Lilia Arellano.
“Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos
los días la difícil realidad de la falta de empleo, que
no siempre tienen a su alcance las oportunidades de
educación y de preparación”: Luis Donaldo Colosio
- Brincolín ciudadano
- Vejez en la miseria, es la garantía ofrecida por Afores
- Espionaje ilegal e impune, visto solamente en México
- Políticos opositores espiados, confirma el Citizen Lab
- Anaya, Gil y Rodríguez bajo las lupas del gobierno
- Indagatoria debe iniciar en la PGR de Murillo Karam
- Arely Gómez implicada en el fisgoneo a los políticos
- Impecable manejo mediático sobre tormenta capitalina
Ciudad de México, 30 de junio de 2017.-Entre la duda sobre la existencia de entregas pactadas; del alejamiento de cualquier indicio de abatir -o por lo menos intentarlo- a la corrupción; los números en rojo marcados para quienes logren llegar a viejos y obtener la llamada “jubilación”; auto descartes de personajes mencionados por las posibilidades o ambiciones personales de alcanzar la nominación a la candidatura presidencial; ser testigos de las auto confesiones en donde el respeto a la vida no sólo de los periodistas sino de los ciudadanos, no existe y quedando como punto para el postre discutir si se debe o no demandar a quienes del otro lado del escritorio, desde el poder, se dedican a difamar y lanzan acusaciones al viento; sorprendidos ante el reconocimiento del partido en el poder de ir perdiendo voluntades ciudadanas, se conforma el diario acontecer, aderezado por las deudas y un muy desarrollado instinto de sobrevivencia.
Mientras se está a la espera de las órdenes de extradición expedidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigidas a los gobiernos de Guatemala y Panamá, solicitando sean enviados a México Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, respectivamente, -de Tomás Yarrington nada se dice y a César Duarte, como dicen en el Sureste “lo buscan, lo buscan y no lo buscan”, o tampoco se informa de la situación legal de El Geño, también tamaulipeco, o de los pendientes del regio Ricardo Medina- con la pretensión de crear la percepción de una lucha real en contra de la corrupción, en el Senado de la República se reconoce la existencia de una fuerte grilla con la cual se evita el nombramiento del fiscal y de los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción.
Son éstos los movimientos con los cuales se asientan las dudas sobre esa pretendida lucha que conlleva también enfrentar, liquidar la impunidad. Ni lo uno, ni lo otro. El pretexto es esperar la resolución del Trife sobre los comicios llevados a cabo en Coahuila y el Estado de México. Es decir, están sujetos a ¿la decisión marcando una derrota priísta con lo cual tanto Rubén Moreira como Eruviel Ávila irían al extranjero en busca de la protección de la extradición? Dicen no se aceptará un periodo extraordinario de sesiones y, por lo tanto, lo más probable es no se de el nombramiento de quien encabezará el SNA. Se dijo comenzaría esta Fiscalía a trabajar el 18 de julio y ya se ve, hacen todo lo posible los propios priístas por otra vez fallar, no cumplir, dejar pasar un tiempo que les permita, tal vez, enderezar o limpiar sus cuentas. Tomar seriamente la conformación del Sistema conlleva modificar el artículo 102 constitucional para dotar, legalmente, la autonomía plena de la Fiscalía.
Dicen que administrativamente el Sistema va caminando, pero sin cabezas. Tampoco se ha nombrado al Fiscal, una vez fuera rechazada la propuesta de llevar a esa posición a quien tuvo que retornar a su escritorio en la PGR. Por lo tanto, se tendrá que seguir abonando a las dudas y confirmando lo fácil de mentir y lo difícil de cumplir, más aún cuando lo que puede revisarse y ponerse en juego es una parte, aunque sea mínima, de esas fortunas logradas en tan solo un trienio o sexenio en el servicio público.
Es también la falta de estos nombramientos la base de los comentarios acerca de las entregas pactadas. El ex secretario de gobierno del entonces DDF, ex gobernador de Oaxaca, fundador y ex secretario general del partido de Dante Delgado, Jesús Martínez Álvarez, hizo del conocimiento público su opinión acerca de la situación de Javier Duarte: “El pasado 15 de abril, fue capturado Javier Duarte. Con él se encontraban todos sus hijos, su esposa y su cuñado con su familia. Se dieron dos versiones oficiales: una, que le tocaron la puerta del cuarto, se entregó sin ofrecer resistencia; la otra, también oficial, que lo detuvieron en el lobby del hotel.
