Lilia Arellano.
“Me he encontrado con el México de los justos reclamos,
de los antiguos agravios y de las nuevas demandas; el
México de las esperanzas, el que exige respuestas, el que
ya no puede esperar”: Luis Donaldo Colosio
- Big brother
- Peña Nieto, déspota y autoritario
- Gobierno es espía, reveló el NYT
- Espiados denuncian ante la PGR
- ¡Compruébenlo!, retan Los Pinos
- OEA: Venezuela polariza reunión
- Roo violento; gobierno ausente
Ciudad de México, 21 de junio de 2017.- En el ultimo tramo de su gestión, un presidente electo democráticamente, Enrique Peña Nieto, transita velozmente a un régimen autoritario, ilegal e inconstitucional, lo cual es totalmente condenable e inadmisible. A las asignaturas pendientes en materia de economía y combate a la pobreza, se suma a la inseguridad pública y la ola de violencia un abierto clima de hostigamiento y amedrentamiento a periodistas, activistas y organizaciones no gubernamentales incomodas a la administración federal. El gobierno espía ilegalmente, sin orden judicial de por medio, viola los derechos humanos de los observados, los trata como criminales, pero es incapaz de proteger su vida. La presidencia del mexiquense se exhibe desprestigiada y revestida de una gran vulnerabilidad en el encuentro de la OEA en Cancún, Quintana Roo, y se aprecia sumamente debilitado ante la inminente renegociación del TLCAN..
Tras revelarse el espionaje a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción en páginas del diario estadounidense The New York Times, en el cual se especificó el gobierno mexicano usa un avanzado programa de espionaje contra líderes y activistas cuando, en teoría, sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas, los involucrados exigieron al Ejecutivo federal una investigación independiente y presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Pero, lo que es peor, el gobierno de Enrique Peña Nieto no niega los hechos, sólo señala: “no existe prueba alguna de que agencias mexicanas están involucradas en los espionajes”, como lo indica Daniel Millán, director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la República. Además llamó a las víctimas a presentar su denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual ya se realizó.
Los sujetos espiados mencionados en el rotativo neoyorkino son el Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO) y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las cuales representan al sector empresarial y corporativo desencantado del mandato de Peña Nieto; la Alianza por la Salud Alimentaria y el Centro Prodh, una organización plural y un reconocido organismo independiente de defensa de los derechos humanos. Victimas del espionaje también son los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui e incluso sus familiares. Pero esto no es más que la última página de una larga historia del denominado #GobiernoEspía, el cual durante décadas ha seguido muy de cerca las actividades de opositores políticos, luchadores sociales, dirigentes sindicales, líderes campesinos e intelectuales destacados. Ha violado sus derechos para contenerlos, reprimirlos, chantajearlos o neutralizarlos cuando lo ha considerado necesario.
Al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí. En esta administración, el capítulo inmediato data del 2013, cuando en septiembre, una investigación realizada por la Unidad de Contrainteligencia de Wikileaks (WLCIU) y por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, la cual fue difundida en México por el diario La Jornada, reveló que diversas firmas internacionales de intercepción de comunicaciones trabajaban en territorio mexicano. En octubre de ese año, las organizaciones civiles Contingente Mx y Propuesta Cívica reportaron que el software espía FinFisher, de la empresa británica Gamma Group, se utilizaba en por lo menos cuatro dependencias federales: la ex tinta Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Cisen y el Estado Mayor Presidencial.
Ahora, el instrumento utilizado para el espionaje telefónico de Aristegui, Loret de Mola, el Centro Prodh, el IMCO, MCCI y la Alianza por la Salud Alimentaria, es el sistema Pegasus, fabricado por la compañía israelí NSO Group, la cual cobra de inicio 650 mil dólares por espiar a 10 usuarios de IPhone, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares. Dicho sistema se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de las vida diaria de una persona por medio de su celular. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia. Este sistema se encuentra en servicio desde 2011 en “al menos tres dependencias federales mexicanas”. Destaca el hecho de que entre los blancos del moderno espionaje se encuentran abogados que investigan las desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un economista que ayudo a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México e incluso sus familiares.
