Lilia Arellano.
“¡No queremos ni concesiones al margen de los votos
ni votos al margen de la ley!”: Luis Donaldo Colosio
- Corrupción española
- Redes extendidas desde Edomex hasta Quintana Roo
- Violencia incontrolable: falla estrategia de seguridad
- Crecimiento económico mediocre durante el sexenio
- Ley, única vía para garantizar la seguridad: González
- Pretenden PRI y PAN parar a Delfina por vía judicial
Ciudad de México, 10 de Mayo de 2017.- En un abrir y cerrar de ojos salieron del oscurantismo inversiones españolas generadoras de corrupción. Los escándalos provocados por OHL generados por asignaciones de obras de manera directa y sin límite –sobrepasan presupuestos y se respaldan los nuevos números con un simple “extras posteriores”-, y cobros excesivos e indebidos en el Circuito Interior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario llegan de manera directa a señalar actos de corrupción de funcionarios, gobierno y hasta partidos políticos mexiquenses. Aunque también empiezan a aflorar relaciones comerciales inadecuadas entre españoles y dependencias quintanarroenses, entre ellas, el Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, no es esta la primera ocasión en la cual se resaltan actividades de inversionistas españoles alejadas de las leyes. En el pasado reciente hubo señalamientos hacia la cadena hotelera Sol Meliá, el Grupo Martinón y los Ríu en los llamados Papeles de Panamá. Los mencionados tienen centros de hospedaje en Quintana Roo y sólo basta mencionar se le impuso a la construcción del Riu el mote: monumento a la corrupción, al tiempo de traer a la memoria la intervención del entonces todavía Rey de España ante Vicente Fox para evitar se aplicara el reglamento de densidades y conservación del medio ambiente, afectándose los intereses de la familia, de los hermanos Luis y Carmen.
Aparecen otros grupos, el de los Barceló con el control de aproximadamente 3 mil cuartos de hotel. Un número similar de habitaciones tiene la cadena Oasis, de Pedro Pueyo, hotelero ligado al célebre Mario Conde, ex presidente de Banesto. Los dueños de Iberoestar, Miguel, Lorenzo y Antonio, hijos de Lorenzo Fluxá Figuerola, se iniciaron como empresarios haciendo zapatos y hace casi un siglo decidieron ampliar sus actividades al turismo. En Akumal imperan los Bahía Príncipe, de Pablo Piñeiro y sus hijas Encarna, Isabel y Lidia. Tienen otras instalaciones (4) en la Riviera Maya. Está también el Palladium, propiedad del ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes; El banco BBVA tiene el 60 por ciento de la cadena Occidental, originalmente en manos de los dueños de las tiendas Zara.
Joaquín Janer y Jamal Iglesias tienen los BlueBay. José Cabrera, el Princess. El H10 es del catalán José Espelt. El Sirenis es pequeño comparado con los anteriores. Sólo cuenta con 960 cuartos y su propietario Abel Matutes es primo del dueño del Palladium. Están otros no tan nombrados: Valentín, Excellence, Celuisma. Son aproximadamente 20 las cadenas hoteleras españolas instaladas en Quintana Roo y de entre ellas se encuentras las relacionadas, al igual que OHL o quienes ahora son acusados de defraudación en operaciones de bienes inmuebles, en escándalos de corrupción.
Imparables, pese a los escándalos generados, se sitúa a los de OHL. Todo indica que el accionista mayoritario de esta empresa no detendrá su proyecto turístico Mayakobá, nombre impuesto a su primer hotel, mismo considerado como ícono del lujo. Sigue en puerta la inversión de cerca de mil millones de dólares en la construcción de otros dos hoteles: el Hyatt Andaz y el complejo Fairmont Heritaje. Se suma a estos proyectos el del desarrollo habitacional, visto como la construcción de una ciudad con prácticamente todos los servicios, incluyendo los de salud, en pleno corazón de Playa del Carmen.
Al mencionar al dueño de los Oasis, Pedro Pueyo y su relación con Mario Conde, ex presidente del Banco Español de Crédito, Banesto, a quien condenaron a 20 años de prisión tras ser señalado por presunto delito de fraude contra la hacienda pública, se ubica a personajes que mucho han tenido que ver en movimientos nada claros en Quintana Roo. El amigo de don Pedro fue destituido de la presidencia del Banco ante los quebrantos causados en su gestión. También resultó sentenciado a 6 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad en documentos mercantiles al retirar del Banesto 600 millones de pesetas, 3.6 millones de euros. Los delitos de estafa y apropiación indebida, le valen otra condena.