“Lo cierto es que la esposa, Karime Macías, sus hijos y el resto de la familia, fueron a despedirse de Javier Duarte, porque la entrega a las autoridades ya estaba pactada y habían llegado a un acuerdo sobre los términos en los que la PGR solicitaría la extradición. La propia Fiscalía de Guatemala declaró … “en el momento en que el gobierno mexicano quiera llevarse a Duarte, nosotros lo deportamos, porque entró de manera ilegal al país”. Resulta sospechoso que no se haya utilizado este mecanismo para traerlo a México y pueda ser juzgado de acuerdo a nuestras leyes, basado en las múltiples denuncias ante la PGR, tanto de la Auditoría Superior como del gobierno de Veracruz.
“El pacto que Javier Duarte tenía para entregarse era conocer los términos de la extradición. Él había convenido que no fueran delitos que lo pudieran meter en problemas: desde el punto de vista jurídico; que no se tocara por ningún motivo a su esposa; a ninguno de sus familiares cercanos, incluyendo a sus suegros y a ciertos funcionarios cercanos a él. Otro dato importante es que la Sra. Karime Macías ya tenía los boletos para que ese mismo día saliera con sus hijos a Colombia y al día siguiente a Inglaterra; desde luego estos boletos fueron comprados con mucha anticipación.
“Se trata pues de una entrega pactada. No es casual ver la alegría de Javier Duarte al conocer los términos de la extradición, porque comprobó que sí se cumplió lo pactado, porque los delitos que se señalan los va a librar con mucha facilidad ante las autoridades mexicanas. Tiene otra orden de extradición y ahí vendrán los delitos “aparatosos”: lavado de dinero, delincuencia organizada, para que se tenga la impresión de que el gobierno “va con todo”. Después de enterarnos de esta serie de hechos, todos comprobados, la versión que se dejó correr de que Duarte apoyó con más de mil millones de pesos la campaña presidencial se confirma y, por lo tanto, en ningún momento va a pisar una cárcel”. Tener un Fiscal anticorrupción con estos pendientes y los electorales sin duda es un peligro… para los poderosos.
Si a lo anterior le agregamos la confirmación de lo tantas veces expuesto en estas líneas sobre lo incierto de la sobrevivencia digna en la vejez de los trabajadores, revelado por Verónica González, ex vicepresidente de la Consar, advirtiendo además será si acaso del 27 por ciento de su salario actual lo que de viejo habrán de recibir quienes ahorraron para esa etapa. Sacando cuentas, como dice la canción, no alcanza con la vida para pagar todo lo trabajado –esto último no dice – porque como si fueran pensiones, sin serlo, requieren de mil 250 semanas de cotización de un mes por año, con lo cual no alcanza ni para los frijoles porque ese porcentaje es menor al día para un kilo de bayos o de negros, nacionales o importados: hoy cuesta 50 pesos un kilogramo.
Al parecer José Antonio Meade sostiene no está centrado en buscar la candidatura a la Presidencia de la República, con todo y saber de la apertura de ese partido a las candidaturas externas, norma bajo la cual tendría que inscribirse al no estar registrado en el padrón tricolor. “No están definidas las reglas”. Aunque también estará vacante la gubernatura del Banco de México. Es cuestión como dice el verdugo tributario, de esperar. Mientras tanto nos entretenemos con Pegasus, Murillo y la Gómez tratando de recordar: quien no está “colgado” no existe.
Posiciones encontradas las vemos entre El Bronco y Roberto Hampa, perdón, Campa. El primero, gobernador de Nuevo León, despotricó contra el medio de comunicación propiedad de la familia Junco, lo cual va en contra de esa buena fe acompañada de un mea culpa lanzada por el subsecretario de Derechos Humanos sobre el respeto y la protección a los periodistas. Una vez puesta en marcha la Ley de Réplica, Jaime Rodríguez puede ser quien estrene el juicio una vez proceda la denuncia en contra del mandatario por intentar limitar la libertad de expresión. Y ya se verá como le irá con ese “monitoreo” y los respaldos que dicen se buscan para proteger la labor periodística y a quienes la realizan.
