Lilia Arellano.
“Es la hora de hacer justicia”: Luis Donaldo Colosio
- EPN y GRE, negligencia criminal
- Graco Ramírez acusa y desmiente a Ruiz Esparza
- CNDH: no debe haber impunidad en Paso Exprés
- Ricardo Anaya, otro enriquecimiento inexplicable
- Turismo: en riesgo “gallina de los huevos de oro”
- Plataforma Airb&b sin el soporte operativo legal
Ciudad de México, 24 de agosto de 2017.- El Paso Exprés dejó 23 muertos y no solamente dos, sostuvo el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso, al tiempo de afirmar: “el socavón no fue un accidente; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no atendió las observaciones”. Detalló fue durante la construcción el fallecimiento de trabajadores y hubo gran silencio de la autoridad en estos casos. Al acusar directamente al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de apresurar la inauguración del Paso Exprés de Cuernavaca, a sabiendas de que la obra estaba inconclusa y presentaba problemas, los involucró en la comisión de delitos, por lo cual está obligado a presentar la denuncia penal correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR), como se lo exigieron senadores de oposición.
Fue notorio que Ramírez Garrido Abreu utilizara la figura de mandatario estatal, la cual le brinda un chaleco protector, una armadura, por la forma de asumir el poder al cual se le añade la autonomía, frente a quien es nombrado de dedazo y nada tiene que ver con la voluntad popular. De ahí expresara el deber del funcionario de presentar su renuncia al Ejecutivo federal por los errores y omisiones, la falta de atención a las advertencias vistas y causantes de un hecho al cual se negó a calificar como accidente, sino una mortal negligencia. El tema central de su comparecencia radica en no haber actuado exitosamente en el rescate de quienes hoy aparecen como 2 muertos. Al respecto fue claro al proporcionar la información sobre el protocolo llevado a cabo.
“En el tema del rescate, estoy entregando a todos ustedes el minuto a minuto de toda la operación de rescate y que creo que es erróneo el querer insistir en que la responsabilidad es de quien no llegó oportunamente. En la opinión, aceptando sin conceder que así fuera, no puede ser tan grande como el que provocó que así ocurriera”, consideró y agregó eso no habría pasado si se hubieran atendido las fallas denunciadas. El mandatario morelense llamó mentiroso a Ruiz Esparza. Ante legisladores federales insistió en haber advertido al titular de la SCT que el tubo debajo de la vía, en la barranca Santo Cristo, debía ser intervenido. “Bajo protesta de decir verdad, le planteé al secretario también que era muy apresurada esa inauguración y su respuesta fue “ya me comprometí a que en Semana Santa se abría esto”.
Reveló la recepción de un telefonema: “me llama el Estado Mayor Presidencial y me dicen que el Presidente me espera; yo argumenté tener una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores pero me insisten que el presidente me espera en Los Pinos para ir… Llegamos una hora y media tarde, y en la conversación se lo dije, se lo dije al presidente y lo conversamos, pero él aseguro que esto en 48 horas estaría resuelto”.
Asegura advirtió esta construcción no soportaría la ampliación de carriles y, pese a todo lo expresado, 24 horas antes de la inauguración, el subsecretario de infraestructura de la SCT, Oscar Callejo Silva, reiteró se pondría en funcionamiento tal y como anunciaron: antes de Semana Santa. “Gerardo Ruiz Esparza debe dejar de defenderse y enfrentar las consecuencias de no haber atendido toda la información proporcionada. Está haciendo pagar a Peña Nieto por sus errores”.
Para el vicecoordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, lo dicho por el gobernador de Morelos implica tanto al titular del Ejecutivo federal como al de la SCT en la comisión de delitos. Miguel Barbosa exigió a Graco Ramírez la presentación de denuncias penales en contra de los mencionados ya que en el caso del presidente, fue advertido de los riesgos que representaba la inauguración de una obra que registraba problemas. “Está usted obligado”, advirtió.
El legislador pidió también al presidente de la Tercera Comisión de la Permanente, el panista Ernesto Cordero, que entregue un informe a la PGR con la versión estenográfica de lo dicho por Ramírez en la reunión de trabajo. “Del contenido de lo aquí declarado, le pido formalmente que envié un informe de contenido textual a la Procuraduría General de la República, esa es nuestra obligación, de lo contrario vamos a empezar a ser copartícipes de una figura delictiva: el encubrimiento”.
