Lilia Arellano.
“Yo veo un México con hambre…”: Luis Donaldo Colosio
⦁ Crece miseria
⦁ México produce un millón de pobres al año
⦁ Suman a Coneval a maniobra de Vamos Bien
⦁ Naufragó estrategia antiviolencia focalizada
⦁ Se incrementan 21% los homicidios dolosos
⦁ Espionaje, amenazas, presiones contra ONGs
⦁ Por impunidad, la desaparición de personas
Ciudad de México, 31 de agosto de 2017.- Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad. Esto se aplica sobre todo a los discursos de los políticos, o a las estadísticas oficiales, en particular en México. El presidente Enrique Peña Nieto sostiene tercamente que la economía familiar ha mejorado en su administración, pero los hechos lo desmienten. Hasta al Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) han sumado a esa estrategia, al reportar éste reducciones en pobreza. En el país, a pesar de una extraordinaria inversión presupuestaria en los últimos años, la miseria no disminuye, por el contrario, aumenta a un ritmo de un millón más cada año, desde el arranque de esta gestión federal.
De acuerdo a los propios datos oficiales, durante los primeros dos años de este sexenio creció en 2 millones el número de personas en condición de pobreza, al llegar a 55.3 millones, de las cuales 11.4 millones estaban en pobreza extrema. Para ocultar esta situación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el año pasado comenzó a modificar la forma en aplicar la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (Enigh), con lo cual los datos de ingreso dejaron de ser comparables con años previos. Esto provocó no se presentara la medición de pobreza de 2015 a escala nacional y estatal, ni municipal. Pero las condiciones que la provocan no cambiaron, por lo cual se estima el crecimiento poblacional en penuria se mantuvo.
En 2014 prácticamente se mantenía el mismo porcentaje de la población por debajo de la línea de bienestar que hace 25 años, cuando 53.1 por ciento de los mexicanos estaban en esa condición. En ese año fue de 53.2 por ciento, es decir, 63.8 millones de personas estaban en pobreza. Como no han variado las condiciones sociales y económicas que han convertido a México en un fábrica de pobres, es seguro que actualmente alrededor de 67 millones de personas estén en esas condiciones, sin importar lo que señale el modelo estadístico particular diseñado por el Inegi para medir el ingreso familiar.
No obstante y contra todas las evidencias, el Coneval reporta que el porcentaje de la población en situación de pobreza en 2016 fue de 43.6 por ciento, menor al reportado en 2014, año en que, dice, 45.5 por ciento de los mexicanos vivían en esa condición, cuando el dato dado a conocer en ese entonces era de 53.2 por ciento, es decir, 63.8 millones de pobres. Ahora, el Coneval dice que en 2016 contabilizó 53.4 millones de personas por debajo de la línea de bienestar, cifra menor a los registrados en 2014. Esta cifra por supuesto es falsa pues implicaría que 10.4 millones de mexicanos dejaron la pobreza y se sumaron a la clase media, cuando no hay ninguna evidencia que respalde este hecho. Tampoco hay pruebas que sustenten que el porcentaje de mexicanos en pobreza extrema disminuyó 1.9 por ciento en los dos años en los cuales cambiaron la metodología.
Según el Coneval, la pobreza se redujo en 27 entidades federativas, y sólo aumentó en Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz. Y la pobreza extrema, dice, se redujo en todas las entidades, salvo en Tabasco. No hay pruebas de esto por ningún lado, por el contrario crece sostenidamente el número de familias mexicanas cuyos ingresos no alcanzan la línea de bienestar.
Durante el año pasado se realizó una inversión de 500 mil millones de pesos y 64 mil millones adicionales en los estados, pero la pobreza no disminuyó. La erogación de esos cuantiosos recursos fue irregular. Sólo tres entidades presentaron condiciones “optimas” en la aplicación de su política social, de acuerdo al Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IEDA) 2016. La Ciudad de México ocupa el primer lugar en eficiencia, con 77.5 puntos, de un total de 100; le sigue Jalisco con 75.3, y Baja California Sur con 63.7 puntos. Chiapas se ubica en el último lugar con 18.2 puntos; le sigue Nayarit con 27.1 puntos y Colima con 35.9; Nuevo León y Chihuahua, alcanzaron 37.2 puntos, respectivamente.