Autoridades turísticas afirman 6 de cada 10 cuartos de hotel están en manos de inversionistas españoles. Al respecto existen dos interrogantes: ¿cómo, cuándo y a quién le compraron las extensiones de tierra sobre las cuales están sus construcciones? ¿Cuál es el beneficio tributario arrojado? Porque en el primer renglón, se sabe de la adquisición directa al gobierno federal en los terrenos considerados como nacionales. Lo ignorado es ¿cuánto costo ubicarse a unos metros del mar, contar con cientos de metros de playa?
En cuanto al segundo punto se reconoce en la entidad la existencia de evasiones fiscales por la contratación en el extranjero de paquetes todo incluido: hospedaje, transporte, alimentación, entradas a parques, tours, etcétera, lo cual excluye de facturación a quienes prestan esos servicios y, por lo tanto, la existencia de demanda de servicios de los trabajadores de esos centros de hospedaje es permanente y va en aumento, en tanto no se captan los impuestos suficientes para hacerles frente.
Han establecido protección sin límite a dos cadenas: Oasis y Riu. En Cancún y Puerto Morelos acumulan cerca de 10 mil cuartos. En Playa del Carmen cuentan con una cantidad similar. Su ausencia de todo lo relacionado con la entidad, las promociones turísticas, los trabajadores de sus hoteles –obviamente todos adheridos a pagadores sui generis-, tiene como punto de referencia la negativa a estar afiliados a las Asociaciones de Hoteles existentes en Quintana Roo.
Si partimos de OHL y todo lo descubierto sobre algunas inversiones españolas, el fraude inmobiliario del cual acusan a José Guillermo Martínez y a Lorenzo Sánchez Hidalgo en agravio del casinero Javier Rodríguez Borgio, el monto suma más de 25 millones de dólares. Martínez Cárdenas aparece como propietario de la Prestadora de Servicios Azco y del Grupo Constructor de la Ribera, citan también dirige compañías de transporte marítimo. Aparecen en la escena dos abogados: Virgilio Rincón y Joaquín Ramos, de quienes se asegura son integrantes de los despachos más importantes de Guadalajara y fueron quienes apoyaron los movimientos considerados fraudulentos y en contubernio con el ex director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Lima, actualmente probable sujeto de juicio político con lo cual procedería la cancelación del nombramiento de magistrado que ostenta.
LA NUEVA CONQUISTA
Utilidades y beneficios obtenidos al asentarse en México no cesan desde hace más de 500 años para diferentes grupos españoles. Están, por ejemplo, los bancos: BBVA Bancomer, Santander y Banco Sabadell. Al ser autónomos de sus matrices aplican distintos porcentajes de comisiones por la utilización de los servicios y los intereses de los créditos nada tienen que ver con los impuestos en España. Como sucede con la hotelería, los 3 bancos mencionados logran obtener el 50 por ciento de las utilidades generadas por la banca privada. Las utilidades son remitidas a sus respectivas matrices, no existe ninguna correspondencia y mucho menos responsabilidad sobre el desarrollo mexicano.
El BBVA obtuvo el año pasado 3 mil 475 millones de euros de utilidades, suma superior a la registrada el 2015 por más de un 30 por ciento y de esa cifra, mil 980 millones de euros les llegaron de México. Santander logró salir a flote merced a las utilidades generadas en este país y Sabadell, pese a tener poca presencia aún, mantiene proyectos de expansión superiores a los de otras instituciones bancarias, obviamente extranjeras.
Existe otro sector en el cual aparecen multinacionales españolas. Iberdrola, Ibex, ACS, ligadas al petróleo, la generación de energía y la construcción. Nuevamente hace su aparición el ex secretario de hacienda Francisco Gil Díaz como presidente de ACS México y la llegada de este personaje amplía la inversión energética al área de infraestructura. Relacionadas con el gas natural aparecen Fenosa e Inditex. Para operar requerimientos del metro aparece CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. El remate para liquidar a la industria textilera mexicana lo dieron los de Inditex, de Pablo Isla, al instalar 73 tiendas Zara.
