Nación está en riesgo en estos aciagos momentos. Lo asentado en el papel muestra a México como una República con un sistema político fundamentado en el imperio de la ley (es decir, la Constitución y los ordenamientos que de ella emanan). Como parte fundamental tiene la predominancia del Estado de Derecho, incluyendo por supuesto los derechos humanos, la cual sigue sin aterrizar en la realidad al igual que una democracia emanada del pueblo, siendo esto último todavía un deseo incumplido al carecer de facultad para ejercer el poder a través de quienes son nombrados gobernantes y cuya elección se lleva a cabo a través del voto directo. Si, como se advierte y registra, todo lo anterior solamente permanece impreso pero no se practica, el peligro está en avanzar hacia un gobierno militar, aún de carácter temporal, en el cual el Estado es controlado por militares o ramas del Ejército. Es decir, alejarse aún más de ser una República con un sistema democrático… por llegar, algún día.
Cabe recordar que una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las fuerzas armadas que impiden cualquier forma de control democrático. Se originan como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces tras un pronunciamiento militar o golpe de estado. Un primer paso hacia esa dirección lo es sin duda la declaración de un estado de excepción, es decir, la situación extrema del Estado, en el cual el mandatario ejerce su facultad de determinar al enemigo público (narcotraficante, huachicolero, terrorista, etc.), trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público. El estado de excepción es un régimen que puede declarar el gobierno de un país en situaciones especiales, aun cuando la ineficiencia e incompetencia de esas mismas autoridades las haya generado.
La debilidad institucional de la actual administración federal ha llevado a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto a perder el respaldo popular que lo llevó a ocupar la Primera Magistratura del Estado y actualmente sólo cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales hasta el momento han demostrado su lealtad constitucional a su comandante en jefe. Pero la estrategia de mantenerlas fuera de los cuarteles realizando labores alejadas de su jurisdicción constitucional, con la flagrante violación de las leyes vigentes, las ha desgastado y las coloca en el ojo del huracán y bajo la lupa de observaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales, y bajo el escrutinio de la opinión pública nacional.
ASESINATOS AL MAYOREO
La ola de violencia en territorio nacional, la cual ha permitido colocar a México como el segundo país en el mundo con más asesinatos dolosos, sólo debajo de Siria, de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (ISS), demuestran lo equivocado de la estrategia seguida desde el gobierno de Felipe Calderón y durante la actual gestión de Peña Nieto, totalmente puesta contra la pared por las organizaciones criminales, por lo cual la tentación de militarizar al país está presente más que nunca.
Las dictaduras militares en América Latina fueron promovidas por el gobierno de Estados Unidos para garantizar la fidelidad de los ejércitos latinoamericanos a los intereses políticos y económicos y la política exterior estadounidense. Históricamente se utilizó para ese efecto la amenaza del comunismo; en los últimos años el pretexto son las organizaciones dedicadas al narcotráfico y a los negocios ilegales aledaños, entre los que se cuenta el tráfico humano y el robo y venta ilegal de combustible.
México lleva ya recorrido un buen trecho hacia ese camino desde la firma de la Iniciativa Mérida, el tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el cual entró en ejecución desde junio de 2008. Nueve años después las organizaciones criminales no sólo no han sido controladas, sino se han multiplicado, se han fortalecido y retan al Estado en su conjunto.
Con los principales jefes de los cárteles del país asesinados o detenidos o extraditados hacia Estados Unidos, la designación del enemigo público se dirigió ahora hacia los ladrones de combustible, conocidos como huachicoleros, los cuales operan en diversas entidades, especialmente en Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. En las últimas horas, la Procuraduría General de la República (PGR) reportó que en 7 años inició más de 12 ml 500 averiguaciones previas por robo de combustible en ductos de Pemex y solamente ejerció acción penal en contra de 2 mil 735 personas identificadas como presuntos responsables de estos ilícitos. De acuerdo a las estadísticas de la dependencia, la cantidad de litros asegurados de gasolina y derivados de petróleo a partir del año 2013 y hasta 2016, ascendieron a 3 millones 623 mil 251 litros. De 2010 a julio de 2016, el Ministerio Público contabilizó un total de 727 tomas clandestinas detectadas en todo el país.
CON TODO
Tras un fuerte enfrentamiento entre miembros del Ejército y huachicoleros en la comunidad de Palmarito Tochoapan, Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un reforzamiento en el combate a esta práctica delictiva. El propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, admitió en entrevista radiofónica que pensaron aplicar el estado de excepción en Puebla. En seguimiento a la instrucción presidencial de diseñar una estrategia integral para combatir el robo de ductos de Petróleos Mexicanos, el miércoles pasado se reunieron los integrantes del gabinete de seguridad con los titulares del denominado Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustible, que agrupa a las secretarías de Hacienda y de Energía, así como a Pemex, y en el cual también participan el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.
