Lilia Arellano.
“Hoy queda claro que los cambios no pueden ser ni marginales ni aislados”: Luis Donaldo Colosio.
- Federales y estatales, impunes
- César Duarte, apenas una caricatura de H. Moreira
- Ex jerarcas del gobierno federal “corridos” de OHL
- EPN y el vicepresidente colombiano; era su asesor
- Quintana Roo; reinan miedo, violencia e ilegalidad
- Javier Alatorre suma agresiones Vs Delfina Gómez
Ciudad de México, 19 de mayo de 2017. – La indignación ciudadana ha sido mayor al estar observando cada día el crecimiento del manto protector tendido a quienes han lucrado desde las posiciones de poder otorgadas por los electores. El espectáculo cuyo protagonista ha sido reiteradamente mencionado en los medios de comunicación, sobre quien se han vertido cuantos recordatorios maternales existen, Javier Duarte de Ochoa, es una pequeña caricatura frente a un personaje de la altura y categoría dentro de los grupos delincuenciales alcanzadas por Humberto Moreira. Al ex gobernador de Coahuila, ex dirigente bailador y recaudador nacional priísta, lo tienen “a tiro de piedra”, en territorio nacional, haciendo campaña, luciéndose públicamente y totalmente libre, lanzando demandas al viento con su consabido secreto para ocupar espacios de escándalo con los cuales reduce las críticas hacia quien fuera su cuate-cómplice-protegido-elegido, Enrique Peña Nieto.
Así, mientras permanece resguardada cualquier acción del Poder Judicial en su contra, merced a las instrucciones giradas por el Poder Ejecutivo, el tricolor se limita a señalar una y otra vez: Moreira ya no es priísta. Lo expulsamos. No hace mella alguna que el hermano y antecesor de Rubén Moreira fuera señalado a finales del mes de abril por un fiscal de los Estados Unidos por supuestas ligas con el narco, directamente con Los Zetas. Marciano Millán Vázquez y Rodrigo Humberto Uribe Tapia, fueron testigos -e inclusive ayudaron, según su propia declaración y presentación de documentos- de la forma en la cual colaboraron para lavar dinero de Los Zetas. La cifra mencionada fue 50 millones de dólares y por la cual el cártel entregó un porcentaje a funcionarios coahuilenses, incluyendo a don Humberto. Tampoco pesaron las acusaciones en España. Ha sucedido todo lo contrario: se le protege por encima de todo y de todos.
Les llevó a los mismos priístas y sus aliados los panistas más de 20 días reaccionar a los señalamientos hechos por Estados Unidos y, al igual que la jerarquía gubernamental federal, olvidaron el expediente abierto aún en España. Aceptan sin más ni más la versión de Moreira sobre la inexistencia de depósitos y propiedades en el extranjero, en Mónaco y en las Islas Caimán. Inclusive le abren espacios para su auto defensa y permiten reciba información sobre cualquier acción que en franca desobediencia pudiera emprender alguna autoridad en su contra, manteniendo como secretario particular a un paisano y ex colaborador en las oficinas de mando de la PGR. Pero, si eso fuera poco, el titular de la Procuraduría estatal, Homero Ramos, ex secretario durante la administración de don Humberto, lo exoneró al dictar en definitiva el no ejercicio de la acción penal en las acusaciones sobre fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Frente a las realidades no puede menos que calificarse de farsa cualquier información sobre actuaciones con las cuales pretenden devolvernos la seguridad, terminar con la impunidad y corrupción y hacer presente el Estado de Derecho.
Cualquier punto dentro del gobierno, relacionado con funcionarios o legisladores o integrantes del Poder Judicial, hace brotar pus. A nivel federal y también debidamente protegidos, aparecen mexicanos incluidos en la lista de “corridos” de OHL, sin que ello signifique les finquen alguna responsabilidad. Están José Andrés de Oteyza, quien ocupaba la presidencia del Consejo de la división México; Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz Sacristán, ambos consejeros. Nombres de ex funcionarios muy conocidos por haber ocupado puestos de dirección en Pemex y dentro del gabinete económico. Al declarar la constructora española el clásico: “cero tolerancia a la corrupción” al tiempo de realizar esta limpia dentro de su Consejo, aparece subliminalmente una confesión de parte y la directa acusación sobre quienes han dejado de pertenecer a su directorio.