“Ante la baja institucionalidad que presentan distintas entidades federativas y el posible manejo discrecional de los recursos en el 2018, es fundamental que la sociedad en su conjunto y las autoridades responsables, puedan cuidar el ejercicio de esos recursos públicos que se destinan a programas sociales y que pueden ser susceptibles de tener un anclaje clientelar para asegurar resultados electorales en los próximos comicios”, advierte Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El informe de referencia fue elaborado por la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc). Su director, Alejandro González, llamó a las autoridades federales y estatales a fortalecer la institucionalidad en la aplicación de programas sociales, pues los resultados del IDES 2017 no son alentadores, ya que 16 estados “no alcanzan ni siquiera el nivel básico de capacidad institucional”. Y alertó: “la baja institucionalidad de los programas sociales puede permitir su uso para fines electorales”.
“Hay recursos, pero lo que falta es la capacidad a todos los niveles para producir resultados”, consideró Antonio Molpeceres, representante residente de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.
FALLA ESTRATEGIA ANTIVIOLENCIA
El plan para reducir los homicidios dolosos en los municipios más violentos falló. En 33 de las 50 ciudades seleccionadas en la estrategia especial aumentó el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación por asesinato. El número total de averiguaciones previas por homicidio doloso en los 50 municipios seleccionados aumentó 21 por ciento en el periodo. Este es otro plan anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto que no da resultados.
Los ejemplos abundan: Tijuana, Baja California, pasó de tener 633 homicidios dolosos en los 10 meses previos a la estrategia (de noviembre de 2015 a agosto de 2016) a mil 67 en los 10 meses posteriores (de septiembre de 2016 a junio de 2017), es decir, un aumento de 69 por ciento. Lo mismo ocurrió en Cancún, Quintana Roo, que sumó 76 carpetas de investigación en los 10 meses previos y 126 en los primeros 10 meses de ese plan.
Entre los municipios donde aumentaron los homicidios están Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan, en el Estado de México, así como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Guadalupe y Juárez, en Nuevo León, y en Chilpancingo, Puebla, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, León, Celaya, Manzanillo, Fresnillo, Mexicali, Ensenada, Ciudad Juárez, Culiacán, Hermosillo y La Paz.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, asegura: “no hay tal estrategia. No se hizo ninguna estrategia puntal para bajar el homicidio en estos 50 municipios. Creemos que donde bajó o subió fue por comportamiento del crimen, no por una respuesta de las autoridades. Lo que vemos es un gran desorden. Consideramos que no hicieron la tarea”.
ESPIONAJE, AMENAZAS Y PRESIONES
Los escándalos de espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos aún no se enfrían y surgen nueva revelaciones. De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, durante una reunión con altos empresarios mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto solicitó a Claudio X. González Laporte que su hijo Claudio X. González Guajardo dejará de ser tan crítico con el gobierno en temas de corrupción.
Según el diario, el presidente le dijo a González Laporte: “la sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción”. Pero el empresario le respondió: “estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo”. González Laporte ha pasado casi dos décadas combatiendo la corrupción y la impunidad. Su proyecto más reciente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de periodismo de investigación que ha revelado contratos corruptos de aliados del gobierno, molestó al presidente, según el NYT.
El año pasado, en dos ocasiones, González Guajardo recibió mensajes en su celular cuyo objetivo era instalar el programa de espionaje Pegasus; los mensajes llegaron poco después de que su grupo publicara reportajes perjudiciales para el gobierno, de acuerdo con un análisis forense independiente de los mensajes, citado por el Times.