El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, advirtió: “somos el nuevo enemigo del Estado”. Dicho instituto redactó e impulso la legislación anticorrupción 3de3. Mario Patrón, director del Centro Prodh, fue también víctima de espionaje ilegal, al igual que otros dos abogados de ese grupo, Santiago Aguirre, abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense quien ha trabajado con ellos desde 2007. En tanto, la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sigue empantanada, ante el empecinamiento del gobierno federal de mantener a flote la “verdad histórica”, construida y defendida por el ex procurador Jesús Murillo Karam.
VULNERABILIDAD DE MÉXICO
Dentro de las 10 propuestas de resolución presentadas por la delegación venezolana a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Cancún, Quintana Roo, destacan una sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y otra sobre el acoso a los medios de comunicación en territorio mexicano, los cuales fueron leídos por Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA y turnados a una comisión general. Luis Alfonso de Alba, representante de México ante la OEA, será el presidente de dicha comisión, la cual deberá lograr acuerdos entre las delegaciones y presentar sus conclusiones durante la tercera sesión plenaria, la cual se desarrollará este miércoles.
Resoluciones sobre racismo y discriminación racial, xenofobia e intolerancia también fueron presentadas por la delegación venezolana, las cuales son acciones unilaterales contra Venezuela, la cual pidió respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. También presentó una declaración sobre la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático; otra para retirar la intervención militar de EU en la región y otra más para que la Secretaría General de la OEA respete el marco institucional de la organización.
El documento promovido por México, Estados Unidos y Canadá, así como un grupo de países latinoamericanos, para que el gobierno de Venezuela supere su crisis interna, no logró los 23 votos necesarios para ser aprobado en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Pero tampoco fue aprobada la propuestas presentada por San Vicente y las Granadinas, lo cual mantiene vivo el conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro. Ante el impasse se suspendió temporalmente la reunión.
El aprendiz de canciller de México, Luis Videgaray, junto con otros 10 ministros manifestaron en un posicionamiento conjunto su decepción por la falta de un consenso regional y dijeron persistirán en buscar, mediante una nueva negociación, una salida concertada en Venezuela. John J. Sullivan, subsecretario de Estado de EU, lamentó no se haya podido llegar a un acuerdo y externó su interés en que continúe el diálogo para seguir tratando de encontrar una salida negociada.
Y este martes, continuaron los esfuerzos de varios gobiernos latinoamericanos por conseguir una resolución de la OEA que demande al régimen de Caracas anular su llamado a una asamblea constituyente y libere a sus presos políticos, entre otras demandas, en el marco de la Asamblea General de la OEA, la cual fue polarizada por este tema.
Ricardo Luna, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, y Manuel González, canciller de Costa Rica, cuestionaron la gobernabilidad democrática de Venezuela. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez respondió a cada uno de los señalamientos. Los cancilleres de Bolivia y Ecuador salieron en defensa de la posición venezolana. El boliviano Fernando Huanacuni instó a los delegados a “no permitir que intereses hegemónicos resquebrajen la institucionalidad de la OEA”.
QUINTANA ROO VIOLENTO; GOBIERNO AUSENTE
Hablar de la violencia en Quintana Roo no es ya un tema que cause asombro, la reacción va en otro sentido, en el de la tristeza, de la vergüenza, acompañados de una fuerte dosis de impotencia al ver la manera tan acelerada en la cual se van deteriorando los terrenos antaño positivos y esperanzadores para quienes buscaban salir de sus lugares de origen y formar patrimonios muchos más sólidos. Un recuento de los hechos de mayor impacto nos lleva a mencionar el tiroteo en la discoteca Blue Pariot con un saldo final de 5 muertos y 15 heridos; ahí mismo, en Playa del Carmen, en los seis meses transcurridos este año, son tres los levantamientos en el penal con sus respectivas consecuencias.