Graco Ramírez aseguró nunca conoció el proyecto ejecutivo de la obra, por lo cual sugirió que dentro de las investigaciones a realizarse se indague si en verdad existió tal documento y un estudio hidrológico de la barranca de Santo Cristo. Insistió en que la obra la decidió el gobierno federal, que él no conocía el proyecto y que al percatarse de los defectos de la construcción, los hizo notar al titular de la SCT y al delegado de la misma, sin que le hicieran caso. También acusó a Ruiz Esparza de evadir su responsabilidad en el socavón subrayando no sólo ha dejado a dos familias enlutadas, han sido 23 los fallecidos en tal obra.
El mandatario morelense también aseguró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no atendió a la familia de los fallecidos en el socavón del Paso Exprés. “Ayer el secretario de Comunicaciones expresó que estaban muy atentos a las víctimas; me da pena de veras decirlo y hacer esto: aquí están las facturas del gobierno del Estado donde sufragamos nosotros los gastos de las personas fallecidas”, subrayó y acusó: “jamás la SCT se presentó para atender esto y a las familias, nosotros tenemos relación con la familia y hablamos con su hija, yo personalmente, y ellos tienen abogados y les dijimos que estaríamos dispuestos a cualquier consulta, a la necesidad de presentar documentos; están en su legítimo derecho de exigir indemnizaciones ante la consideración de los daños irreversibles generados a dos jefes de familia”.
Por otro lado, Luis Raúl González, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exigió no haya impunidad por lo ocurrido en el Paso Exprés. ”Aquí no se debe permitir la impunidad. En ningún caso, pero aquí estamos hablando de dos vidas. Pudo tener mayores consecuencias”, señaló en entrevista tras el foro “Desplazamiento Forzado Interno”. Reiteró que las fallas en la compensación a la familia de las víctimas y las declaraciones de Gerardo Ruiz Esparza, formarán parte de la investigación llevada a cabo por la CNDH, y recordó este organismo pidió medidas cautelares para evitar más percances en todo el Paso Exprés, en particular en el tramo del socavón.
En esta segunda parte de las solicitudes de los legisladores para aclarar la posición de los dos involucrados y responsables de manera directa de los hechos ocurridos en esa construcción, queda claro debe intervenir la PGR de manera directa e inmediata. Los señalamientos y las pruebas presentadas así como la decisión de una ampliación de 4 a 6 carriles no pudo ser simplemente obedecida por la constructora Aldesa sin mayor investigación sobre el suelo y el subsuelo. Si este caso no termina en un juzgado, de no ser sometido a juicio, de seguir negándose a la aplicación de las leyes ignorando lo que Ruíz Esparza llamó “sacrificio político”, entonces estaremos ciertos de permanecer bajo un gobierno de autoritarismo, imposiciones y corrupción como banderas.
ENRIQUECIMIENTO “INEXPLICABLE” DE ANAYA
Una constante en la historia reciente de la política en el país es el enriquecimiento de funcionarios al amparo del poder público. Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, es presentado como un ejemplo más. El despliegue de información sobre las empresas formadas por la familia fue advertido la noche anterior a su difusión. A manera de “cura en salud”, anunció venía en camino una serie de mentiras y de infamias en contra de su persona involucrando a su familia. Así resultó y la primera plana de un diario de circulación capitalina se dio a la tarea de exponer ha sido en los últimos 14 años, que se consolidó una gran fortuna para los Anaya y se creó un imperio inmobiliario, al pasar de 4 a 17 empresas e incrementar de seis inmuebles, con un valor de 21.9 millones de pesos, a 33 con un valor aproximado de alrededor de 308 millones de pesos, crecimiento de mil 304 por ciento, sólo en propiedades.
El enriquecimiento del “chico maravilla” del PAN inició al amparo del poder, cuando fungió como secretario particular y coordinador de Desarrollo Social del entonces gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, de 2003 a 2009. De la mano del crecimiento político de Ricardo Anaya, su suegro, un empresario queretano dedicado principalmente a la administración de un hotel y algunas sucursales del restaurante La Parrilla Leonesa, incursionó en la industria inmobiliaria constituyendo empresas y adquiriendo diversas propiedades. Como se recordará quienes han ocupado esa dirigencia se les ha señalado por las millonarias fortunas generadas y tal vez en mayor proporción por haber ocupado puestos clave dentro de Pemex.