DUDAS SOBRE DUDAS
En muchas mentes y escuchada a través de voces provenientes de todos los sectores, surge la interrogante: ¿cuánto más estaremos dispuestos los mexicanos a soportar? No solamente se trata de la carencia de capacidad e incluso de conocimiento vista por propios y extraños en las acciones del Ejecutivo federal y sus colaboradores, como es el triste caso de Aurelio Nuño, sino del grado de complicidad tejido con los gobernadores a través del titular de Relaciones Exteriores. La visita a Colombia del mexiquense trae aparejado el comentario de una reunión con Duarte de Ochoa y por supuesto con el actual vicepresidente de ese país, el General Óscar Naranjo, nombrado en México como asesor en materia de seguridad, cargo en el cual no se le vio desempeñar ninguna acción, ni siquiera recomendarla.
Existe la probabilidad de contar en el presente con información suficiente sobre el movimiento de los cárteles mexicanos, sus ligas con los colombianos y las acciones de ambos para surtir tan eficientemente al mercado norteamericano con la consabida protección de las Agencias que dicen operar en contra del narcotráfico en EU, en la meca del consumo de estupefacientes. Las tareas por desempeñar desde el momento de sustituir en la vicepresidencia a Germán Vargas Lleras, quien aspira a ser candidato presidencial el próximo año, se refieren a tratar con las FARC, garantizar seguridad ciudadana y llevar al éxito un programa en el cual buscan convencer a los campesinos de sustituir los cultivos de coca por otras plantaciones.
En México, sabemos, le ha resultado al gobierno federal más fácil y dicen barato, importar el maíz, dejarlo de sembrar. Por lo tanto, esas zonas de cultivo pasaron a manos de productores de mariguana y amapola, ya sea a través de rentarlas o con el convencimiento a sus propietarios de trabajarlas obteniendo, inclusive, mejores ganancias. Don Óscar, tal vez le diga cómo van a trabajar en el campo colombiano, aunque tal vez también decida confesar la detención de su hermano Juan David en el año 2006 por mantener relaciones directas con grupos mafiosos del narcotráfico, de proveedores de cocaína en Europa.
¿QUIÉN SALVARA AL CARIBE MEXICANO?
No hay exageración alguna cuando se trata de calificar la realidad a la que se enfrenta Quintana Roo, su gobierno y, por supuesto, los ciudadanos. Se han vivido días de terror ante una delincuencia a la cual ya no es tan fácil determinar facetas y objetivos. Secuestrados, una decena de asaltos en 24 horas, violadas las normas de seguridad en los bancos y, por lo tanto y luciendo armas de alto poder, penetran los delincuentes en sus instalaciones, amenazan a cajeros y clientela, abandonando el lugar en motos y con el botín resguardado. Días, noches y madrugadas son de pesadilla al escucharse las detonaciones a distancia y en zonas céntricas tanto en Cancún como en Playa del Carmen.
Durante la semana tres mujeres han sido despojadas con violencia de sus vehículos. Atracan joyerías, casas de empeños, locales ubicados dentro de las plazas, oficinas como Telecom, roban nóminas y cada día vemos nutrirse el catálogo de delitos. Ni que decir de las ejecuciones, de la aparición de cuerpos descuartizados, de los hechos conocidos de los cuales aún queda registro en los muros de la Fiscalía. Intentan tanto el gobierno municipal como el estatal a través de declaraciones y cambios de mandos crea la población, se tenga la esperanza del regreso de la seguridad. Sin embargo, cada paso revela todo lo contrario. Han pasado suficientes meses de operación del “nuevo”, aunque mejor dicho “reciclado” mandato actual y ni siquiera se han adquirido los chalecos antibalas para la policía estatal. Eso sí, ya les dijo el secretario del ramo: próximamente los tendrán.
A esta inseguridad se une otra, la de la falta de transparencia en el registro de propiedades, en los títulos entregados, en lo relacionado con las operaciones de compra-venta de terrenos no sólo a través de la dependencia estatal sino entre particulares. Cuando se tienen antecedentes como los de la Prestadora de Servicios Azco y su demanda en contra de Javier Rodríguez Borgio, casinero, relacionada con tierras ubicadas en Puerto Morelos; cuando se conoce de las triquiñuelas ejecutadas por el ex director del Registro Público de la Propiedad y actual magistrado Carlos Lima y no sucede nada, no hay ningún sujeto señalado como “presunto culpable”, algo gordo está detrás.