En Cancún, el ataque a la Fiscalía sigue sin ser aclarado, como tampoco los referentes en Playa del Carmen. Pese a que oficialmente sólo se habló de un muerto, fuentes de esa dependencia nos revelan se entregaron cuatro cadáveres; se registraron cuatro tiroteos en diferentes fechas en las zonas céntricas de Cancún, recorrieron a punta de balazos las principales avenidas, las que son eje de la ciudad; el último de estos eventos arrojó un muerto, dos heridos y cuatro detenidos. El colmo ha sido el hallazgo de restos humanos desmembrados y empaquetados en maletas, en plena zona hotelera, en el área hasta hace muy poco tiempo respetada por la delincuencia.
Para remediar la inseguridad se pronuncian discursos, se llama a la solidaridad de la población, como si fuese responsabilidad de los ciudadanos mantener seguro el estado. No se conoce de la existencia de alguna iniciativa que permita se puedan tener armas en las casas, en los autos, se exima de cargos a quien tenga que utilizarlas en defensa propia. Una ley cuyo texto no pueda ser manipulado en ningún sentido porque, el actual, permite acusar a quienes en efecto reaccionaron para evitar engrosar las estadísticas de los muertos o de los heridos y liberar a los malosos, a los delincuentes. Ni siquiera se han tomado la molestia tanto los integrantes del Poder Legislativo como el del Ejecutivo, de dictar lo conducente para un funcionamiento adecuado de los sitios en donde se interna a los menores de edad que han cometido faltas.
Todo el tema de administración de justicia, desde el proceso de prevención del delito hasta llegar a la cárcel, es un galimatías al cual no parecen tener el menor deseo de entrarle durante la presente administración estatal. Preventivos, estatales, ministeriales, comandantes investigadores, jueces, ministros, carceleros, todos padecen de falta de capacitación, son pocos los existentes en cada área y los delitos van a la alza; la corrupción existente es un gran muro al cual no se aprestan a darle ni siquiera un palazo. Eso sí, los golpes mediáticos a base de pronunciamientos o de redactar una Ley dizque para los periodistas y defensores de derechos humanos, están a la orden del día. Y ¿cuándo hacen foros para proteger a los abogados, a los médicos, a quienes el ejercicio profesional pone en peligro? ¿Acaso ya se va a legislar por profesiones o es deber garantizar la seguridad de todos, absolutamente todos los ciudadanos?
Al respecto, los diputados locales están convocando a la participación de foros de consulta titulados: “Análisis de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo”. Dicen los preocupados legisladores que quieren escuchar, captar y analizar propuestas para poder construir un marco normativo que se direccione y traduzca en una política pública en beneficio de los reporteros, periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos del estado. Ateniéndonos exclusivamente al renglón “beneficios”, es de suponer que, al igual que todos los empleados y trabajadores de empresas, éstos deben ser otorgados por los patrones y para normarlos ya existe una Ley Federal del Trabajo y si acaso son las autoridades del ramo quienes debieran revisar si se están pagando los sueldos mínimos profesionales.
De entrada y para no irse en favor de la libertad de expresión y empezar a marcar cuál es la verdadera aplicación del documento que pretenden redactar, limitan la participación de quienes decidan participar a una sola mesa de trabajo, si quieren alguna otra deben hacerlo por escrito o en formato digital para ser analizadas. Los ejes temáticos: Órganos responsables de garantizar la libertad de expresión. ¿Es necesario marcarlos? ¿No es suficiente sean parte del texto Constitucional? ¿No tienen los poderes una cabeza responsable de todos los movimientos o se trata de repartir culpas?
Protección Integral y Perspectiva de Género de los Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas. (Vaya galimatías con la protección integral y lo que con esa expresión quieren decir, va tomada de la perspectiva de género, o sea ¿todos iguales? O de nuevo habrá: los y las periodistas. Un tercer punto lo llaman: Mecanismos de Conformación del Sistema Quintanarroense de Protección. O sea ¿habrá protocolo para un Sistema parido desde el escritorio? Lo interesante será ver a los periodistas marcar: Protocolos de investigación de los delitos cometidos en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas. ¿Quiénes están en la mira de ser víctimas, según lo observan los diputados, son los responsables de seguir un protocolo?