El conglomerado que encabeza Ricardo Anaya lo integran también su esposa, Carolina Martínez Franco; sus suegros, Donino Ángel Martínez Diez y Maribel Natalia Franco; y sus cuñados, José Ángel y Natalia. También sus concuños, Ivonne Margarita Vera y José Luis Sainz; los hermanos de su suegro, Jesús, Manuel Alonso, Mercedes, José Manuel y José Luis, entre otros familiares, quienes son dueños o accionistas de 17 empresas en diferentes ramos como construcción, bienes raíces, hoteles, comercios y restaurantes.
Actualmente, en un terreno de casi siete hectáreas, ubicado en una zona de antigua vocación agrícola, pero que ha adquirido gran plusvalía, Donino Martínez Diez desarrolla en la ciudad de Querétaro un lujoso proyecto inmobiliario, con el cual podría obtener poco más de 300 millones de pesos. Como suele suceder se hacen advertencias sobre los tiempos políticos próximos. No puede soslayarse la aprobación de la Comisión Permanente del PAN, misma otorgada unánimemente, en la cual se rechaza el pase automático del Procurador para convertirse en Fiscal, agregando la exigencia a quien resulte elegido y aprobado de no pertenecer a ningún partido político.
Se asevera en las filas blanquiazules fue una hora después de darse a conocer esta resolución que llegaron las amenazas de un escándalo en puerta en el cual involucraban en un enriquecimiento irregular a la familia de Anaya. Se han dado a la tarea de reunir opiniones de la sociedad civil y el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García González, señala conoce al suegro del líder panista a Donino Martínez y a sus 8 hermanos desde hace más de 40 años. “Soy testigo personal de su honradez y del crecimiento transparente de su patrimonio. Es absolutamente falso que se haya forjado en los últimos 14 años, ellos ya eran dueños de hoteles y restaurantes desde hace antes, inclusive, de mudarse a vivir en Querétaro”.
PELIGRA “GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO” TURÍSTICA
La ola de violencia resentida en el país alcanzó los destinos turísticos y amenaza a la “gallina de los huevos de oro” como se ha adjetivado a este sector, el cual ha tenido buenos resultados en cuanto a la llegada de visitantes al país. Es un rubro económico que genera empleos, además es de los más eficaces para promover infraestructura con la cual bien podría combatirse la pobreza si los salarios no fueran bajos y el descuido sobre las necesidades de la población inexistente. Pese a ello es un renglón al cual no se le debe poner en riesgo.
Sin embargo, “tenemos preocupación porque vemos que destinos que antes no tenían ciertos niveles de incidencia los están teniendo y el riesgo es a partir de qué punto, un cierto nivel de inseguridad, pudiera afectar la llegada de visitantes del exterior y de nacionales”, advierte Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo. Tal advertencia no es seguida de un esquema claro de recuperación de la seguridad y mucho menos de pronunciamientos sobre lo emitido por el gobierno estadounidense, documento en el cual se detalla entidad por entidad la situación real y actual de posibles peligros para sus ciudadanos.
El martes pasado, Estados Unidos renovó una alerta de viaje a sus ciudadanos, en la cual incluyó zonas turísticas como Los Cabos y La Paz, en Baja California Sur, y Cancún, Cozumel y Tulum, en Quintana Roo. Esta alerta tendrá una afectación en el sector, reconoció la Secretaría de Turismo. Lo peor es que no se vislumbra una solución en el corto plazo. México tiene una de las policías más ineficientes del mundo, con una pésima imagen, lo mismo que el resto del sistema de impartición de justicia. Y el enviar soldados a las playas no es buena idea, como lo resalta Jorge Tello Peón, ex director general del CISEN y ahora presidente de Madison Inteligencia México.
Urgente es fortalecer a las policías locales, considera Rubén Corona, subsecretario de Turismo, quien explica: de los 2 mil 500 municipios del país, alrededor de 600 carecen de cuerpos de seguridad. De los restantes, mil 800 municipios, 86 por ciento tienen menos de 100 policías. La solución debe recaer en los tres niveles de gobierno, pero también en la sociedad, sostuvo de la Madrid en el segundo Foro de Planeación Integral para un Turismo Incluyente.
Cada entidad ha emitido, en un vano intento de tranquilizar a los ciudadanos, boletines en donde da su interpretación muy particular a la alerta emitida, llegando al grado de triunfalmente asegurar: no están prohibiendo que vengan, sólo les recomiendan algunas precauciones. Lejos de tomar muy en serio este documento para emprender toda una cruzada con la cual reflejen intentan, por lo menos, cumplir con una de sus principales responsabilidades, llenaron espacios radiales, televisivos, enviaron pronunciamientos negando lo que por desgracia es una patética realidad producto de su indolencia, ineficacia e ignorancia.