Las autoridades han anunciado diversas auditorías a organizaciones en las que el empresario González Guajardo está involucrado. El gobierno advirtió podría revocar a algunas de ellas su status de organización no gubernamental (ONG), lo cual provocó que algunos de sus donantes consideren frenar sus contribuciones, temerosos de que parezca que están en contra del gobierno.
Transparencia Mexicana, encabezada por Eduardo Bohórquez, condenó el presunto espionaje, amenazas y presiones realizadas contra Claudio X. González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción, y expresó su preocupación porque el Sistema de Administración Tributaria (SAT) sea presuntamente utilizado como una herramienta gubernamental para hostigar a quienes resultan críticos. “Lo más delicado de lo que expone el New York Times es que se empiece a ejercer presión utilizando ya no sólo el software de espionaje sino probablemente a la autoridad fiscal, el SAT”, dijo.
Y destacó: “lo central de la revelación es que se pasa del espionaje sistemático, que se ha venido acreditando en los últimos meses, y ahora se agrega el posible uso de instituciones del Estado y la presión a los allegados en unas declaraciones que parecerían amenazantes”. Bohórquez censuró se ejerza presión política sobre los cercanos o allegados a organizaciones que cuestionan la labor del gobierno, y recordó que se han aplicado más de media docena de auditorías, con una casualidad enorme, sobre las organizaciones en las que está involucrado Claudio X. González Guajardo.
Frente a este caso se hace patente la urgencia de que México cuente con una Fiscalía General independiente y autónoma que sea capaz de llegar al fondo de este tipo de abusos, señaló Bohórquez. Frente al activismo de la sociedad civil, son evidentes las resistencias, señaló el director de Transparencia Mexicana.
A su vez, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) alertó que al igual de otras organizaciones de la sociedad civil han enfrentado un ambiente hostil por parte de autoridades. “Como es sabido, la presión, las amenazas veladas, el espionaje, el acoso fiscal e inclusive la violencia se han extendido y amenazan el derecho de los ciudadanos y los medios de comunicación y periodistas a la libre expresión”, destacó la organización.
La Asociación presidida por María Amparo Casar aseguró seguirán cumpliendo con la misión de investigar, exhibir y denunciar los actos y redes de corrupción donde se encuentren, ya sean públicos o privados, federales o estatales, partidistas o empresariales. “Las organizaciones sociales y los medios de comunicación tenemos el deber con nuestro país y con quienes nos apoyan de seguir cumpliendo con el mandato para el cual nos constituimos, ya sea para informar a la sociedad, defender los derechos humanos, mejorar la educación, atender la salud, etcétera”, señaló.
“Estamos convencidos de que este flagelo nacional y la impunidad que lo acompaña provoca violencia, ignorancia, pobreza, desigualdad e inseguridad y que daña a las instituciones democráticas”, agregó la organización.
DE LOS PASILLOS
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), advirtió: la desaparición de personas sigue en México a consecuencia de la impunidad, traducida en la falta de procuración de justicia. Lejos de realizar investigaciones que deriven en la acción penal contra los responsables, las autoridades dejan a las víctimas y sus familiares en el abandono, acusó y demandó al gobierno federal reconocer competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para que pueda conocer de casos particulares. También llamó a la Cámara de Diputados a avalar en este periodo ordinario de sesiones la Ley General sobre Desaparición de Personas.
De acuerdo al Índice de Blanqueo de Dinero, que realiza el Basel Institute on Gobernance, especializado en prevención de corrupción, el riesgo de lavado de dinero en México subió de 5.24 por ciento en el 2015 a 5.75 por ciento en el 2017. “El índice ya empieza a identificar que México no está haciendo su trabajo para afectar a la delincuencia en los ingresos que obtiene”, destacó Juan Manuel Alcántara Soria, ex secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. “Con la calificación que va a venir del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), preparémonos para que instancias gubernamentales de otros países, particularmente de EU, empiecen a alertar sobre realizar operaciones internacionales con México, derivada de su incapacidad para ser eficaz en el combate a lavado de dinero”, adelantó.
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