¿Querrán ir enumerando cual si se tratara de disco telefónico: marque uno si sólo lo insultaron; marque dos si lo golpearon; marque tres si le hicieron una herida; marque cuatro si es profunda o cinco si es superficial…. Y así hasta llegar a: marque uno si le vio la cara a su atacante; marque dos si fueron más de dos; marque tres si puede describir cómo iban vestidos; y luego vendrá, como colofón, la recompensa para quienes aporten datos con los cuales puedan ser aprendidos los agresores. Ese mentado protocolo no lo tuvieron ni siquiera a manera de manual en la Procuraduría y, por supuesto, no existe en la moderna Fiscalía. Eso sí, la sentencia será: si no respeta el protocolo no se queje.
Finalmente, pretenden saber del periodismo impreso, del electrónico, del digital y de las nuevas tecnologías de información y comunicación. En eso se basa el mencionado análisis con el cual pretenden formular una Ley. Con este ejemplo no se requiere de muchos más para explicarnos porque estamos como estamos. En lugar de andar desperdiciando esfuerzos y recursos metiéndose en una garantía que debe ser general, para toda la población con una buena actuación policiaca y el ejercicio en pleno del Estado de Derecho, bien harían en meter orden en su Sistema Quintanarroense de Comunicación, dejarlo claro, transparente, sin todas esas dudas sobre el dinero recibido y desaparecido mágicamente del cual tienen pruebas para actuar o ¿necesitan el protocolo?
No en balde la Arquidiócesis Primada de México está cierta de que ante el aumento de la violencia, nuestro país vive una situación de desastre y se lamentan que el Estado mexicano parezca quebrado ante el miedo y el terror. En el mismo sentido se ve a los gobernadores y en el caso de Quintana Roo, el observatorio es internacional y, por lo tanto, peligroso para un lugar eminentemente turístico.
Y para dejar en claro la inexistencia del paraíso prometido se tienen ejemplos de todo tipo, desde aquellos de ruindad humana como el ejercido por el alcalde de Benito Juárez, Cancún, Remberto Estrada, quien, como si se tratara de Pedro, negó conocer y haber sido amigo del ex gobernador Roberto Borge. “La única coincidencia es que trabajamos juntos por Quintana Roo”, o sea fueron mentira todos y cada uno de los múltiples halagos hechos cuando de RB también dependía su nominación como candidato. Tal vez por eso en el último momento Borge Angulo andaba reculando y discutiendo con el ex niño verde la posibilidad de sustituirlo.
Pendiente sigue el tema Uber, si se queda con regulación o de plano se van. De esta determinación también está prendida con alfileres la estabilidad social. Ya no se trata solamente de los taxistas cancunenses sino que el movimiento contra las plataformas digitales es nacional y con los amos del volante no se ve muy parejo el juego…Tampoco se habla del destino de los bienes que puedan ser incautados a quienes se señala como responsables de desvíos, saqueos y remates. Ya veremos si los relacionan todos o nada más unos cuantos o, al estilo Miguel Ángel Yunes, van por las mitades… Dicen está el campo en ruinas, pero así ha estado desde hace varios sexenios y quienes han encabezado la dependencia encargada de atenderlo se han enriquecido al tope, sobre todo después del mandato del otro Borge, de Miguel… Una última observación: a fuerza nadie se hace cozumeleño.
DE LOS PASILLOS
La PGR, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, informó al juez federal Benito Zurita que el 15 de junio levantó los aseguramientos fincados hace tres años sobre los bienes de la naviera Oceanografía, actualmente en quiebra, tras denunciarse un presunto fraude que provocó pérdidas de 440 millones de dólares a Citibanamex… Al mismo tiempo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR solicitó al juez designar un síndico sustituto para el trámite de la quiebra, pues al ser levantado el aseguramiento, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) deja de ser el administración y síndico de la empresa… En cuanto a Amado Yañez, dueño de Oceanografía, está bajo proceso por ese fraude, pero el pasado 14 de abril obtuvo su libertad bajo fianza y salió del Reclusorio Sur, donde estuvo dos años y medio.
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