Lo dicho por uno de nuestros lectores no permite se agregue nada más y aún y cuando se dirige a la responsable del área turística en Quintana Roo, debe ser lectura obligada de quien encabeza en estos momentos el gobierno estatal, a nadie más:
“Sra. Secretaria de Turismo de Q. Roo, usted miente!!!
Es falso que la nueva alerta emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica sea sólo una actualización a partir de los datos del 2016. En el 2016, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica emitió tres alertas de viaje a México, fechadas el 19 de enero, el 25 de abril y el 8 de diciembre. En todas ellas, para el apartado del Estado de Quintana Roo, se puede leer la frase: No advisory is in effect. (No hay aviso)
“Lo que usted llama una simple actualización es un verdadero señalamiento del inocultable incremento del crimen y la violencia en el Estado. La última actualización fechada el 22 de agosto del 2017 dice:
“¿Qué novedades incluye esta Alerta de Viaje?
“Animamos enfáticamente a los ciudadanos de Estados Unidos a que lean la Alerta de Viaje en su totalidad. La nueva actualización refleja cambios a las restricciones del gobierno de E.U. a su personal respecto a viajes y condiciones de seguridad en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz con base en una evaluación detallada de los cambios en las condiciones de seguridad en la región.
“Quintana Roo: (Includes Cancun, Cozumel, Playa del Carmen, Riviera Maya, and Tulum): U.S. citizens should be aware that according to Government of Mexico statistics, the state of Quintana Roo experienced an increase in homicide rates compared to 2016. While most of these homicides appeared to be targeted criminal organization assassinations, turf battles between criminal groups have resulted in violent crime in areas frequented by U.S. citizens. Shooting incidents, in which innocent bystanders have been injured or killed, have occurred.
“Efectivamente el turismo ha crecido en el mundo y Q. Roo no es la excepción, pero debiera precisar que a pesar de que otras regiones de México fueron señaladas como de alto riesgo para los ciudadanos estadounidenses, nuestro Estado fue excluido de esas advertencias de viaje desde el año 2012 y así se mantuvo hasta la anterior advertencia del 8 de diciembre del 2016.
“Por eso no es una simple actualización como usted pretende llamarle, es un cambio radical de la postura del Gobierno de los Estados Unidos, que pone en evidencia el problema de la inseguridad en el Estado. Sabemos que el 80% de nuestros turistas provienen de USA y de Canadá y que estas alertas son verdaderamente preocupantes.
Usted hace alarde de los resultados alcanzados de manera inercial por las tendencias crecientes del turismo mundial (A pesar del terrorismo) pero es necesario señalar que esos resultados, se alcanzaron SIN ALERTAS DE VIAJE DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS.
“Ahora, ante la modificación de la postura del Gobierno de los Estados Unidos, habrá que hacer algo para acreditar que los índices de violencia y del crimen se están combatiendo de manera seria para poder salir nuevamente de esas alertas, porque debo recordarle que NO ERAMOS OBJETO DE SEÑALAMIENTOS DESDE HACE 5 AÑOS.
Si ahora nos señalan por el incremento de la inseguridad asociada a la presencia del crimen organizado, no es pretendiendo engañar deliberadamente a la sociedad como se puede salir de la lista de destinos peligrosos, sino demostrando con datos duros la eficacia del Gobierno en materia de seguridad.
“Debo decirle, con mucha inquietud, que esta modificación de la postura del Gobierno de los Estados Unidos, sólo refuerza lo que ya mostraba de manera gráfica la organización Semáforo Delictivo, que registra una grave incapacidad institucional para contener las actividades delincuenciales. Es comprensible su discurso minimizando el hecho de estar señalados como un estado donde la violencia y el crimen rebasan a las autoridades, pero su esfuerzo por mostrar datos hasta la presente fecha, no tienen nada que ver de las consecuencias que pueda tener de ahora en adelante.
“Porque es fundamental decirle a la sociedad que hasta este 22 de agosto, NO HABÍA ALERTA DE VIAJE PARA Q. ROO Y AHORA SÍ LA HAY. A ver cómo atendemos esto con seriedad, porque con mentiras no hacemos nada.