Como lo hay en ese lugar, en el recién nacido municipio Puerto Morelos. Ahí se concentran muchos intereses y un gran capital para enriquecer a los funcionarios de siempre asomando la cabeza. Lejos de ir logrando la percepción de imposición del orden y de los reglamentos, van perfeccionando, través de la emisión de leyes e inclusive de dictados del Tribunal Superior de Justicia –cuyo presidente está dispuesto a obedecer cualquier instrucción con tal de retirarse en Agosto con la garantía de permanecer en libertad-, actos desde hace tiempo merecedores de reproches ciudadanos ante la posibilidad de aumentar la corrupción.
Utilizan como argumento central para declarar ilegal el PDU –Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún- demandas presentadas por ciudadanos en los cuales manifiestan ser titulares del derecho subjetivo a gozar de un medio ambiente sano y una vida productiva y saludable en armonía con la naturaleza, lo cual se ve afectado por la construcción de un complejo hotelero en dos áreas naturales protegidas. Así, la cancelación de tal edificación, misma que pudo ser promovida por la autoridad municipal actual, sirvió para “revisar” un documento aprobado por regidores del cabildo del ex alcalde Paul Carrillo, a quien le pretenden cerrar el paso en sus aspiraciones a candidato a una diputación federal, ocupantes en la actualidad de curules en el Congreso.
Se abren de par en par las puertas para “auditar” los mismos programas en Isla Mujeres, o en Puerto Morelos o en Tulum, en esa franja del norte quintanarroense en donde se acumulan las inversiones multimillonarias. La llamada “milla de oro” y los terrenos ubicados en Punta Maroma, con una playa excepcional, hablan por sí solos de la fórmula seguida para obtener la primera presidencia municipal en Puerto Morelos y la promoción permanente de quien la ocupa. Si en la parte continental de Isla Mujeres el gobierno federal ha anunciado una multimillonaria inversión en pavimentación y prolongación de la avenida principal, llamada inicialmente “carretera”, cuya construcción muestra una calidad infinitamente superior a cualquier otra en la entidad, ya podemos visualizar el tamaño de intereses existente y la millonada que significa la aprobación de construcciones y densidades. Dejarlos como están, es vivir en el error, dirán.
De existir como único objetivo imponer el respeto a las leyes ambientales, a los reglamentos, el bienestar ciudadano, otras podrían ser las señales de muestra. Por ejemplo, pronunciarse ante la devastación en Tajamar y, por supuesto, detenerla. Si se trajo a la entidad el modelo “médico en tu casa”, copiado al cuate Mancera, ¿por qué no imitar la decisión de tumbar de edificios terminados e incluso habitados los pisos construidos violando todas las normas? Justamente podría empezarse por el Riu, empresa cuyas licencias de construcción sirvieron de base y justificación para declarar ilegal el PDU benitojuarense. El hotel al cual se le ha calificado como “monumento a la corrupción”, fue objeto de una convincente charla entre el Rey Juan Carlos y el ex presidente Fox.
A Santy Montemayor le llovieron en sus días como directora del IMPLAN una cantidad de demostraciones de apoyo y reconocimiento no otorgados a su antecesor en ningún momento. Aplaudieron su PDU, el cual se llevó al término una vez realizadas consultas ciudadanas. En la aprobación participaron José de la Peña, en esos tiempos secretario del Ayuntamiento; como regidores: Ana Patricia Peralta, Tyara Schleske, Candy Ayuso y Alberto Vado. Militantes y representantes tanto del PRI como del Verde, opositores –supuestamente- en la curul de los de la alianza en la cual se respaldó Carlos Joaquín para obtener la candidatura y, por ende, la gubernatura.
Ya se verá si en el entramado jurídico aparecen los nombres de Joaquín González Castro o de Manuel Jesús Canto Presuel y junto con muchas otras cosas pierden la fama lograda.