Cuestiones todas las expuestas sujetas al reporte criminal del día en el cual se resalten la gran comunicación y los entendimientos de las delincuencias organizadas. Por cierto, si el PAN no le ha hecho feo al PRD para aliarse, coaligarse, matrimoniarse, divorciarse, etcétera, ¿por qué se la haría al PRI? No hicieron gestos cuando se trató de alcanzar, estar, poseer el poder y menos recordaron las ofensas, adjetivos, discrepancias, encontronazos llevados a cabo durante muchas décadas así que ¿por qué no empezarían a resaltar las virtudes y la experiencia priísta si el objetivo es el mismo?
Valiente, muy valiente, Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, actualmente diputada y aspirante a la candidatura tricolor a la Presidencia de la República, acepto la pérdida de millones de simpatizantes dentro de esas filas. Pero, confía, los recuperarán. Honestidad por delante, se dirá.
QUIEN TRAS LA PUERTA ESCUCHA…
Todo parece indicar el ilegal e impune espionaje político es una práctica común en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien pese a todo niega que su administración está espiando a periodistas y activistas o a políticos opositores. Una mentira de tal magnitud llevaría a cualquier gobierno en otro país al borde de su dimisión, pero en México no pasa absolutamente nada. El laboratorio Citizen Lab, asociado a la Universidad de Toronto, Canadá, confirmó: Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, fue también espiado con el software Pegasus. Además, Fernando Rodríguez, vocero del PAN, recibió en su celular mensajes de texto con ligas para descargar el malware. Asimismo, también fue objeto de espionaje Roberto Gil, ex jefe de la Oficina de Los Pinos en tiempos de Felipe Calderón.
El informe “#GobiernoEspía” de Citizen Lab, Social Tic y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, presentado a legisladores federales, detalla como el gobierno federal utiliza Pegasus para infectar teléfonos de periodistas y activistas, por lo cual es indispensable una investigación independiente a fin de no dejar el caso impune. Dicho informe confirma las dependencias operadoras del sistema eran la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Corroboró que 12 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción fueron víctimas de espionaje con el software vendido sólo a agencias gubernamentales.
Los casos de espionaje referidos fueron en contra de quienes han realizado una labor crítica hacia el gobierno federal, en temas muy sensibles como el caso de la investigación de la Casa Blanca, el caso Ayotzinapa y Tlatlaya, entre otros. Por ejemplo, en el caso de Carlos Loret, los ataques fueron cuando este reportó ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán. Además, entre junio y julio de 2016, los panistas referidos recibieron mensajes de texto con enlaces maliciosos igual que los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción. Durante ese periodo, la legislación anticorrupción estaba siendo discutida en el Congreso, destaca Citizen Lab.
Los tres panistas recibieron en total cinco mensajes, todos con enlaces dirigidos al dominio smsmensajemx, que previamente Citizen Lab ya había identificado como parte de la estructura de la empresa israelí NSO Group. En junio del año pasado, Roberto Gil recibió tres mensajes con enlaces maliciosos. “Oye Roberto ya viste que los del PRD dicen de todos nosotros sólo por ganar credibilidad, mira te adjunto: “, decía el texto que recibió el día 17 de aquel mes. En tanto, Ricardo Anaya sólo recibió un mensaje, el 15 de junio de 2016, en el que falsamente se le advirtió que su nombre aparecía en una nota periodística que se estaba viralizando. Un mes después, el 14 de julio, Fernando Rodríguez recibió un mensaje muy semejante.
Senadores y diputados de oposición (PAN, PRD, PT y Morena) exigen una investigación independiente. Plantearon que el gobierno federal acuda a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) a fin de crear una comisión de expertos que dé asistencia técnica a la PGR en la investigación sobre el caso de espionaje a activistas y periodistas por medio del malware Pegasus. Exigen se excluya de la investigación a los órganos que puedan haber estado involucrados en la misma, en la primera oportunidad en la que surjan indicios de su participación. “Debido a que la autoridad encargada de realizar las investigaciones ha sido señalada como una de las responsables de llevar a cabo el espionaje gubernamental, se considera necesario el acompañamiento de algún mecanismo internacional de derechos humanos para el seguimiento de las investigaciones”, destacó la senadora del PAN, Laura Rojas.