Y TODAVIA CALOR LE SOBRA
Teniendo encima un conflicto de esas dimensiones, en el gobierno quintanarroense gustan de darse balazos en las rodillas. La firma del convenio con la plataforma Airb&b es todo un caso. Podría empezar a señalarse el cobro de solamente un millón de pesos mensuales por concepto de captación tributaria como ridículo frente al gran daño generado a la industria hotelera. Pero no solamente ese es el punto. Los de la empresa que sostiene tal plataforma son los recaudadores del estado. Ellos cobrarán tal Impuesto al Hospedaje, o sea el 3 por ciento a los solicitantes y enviarán tal recolección a la oficina de Hacienda.
Quienes ya tienen registrada su propiedad para dar este servicio recibieron un comunicado en donde se les informa sobre el pago del Impuesto y su recaudación. Pero y aquí está lo mejor, la gran idea ha abierto la puerta por la cual se introducirá una corrupción incontrolable. Debiera suponerse cada unidad ofertada para su renta debe contar con un mínimo de seguridad, incluyendo en este renglón lo exigido a todos los comercios y empresas instaladas: extinguidores, limpieza absoluta, instalaciones adecuadas, etcétera. No puede uno imaginarse el gran festín de quienes sean encomendados para las tareas de supervisión. Las quejas sobre departamentos como fiscalización serán de risa comparadas con las acciones de este nuevo grupo.
Aunque supuestamente la plataforma en cuestión se ha comprometido a no darle datos fiscales a la autoridad, basta con checar las pantallas y anotar en donde se están rentando unidades para caerles con multas por falta de pago tributario. Y, aunque habrá que anotar no existe ningún apoyo legal, jurídico, no hay normas ni reglamentos para estas operaciones, resulta inexplicable que, siendo el factor ocupación hotelera uno de los principales renglones sobre los cuales descansa lo fuerte de la economía estatal, se realicen convenios como el ya firmado, con el cual se les afecta considerablemente.
Algo más: las tarifas eléctricas, las de consumo de agua, señalan son domésticas y, en el momento en el cual se detecte se rentan los departamentos o habitaciones dentro de casas y edificios, pasarán a la tarifa comercial. ¿Están dispuestos a semejante cambio quienes han sido descubiertos por la plataforma y las ambiciones de quedar bien de un funcionario quien los puede perseguir por evasiones de un 3 por ciento? Habrá de tomare en consideración la existencia de otras plataformas con las cuales pueden empezar a ligarse los inconformes con el convenio de Airb&b y ¿van a convenir con todas sin antes ordenar operaciones, legislar, darle una barnizada al golpe a la hotelería?
Para cierre con broche de oro aparecen las ambiciones de don Melquiades Vergara de convertirse en alcalde de Benito Juárez, de ayudar con su postulación y soñada llegada al palacio municipal al gobernador, porque esta autoridad simplemente le manifestará lo necesita y seguro espera que el requerimiento sea público. Por lo pronto, su medida, dispersa en toda la entidad, va haciendo más profunda la sepultura. Lo ventajoso para su persona es que todavía le queda Puebla y, si perdió una vez, tal vez otra no. ¿O si?
DE LOS PASILLOS
Para Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro estadounidense y presidente emérito de la Universidad de Harvard, México y Estados Unidos van a mantener su sociedad y superarán la tensión creada por la retórica del presidente Donald Trump, quien volvió a cuestionar la permanencia de su país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)… Los puntos de Vista de Trump, apuntó Summers, no son ahora más racionales de lo que esperaría que fueran después de su elección y del inicio del gobierno, en enero pasado. “Pero lo bueno es que es menos fuerte de lo que nos habíamos imaginado. El respeto es la moneda del liderazgo y él ya lo perdió. Puede decir que va a construir un muro, pero los estadounidense no lo van a pagar. Puede decir, como dijo anoche, que va a terminar con el TLCAN, pero si lo hace ¡hay mecanismos en la OMC que van a mantener el comercio”, explicó…
El Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual se utiliza para medir la inflación, dejará de contener un apartado sobre la canasta básica. Julio Santaella, presidente del Inegi, explicó: la forma en la cual se estima dicho indicador perdió vigencia y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ya hace una medición al respecto. El funcionario señaló que los cambios en la medición del INPC tienen entre sus objetivos el mantener una canasta que refleje los cambios en los patrones de consumo y el comportamiento del mercado actual, pero también la modernización del indicador para homologarlo a mediciones internacionales e incluir información por estado…
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