IMPUNIDAD, LA FALLA DE FONDO
The New York Times fue profético en su primera plana al afirmar: “México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo”. Y, como si su impresión se llevara a cabo en esta tierra, advirtió lo difícil que será cambiar la situación este año. “Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de cárteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra; hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mandos criminales que cubrían”.
Aparece en la publicación el caso de Regina Martínez, encontrada en el baño de su casa estrangulada. El crimen tuvo lugar después de publicar “sobre la muerte de un político y el arresto de nueve policías que trabajaban para narcotraficantes”. Hace referencia a Moisés Sánchez Cordero, editor de La unión, cuyo cuerpo encontraron en tres bolsas de basura. O lo inexplicable del asesinato de Pedro Tamayo Rosas, quien se encontraba bajo la protección del estado. “En ocasiones algunas autoridades se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor poco después de que se dé a conocer la muerte y mucho antes de que siquiera arranque la investigación”.
El fondo del problema de las agresiones contra los comunicadores radica fundamentalmente en la impunidad generalizada para castigar los delitos y crímenes, la cual se construye desde el sistema de justicia y en las procuradurías estatales, sostuvo el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), quien añadió eso alienta a los agresores a cometer estos actos al tener la certeza de las escasas posibilidades de ser castigados.
Llama la atención el hecho de que el gobierno federal no destinó recursos para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Al delinear el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados consideraron suficiente un sobrante que se tenía en 2016. Por lo tanto, la asignación señalada el pasado miércoles desde Los Pinos, en la reunión con la Conago presidida por EPN, cae en un vacío, en un ya veremos.
Esa instancia adscrita a la Secretaría de Gobernación como Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, sólo tiene recursos económicos para agosto o septiembre, pues se le aplicó recorte. Dicen tener gastos en vías de multiplicarse al tener bajo protección a 179 periodistas, entre los cuales hay 53 mujeres y 126 hombres. Se advierte sobre los asesinados, carecían de tal protección, la cual, afirman, cuentan con guardaespaldas y teléfonos con funcionamiento de los botones de alarma.
Casualmente las decenas de sacrificados no tenían estas protecciones.
DE LOS PASILLOS
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, se ha dicho víctima de ataques inmerecidos, de magnificar su presencia en un campo de golf en momentos difíciles, sangrientos, escenificados en la entidad. Sin embargo, el anuncio sobre la ubicación del asesino material de la periodista Miroslava Brench no aterriza en la realidad e, inclusive, se escucha ya la exigencia de su hermana, de la familia, por concluir la investigación. Si a lo anterior le sumamos tampoco ha quedado aclarado el asesinato de Andrea Athié Corral, estudiante del Tecnológico de Monterrey, de tan sólo 20 años y cuyo cuerpo presentó el tiro de gracia, no se ven sino exposiciones de incapacidad, no señalamientos, exigencias, sin sustento o con objetivos ocultos. Si a la Brench la acompaña una solidaridad demostrada por el gremio demandando justicia, en la joven ultimada se encuentran detrás y clamando castigos a los asesinos, su tío, director de la Conagua y ex diputado federal, Kamel Athié Flores. ¿Cuál cambio?…
Contrario a la victimización que acusa Corral, están los ataques ya sin nombre ni progenitora dirigidos a Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno mexiquense. No puede afirmarse si detrás de la participación de una voz a la cual identifican como la de Javier Alatorre, figura central en el noticiero estelar del Canal 13 de Azteca, está un signo de pesos o una simpatía a toda prueba, capaz de acusar abiertamente a la candidata de haberles quitado parte de su salario a los burócratas de Texcoco para financiar su campaña. Si está detrás Del Mazo o Josefina, más valdría le recetaran un: “no me defiendas compadre”. El resultado alcanzado es totalmente opuesto al objetivo fijado…
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha el proceso para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Robert Lighthizer, nuevo representante de Comercio de EU, envió al Congreso estadounidense la carta en la cual el gobierno de Trump pide luz verde para renegociar el acuerdo comercial. Una vez esto pase, habrán de transcurrir 90 días para que puedan comenzar las negociaciones… En su carta, el funcionario afirmó: el TLCAN requiere una modernización de los estándares de comercio digital, derechos de propiedad intelectual, mercado laboral y medio ambiente, además de las normativas para empresas estatales y las condiciones de seguridad alimentaria…
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