Esta proposición es respaldada por el coordinador del PAN, Fernando Herrera Ávila; la coordinadora del PRD, Dolores Padierna; los senadores del PAN, Mariana Gómez del Campo, Pilar Ortega, Fernando Torres y Daniel Ávila; del Sol Azteca, Angélica de la Peña e Isidro Pedraza, así como del PT, Miguel Barbosa, Zoé Robledo, y los diputados Minerva Hernández del PAN, y Vidal Llerenas de Morena. El vicecoordinador del PT en el Senado, Miguel Barbosa, propuso reformas al Código Penal y a la Ley de Seguridad Nacional, que contemplan penas de seis a 12 años de prisión a quienes cometan espionaje con fines políticos.
La urgente investigación debe iniciar en la propia Procuraduría General de la República (PGR). Documentos de la dependencia confirman: el malware Pegasus fue terminado de instalar en la PGR en marzo de 2015, cuando Arely Gómez ya era procuradora. Fue adquirido en octubre de 2014, cuando el titular era Jesús Murillo Karam y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) era Tomás Zerón. La firma del contrato de adquisición de Pegasus fue el 29 de octubre de 2014 y la PGR pagó 32 millones de dólares.
En la época en que se produjeron las acciones de espionaje denunciadas por periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, en noviembre de 2015, el manejo del software quedó en manos de Arely Gómez, a través de Christian Noé Ramírez Gutiérrez, quien fungía como jefe de la Oficina de la Procuradora. Ramírez Gutiérrez, actual coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, recibió el sistema Pegasus de manos de Rafael Avilez, director general de Información de Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), quien aparece como “administración del contrato” entre la PGR y la empresa proveedora del malware, Grupo Tech Bull SA de CV.
El Cenapi, área de inteligencia de la PGR adscrita a la AIC, tuvo a su disposición Pegasus desde marzo hasta que fue concentrado por la Oficina de la procuradora, en noviembre de 2015. A fin de operar Pegasus, se capacitó a 25 personas durante cinco días. El programa tenía la capacidad de espiar simultáneamente a 500 personas. Los primeros mensajes de intento de espionaje los recibió Carmen Aristegui, en 2014. Hasta diciembre de 2015 sólo ella y su hijo recibieron mensajes intrusivos. Para diciembre de 2015, un mes después de la entrega del sistema a la Oficina de la procuradora, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), recibió dos mensajes SMS.
Y en febrero de 2016, los otros activistas y periodistas empezaron a recibir mensajes con ligas a Pegasus: Alejandra Zapata del Imco; Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro Pro; Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor; Simón Barquera, del Instituto de Salud Pública; y los periodistas Carlos Loret, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera y Salvador Camarena.
FLAGRANTES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
Conforme vaya cerrándose la presente administración, se irán acumulando cada vez más expedientes sobre flagrantes violaciones a los derechos humanos en el país. En el caso de la matanza de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) identificó alteraciones en las escenas en torno a 19 de los 22 cuerpos de las personas abatidas. Abogadas del Centro Prodh obtuvieron las fotografías del caso contenidas en el expediente militar 338/2014, las cuales fueron cotejadas con las que tenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recalificó su conclusión sobre el secuestro y matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que se develó en agosto de 2010, y subrayó que estos hechos constituyen “violaciones graves” a derechos humanos. Luis Raúl González Pérez, presidente de ese organismo, detalló que a partir de un análisis jurídico pormenorizado del contenido de la información del referido caso, “la CNDH determinó que los hechos están relacionados con “violaciones graves” a los derechos fundamentales de las 72 personas migrantes que, en un inicio, fueron secuestrados y posteriormente privadas de la vida por un grupo de hombres armados en San Fernando, Tamaulipas”.
Dentro de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) de la matanza de Tlatlaya, no se encuentran las imágenes referidas pues la dependencia no pidió la integración del expediente militar. “Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, reprochó el colectivo Seguridad sin Guerra.
La PGR tampoco ha investigado la cadena de mando que ordenó abatir a delincuentes en horas de oscuridad, resaltó el colectivo, quien advirtió: “la falta de justicia a tres años de un hecho tan emblemático como la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría incentivarse si las y los legisladores aprueban la Ley de Seguridad Interior, y es un llamado de atención hacia las fallas estructurales en la procuración e impartición de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores púbicos en la comisión de graves delitos”.