De acuerdo a la información oficial, acordaron nuevas acciones para agilizar y fortalecer la estrategia y establecer un encuentro de coordinación la próxima semana con los gobernadores de las entidades con mayor incidencia en este delito. Todo ello en virtud de, tras más de cuatro años de encontrarse en la Presidencia de la República, descubrir la existencia de estos ductos, de su ordeña, de ser la forma de vida de comunidades a las cuales no les han dado ninguna oportunidad de desarrollo. Esto después de revelar una cadena de complicidades y corruptelas cuya existencia data de mucho tiempo atrás y si se llegó a las extracciones reportadas es por las complicidades con autoridades e inclusive líderes sindicales del ramo unidos fuertemente por los intereses económicos generados.
El recrudecimiento y la violencia en las acciones para combatir el robo de combustible no se ve aplicado a las oficinas, a los sitios desde los cuales se ha brindado, inclusive, asesoría para evitar tragedias en esos puntos de extracción. En la cadena está la transportación, la venta y no en su totalidad a las gasolineras en las cuales aplican amenazas para obligar a su recepción. Existen controles sobre la presión ejercida al paso del combustible y al parecer quienes los checan, los responsables durante 24 horas de cada día de observar esa regulación, no detectan la disminución de ésta al ser alterado el flujo con la extracción.
Hace mucho tiempo se hacen estas denuncias y sin embargo no hubo ni acción ni reacción y tuvieron que pasar 4 años de gobierno y del nombramiento del grupo de seguridad para poner en jaque a una sola comunidad. Nunca, por lo visto, hicieron recorridos a pie por la zona de ductos. Ninguna vigilancia ejercida y esa irresponsabilidad no tiene castigo, a nadie se culpa del daño, los encargados no enfrentan ninguna denuncia ni pena corporal, ni siquiera son destituidos.
Es en ese contexto en el cual se presenta la difusión de un video en donde se observa como un militar dispara a la cabeza a quemarropa a un presunto huachicolero en los enfrentamientos de la semana pasada. Se puede apreciar como elementos del Ejército someten primero a una persona y, a pesar de que se encuentra tendida en el piso boca abajo, le disparan a la cabeza. Ejecución extrajudicial grabada desde una cámara posteriormente deshabilitada por otro uniformado. Lo exhibido en la cinta fue posteriormente confirmado con declaraciones de familiares de los detenidos quienes gritaron consignas para que no siguieran matándolos.
Tras la difusión de las imágenes, sobre todo en medios de comunicación afines al régimen de Peña Nieto, defensores de derechos humanos llamaron a las autoridades a investigar a los militares responsables del operativo del pasado 3 de mayo. El director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos humanos, José Antonio Guevara, indicó que aún en contextos de guerra, los militares no tienen autorización para matar a una persona indefensa. El director de la División de las Américas de Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco, consideró: “Hay normas básicas y todas ellas se violan en este video, que ojalá sirva para investigar estos hechos”.
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó a la Procuraduría General de la República indagar los hechos registrados en el video que, subrayó, pudo ser editado. El comunicado de la Sedena indica: “El video capta el momento en el que al parecer un elemento militar efectúa un disparo sobre un civil ya sometido, lo cual debe ser esclarecido fehacientemente por el Ministerio Público de la Federación que lleva la investigación de los hechos”. La Sedena agregó: “(Se debe) determinar con precisión si corresponde al lugar y evento de referencia, así como si es auténtico o editado, y en su caso deslindar las responsabilidades que correspondan”. También destacó colaborará “en todo lo que sea necesario” con la PGR para esclarecer el caso, con la convicción de que bajo ninguna circunstancia pueden justificarse conductas contrarias a la Ley y a los Derechos Humanos.
Lo visto, visto está.
PROCESAN A NUEVE
Fueron vinculados a proceso nueve detenidos por los hechos de violencia del pasado 4 de mayo en Palmarito Tochoapan, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla. Cuatro de los detenidos, identificados como José Luis “N”, Javier “N”, Manuel “N” y Luis Alberto “N” están acusados de agresión a elementos del Ejército y se les imputa homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa agravado y delitos cometidos contra servidores públicos. Otros cinco aprehendidos, Gerardo Adrián “N”, Mauricio “N”, Oscar “N”, Pedro “N” y Jorge “N”, fueron acusados de homicidio en grado de tentativa agravado y portación de arma de fuego y de proyectiles útiles. Debido a la participación de militares en el caso, el Juez de Control consideró el asunto es de competencia federal y lo declinó al Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.
No se ha abierto ningún expediente en contra de quienes permitieron durante años la extracción del combustible, mucho menos se fincan responsabilidades para aquellos cuya función conlleva un permanente patrullaje. Es obvio no puede esperarse lleguen hasta las cúpulas. Quienes podrían aportar mucha información son los encargados de las estaciones de servicio, sin embargo lanzaron su primera amenaza al advertir: investigaremos a los gasolineros para descubrir quiénes han comprado combustible robado.