Copisa es otra constructora española beneficiada por la SCT con obras en Sonora y Veracruz. En sus operaciones aparecen involucrados en sobornos algunos funcionarios e inclusive el hijo de un ex presidente: Jordi Pujoln. ¿Qué tanto están involucrados funcionarios mexicanos en las actividades pro corrupción de Copisa? Hasta ahora se desconocen y los voceros de la empresa señalan no existe vinculación entre los hechos investigados en España –alteración de precios en concursos y subastas- y su participación en licitaciones de obras en México.
Nada hay que frene la nueva conquista. Para las obras del nuevo aeropuerto de la CDMX, les adjudicaron obras a las españolas: Ferrovial, Acciona, ACS, OHL, Sacyr, Copasa, Isolux, Azvi, Aldesa, Construcciones Rubau y Assignia. Van a dividirse 8 mil 500 millones de euros.
Hay que taparse la nariz cuando la cloaca se destapa.
EN UN 10 DE MAYO
Todo parece indicar la actual administración federal es ya inoperante: violencia incontrolable en diversas entidades del país, imparable con la militarización; grupos criminales desafiando a las autoridades y protegiendo sus negocios ilícitos con las armas; crecimiento mediocre en los últimos cuatro años, menor al 2 por ciento anual del PIB, y se esperan dos más en iguales circunstancias; depauperización de los trabajadores, lo cual genera una peligrosa tensión política; producción masiva de pobreza y concentración del ingreso en unas pocas familias; crisis persistente de derechos humanos y ausencia de justicia en el país; corrupción sistémica de la clase política protegida por la impunidad a través de la red de complicidades hasta los más altos niveles de autoridad; y quebranto de la democracia por la ejecución abierta de fraudes, con el consentimiento de los organismos electorales.
El poder presidencial se ha esfumado y las razones son múltiples y se siguen acumulan día a día. Enrique Peña Nieto tiene la más baja aceptación para un presidente en dos décadas, lo cual abre la posibilidad de un triunfo de la oposición en 2018. En México se percibe un Estado de Derecho laxo, con una amplia tolerancia al incumplimiento o contravención de la ley, “y en un entorno en el que se registran niveles alarmantes de violencia e inseguridad, como los que actualmente se padecen, por ejemplo en los estados de Guerrero, Tamaulipas o Veracruz”, como lo resaltó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al rendir su informe anual de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), González Pérez sostuvo: la defensa de la legalidad se reafirma como la única vía para generar las condiciones mínimas de seguridad que la sociedad demanda. Recuperar la seguridad en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos es una prioridad que exige atención urgente en el país, advirtió.
“No podemos aceptar que se vuelva parte de nuestra normalidad situaciones como las que se viven en Tamaulipas, donde una de las respuestas de las autoridades ante los hechos de violencia que tienen lugar, consisten simplemente en avisar los lugares donde están sucediendo actos de violencia a efecto de que las personas por miedo a ser afectadas decidan por sí mismas restringir sus derechos de libre tránsito y reunión, permaneciendo en sus domicilios”, sostuvo el titular de la CNDH.
No pueden las autoridades dejar de lado su obligación de brindar un mínimo de condiciones de seguridad a las personas, aseguró González Pérez al subrayar que la atención de la seguridad debe ser integral y estar basada en una lógica más preventiva que reactiva. El cumplimiento de la ley debe asumirse como una responsabilidad y un compromiso. Es la hora, resaltó, de reencauzar la vida nacional por un camino de rectitud moral, legal y política, que ponga por delante los valores de la civilidad y la responsabilidad.
AYOTZINAPA, PREVALECE LA “VERDAD HISTÓRICA” DE JMK
Las líneas de investigación del caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinpa no tienen avances desde hace más de un año. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, ni siquiera se ha querido reunir con los familiares de los desaparecidos. La estrategia seguida por el gobierno federal y la fracción del PRI y sus aliados en el Congreso es administrar el conflicto, alargarlo, vencer a los familiares por cansancio y hacer prevalecer las conclusiones del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y su falsa “verdad histórica”, la cual sigue defendiéndose a capa y espada desde los círculos oficiales.
Familiares de los estudiantes desaparecidos se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR), pero no con los titulares de estas dependencias. Ausentes en la oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob estuvieron tanto Miguel Ángel Osorio Chong como Raúl Cervantes Andrade, quien se la ha pasado eludiéndolos. El subsecretario Roberto Campa destacó “lo bueno” que es reunirse con los padres de familia de los 43, quienes exigieron avances en las cuatro líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde su último informe en abril de 2016.