Por otro lado, el 25 de agosto de 2010 la CNDH radicó de oficio el expediente de la matanza de migrantes en San Fernando Tamaulipas, y en su oportunidad emitió la recomendación 80/2013 al acreditarse violaciones a derechos humanos. De acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en ese momento, el organismo nacional reservó el acceso a la información al igual que la autoridad ministerial competente. Pero “con base en el reciente análisis jurídico se ponderaron los criterios cualitativos y cuantitativos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció para determinar los casos en que ciertos hechos pueden ser considerados como “violaciones graves” de los derechos humanos, por lo que el 20 de junio de 2017 la CNDH determinó que se actualizaban dichos criterios en el caso de las 72 personas en comento”.
De ahí que la CNDH determinara recalificar estos hechos como “violaciones graves” a los derechos humanos de estas víctimas, actualizándose así la excepción prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Vigente, consistente en que las “violaciones graves” a derechos humanos no podrán ser reservadas”, por lo que ahora se difunde dicha información.
DE LOS PASILLOS
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) concluyó en su reporte “Incidencia de los delitos de alto impacto en México”, que pese a las estrategias implementadas, en 2016 hubo un deterioro significativo de la seguridad en el país. El documento establece que los homicidios dolosos aumentaron 20.7 por ciento; los secuestros en el fuero común crecieron 4.62 por ciento; la extorsión, 1.14 por ciento; y el robo con violencia, 2.53 por ciento… No obstante, Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, rechazó el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal…
El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, autorizó reanudar las obras de la Línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma, las cuales fueron suspendidas desde el 12 de junio pasado, luego que el gobierno de la Ciudad de México obtuvo autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que previamente no tenía… El juez fijó varias condiciones, que estará supervisando mientras se tramita el juicio, en el que se resolverá si la línea 7 viola derechos humanos en materia ambiental… “Las autoridades de la Ciudad de México durante el juicio de amparo sí pueden ejecutar la construcción de la línea 7 del Metrobús, específicamente, la construcción y habilitación de carril para el Metrobús y las estaciones respectivas, en un esquema de mínima intervención en las zonas tangenciales adyacentes de los espacios protegidos”, señala el fallo… Lo anterior, siempre y cuando no sean afectados: 1. Las áreas verdes naturales que se encuentran en el Bosque de Chapultepec; 2. La estructura urbana esencial de Paseo de la Reforma y sus áreas verdes; y 3. Los monumentos que están en dichas zonas y tienen valor histórico, cultural o artístico…
El empleo en México seguirá débil hasta finales del 2018, pronosticó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Menos del 60 por ciento de la población de más de 15 años contará con un trabajo, destacó. “El débil desempeño del empleo refleja la disminución en la participación laboral de los jóvenes y trabajadores de más edad”, indicó y subrayó: la principal prioridad de México es promover el crecimiento al tiempo de fortalecer su inclusión, porque “el crecimiento no ha sido lo suficientemente inclusivo como para lograr mejores condiciones de vida de los mexicanos”…
Unas clases no le vendrían mal al gobierno quintanarroense, de aceptar el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera impartírselas. El manejo informativo sobre la tormenta del pasado miércoles sobre la capital de la República, impidió se criticara al mandatario, se le culpara por las inundaciones provocadas, sin duda, por la falta de mantenimiento, la basura acumulada tapando las alcantarillas, etcétera. Casi, casi, con las explicaciones brindadas se alcanzó la certeza de la furia de Tláloc y al gran dios azteca le fueron dedicadas los recordatorios maternales. En cambio, emprenderla en contra de quien ha seguido los pasos publicitarios para estar presente en el ánimo ciudadano, seguidos también por quienes hoy le critican, ha sido un error. Es una práctica muy vieja, antiquísima, fuera de moda, pedirles a los seguidores salgan a desgarrarse la camiseta, hagan publicaciones de deslinde, firmen cartas de solidaridad y respeto a los supuestamente ofendidos. Quien pide apoyo, lo necesita y, el movimiento para desmentir se muestra… andando. Aunque las acciones y reacciones de los gobernantes de la perla del Caribe son expertas, tienen especialización y doctorado en crear sus propios monstruos, en crecer a los enanos y… en llevar agua a su molino.
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