EN LA IMAGINARIA
La omisión no sólo es un pecado citado por la Iglesia, es también un delito. De él pudieran ser acusados un número similar o tal vez mayor de funcionarios públicos. Los hay, como es el caso de Julián Ricalde, titular de la dependencia encargada del campo, ausentes en todo momento, sin dar la cara ni siquiera cuando se llevan a cabo manifestaciones de inconformidad de los campesinos surgidas lo mismo por falta de entrega de apoyos, que de pagos de seguros o denunciando agresiones. El ex alcalde de Benito Juárez, Cancún, con todo y colección de relojes, fue llamado para ocupar una cartera importante, más aún si se promovió la diversificación económica y llevar a la realidad la posibilidad de convertir a los municipios del Sur en proveedores de alimentos de las zonas hoteleras quintanarroenses.
No es uno ni dos los puntos débiles del nuevo gobierno en la perla del Caribe mexicano, van sumando otros en prácticamente todas las áreas y, sin discusión, la de la aplicación de justicia se lleva las palmas. Entre dimes y diretes aparecen datos en donde puede llegar a confirmarse el arreglo de aquellos decididos a salvaguardar su pellejo, su libertad, a cambio de entregar la fórmula y las acciones emprendidas para llevar a cabo desvíos, recaudar todo tipo de aportaciones o, de plano, llegar a acuerdos a nivel magistraturas para llevar a una de las partes, ya sea la demandada o la demandante, favorables. Esperan surjan delatores como en el caso de Javier Duarte. Se dice de empresarios dispuestos a devolver el dinero obtenido en operaciones con el ex veracruzano, inclusive. Como el gobierno no ha ejercido ninguna acción ni levantado cargos en contra de Manzur, o del entramado de amigos por él hecho, los reclamos y la ira se manifiesta en contra de Karime Macías a quien no pueden detener porque nada hay para comprobarle como delito. Y si a eso se agrega la amistad entre su padre y el titular de Energía a nivel federal, además de haber sido bendecidos en dos ocasiones con el premio mayor de la Lotería, poco hay por hacer.
Cuando se dan muestras de no proceder aún y cuando la violación a una ley esté totalmente exhibida, poco puede esperarse y, tal es el caso de UBER y su operación en Quintana Roo. En versión del presidente de los hoteleros existe plena conciencia de una operación ilegal de esta plataforma al estar regulado el sistema de transporte en la entidad. Solamente esa certeza debe dar lugar a las acciones y por supuesto a, como también lo revelan los dueños de los centros de hospedaje, no dañar a los taxistas, mantener sus fuentes de trabajo. Aplicar la ley tal debiera ser la premisa y no la captación de recursos vía la imposición de multas. Mantener elevada la espada de Damocles para cualquiera de las partes cuando se cuenta con un respaldo inscrito en la ley da pie a muchas presunciones y, ante antecedentes suficientemente visto de debilidad gubernamental inclusive frente a la federación, más valdría no abonar en un terreno donde construyen su propia resbaladilla.
Para quienes gustan de emociones tan fuertes que llegan al crimen, más vale escojan seres humanos del sexo masculino, porque si se inclinan por las del sexo femenino les impondrán sanciones mucho más severas. O sea, vigilen su elección, la diferencia entre un crimen y otro, aunque arroja un cadáver, proporciona dolor a todo una familia, no es lo mismo, porque aunque no lo crea, para muchas opiniones una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y así como se pide igualdad se pelea la desigualdad, así como se exige justicia para unas se evita hablar de la delincuencia que amenaza a todos. No vaya a ser que por andar peleando la equidad igualen los números de estadísticas de homicidios dolosos cometidos durante la última década porque entonces sí veremos las mujeres lo que es salir perdiendo y con la posibilidad de no ver jamás a los asesinos castigados.
DE LOS PASILLOS
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado desde 1998 a la fecha ante la Procuraduría General de la República (PGR) 741 denuncias que dan cuenta de un daño al erario por un monto de 41 mil 977 millones 919 mil 408 pesos. De esas, 636 se encuentran en la fase de integración en el Ministerio Público, 18 están en proceso de amparo y 25 han sido consignadas ante los jueces. Éstas últimas corresponden sólo al 3.3 por ciento del total presentado ante el Ministerio Público destacó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), Joel Salas. El INAI resolvió que la ASF deberá entregar a un particular la información relacionada con el estado que guarda cada una de las denuncias penales que ha interpuesto en ese periodo….Total, que se enteren todos de una vez de los nombres de 25 pequeños peces atrapados y de los cientos que nunca conocerán una jaula…
La violencia sigue incontenible en el país: en el Estado de Guerrero, durante las últimas horas, 15 personas fueron asesinadas; ocho de ellas en un enfrentamiento a balazos entre miembros de los grupos delictivos La Familia Michoacana y los Tequileros, en la comunidad La Gavia, Municipio de San Miguel Totolpan…. En Veracruz, los cuerpos de cinco jóvenes asesinados a balazos fueron hallados en dos puntos del Municipio de Boca del Río…. En Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, activista y dirigente de un colectivo integrado por padres y madres de personas desaparecidas, fue asesinada la noche el miércoles en su domicilio en la ciudad de San Fernando. Un comando armado ejecutó el crimen….
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