Padres de familia y normalistas forzaron la reunión con los funcionarios de Segob, luego de un plantón de 18 días y bloquear indefinidamente los tres acceso al edificio de la PGR, sobre Paseo de la Reforma. Exigen retomar las líneas de investigación que dejó el GIEI: investigar al Ejército Mexicano, aprehender a los policías federales y municipales de Huitzuco que participaron en la desaparición de los estudiantes; avanzar en el análisis de la telefonía celular de aparatos propiedad de los detenidos y de los jóvenes desaparecidos, los cuales siguieron operando mucho después de los hechos e investigar el trasiego de droga entre Iguala y Chicago, que al parecer es uno de los móviles de la agresión a los normalistas la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ante la presión, la PGR fue obligada a hacer algo. Dos años y más de siete meses después, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, y el fiscal del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, anunciaron el lunes la ampliación de la búsqueda de los 43 normalistas con tecnología Lidar, en más de 60 kilómetros cuadrados en los alrededores de Iguala. La búsqueda anterior se limitó a un kilómetro. Reportaron están por cumplirse siete órdenes de aprehensión “entre ex policías municipales y civiles”. Existen ocho casos de detenidos que denunciaron fueron torturados; dos arrojaron resultados positivos, por lo cual sus declaraciones quedarían sin efecto.
Los funcionarios de la PGR justificaron la ausencia de su jefe y argumentaron que el acuerdo suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el encuentro será a finales de mayo. También señalaron que la PGR se comprometió a que a más tardar en noviembre próximo cumplirá con el compromiso suscrito “en el marco” de los acuerdos ante la CIDH para responder a los cuestionamientos que tienen que ver con las líneas de investigación y las quejas por la actuación de los funcionarios federales. Entre ellos están Tomás Zerón Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, militares y el C-4 en Iguala.
CONTRA DELFINA POR VÍA JUDICIAL
El proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México el próximo mes es un claro ejemplo de las violaciones a la legislación electoral. Las irregularidades abarcan desde las formas de financiamiento, gastos de campaña y captación mercantil de votos, hasta desviaciones de recursos federales y estatales para apuntalar la campaña del abanderado del PRI y primo del presidente Peña Nieto, Alfredo del Mazo. Y ante todo esto la única constante es la impunidad con que se manejan tanto funcionarios federales como los servidores públicos estatales del gobernador Eruviel Ávila.
Es increíble se presente un reporte como el de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en el cual se destaque que Alfredo del Mazo sólo ha gastado en un mes 7 millones 784 mil pesos. La panista Josefina Vázquez Mota registra en ese periodo erogaciones por 50 millones de pesos; el perredista Juan Zepeda, 29 millones de pesos; Delfina Gómez, de Morena, 24 millones de pesos; y María Teresa Castell un millón 181 mil pesos.
Olímpicamente han eludido sus responsabilidades el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los organismos (in) competentes estatales, ante la guerra sucia contra la abandera de Morena, Delfina Gómez Álvarez, a quien pretenden priístas y panistas coordinados descarrilarle un triunfo que se vislumbra cada vez más seguro a través de la vía judicial, pues tanto las dirigencias nacionales tricolores como azules se han ocupado de presentar denuncias en contra de la maestra texcocana a quien, según las últimas encuestas, ya no pueden ganarle legalmente en las urnas el mes próximo.
DE LOS PASILLOS
El quebranto para las finanzas públicas por el robo del combustible asciende a unos 20 mil millones de pesos anuales, equivalente a casi mil millones de dólares, estimó José Antonio Meade Kuribreña , titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público… El funcionario dijo en una entrevista televisiva se analiza la probable participación de empleados de Pemex, de autoridades municipales, de grandes grupos de transportistas y gasolineras… Indicó que sólo se puede detener este delito si hay una estrategia integral. “Esto es, está Hacienda para perseguir el tema de evasión de los puntos donde se vende la gasolina robada, si al centro de la estrategia está Pemex cooperando, si tenemos presencia de fuerza pública, si está la Procuraduría, si estamos bien coordinados con el Estado”… Le faltó reconocer: si estamos involucrados, si hemos contribuido al saqueo de Pemex, si hemos vendido el patrimonio nacional, si estamos protegidos por las leyes que hemos dictado y aprobado, si, si, si…
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