CIUDAD DE MÉXICO.— Grupo Elektra consiguió retrasar durante más de nueve meses la resolución del juicio fiscal más cuantioso que enfrenta, con tácticas legales que impidieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su actual integración, emitiera un fallo.
El litigio corresponde a un crédito fiscal de 2013, originalmente por 18 mil 455 millones de pesos, que el SAT actualizó a más de 33 mil millones con recargos e intereses.
El asunto no fue incluido en la lista de la Segunda Sala de la Corte para la sesión del 6 de agosto —la última antes del cambio de ministros—, por lo que será resuelto hasta que entre en funciones la nueva integración en septiembre.
Elektra promovió impedimentos en contra de tres de los cuatro ministros de la Segunda Sala: Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, provocando que el caso se enviara a la Primera Sala, donde también interpuso objeciones. Esta cadena de recursos legales logró frenar cualquier avance de fondo en el litigio.
Aunque el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ya confirmó la legalidad del crédito, con votación dividida, Elektra insiste en que el SAT incurrió en prácticas abusivas al aceptar pérdidas fiscales en un ejercicio, pero rechazarlas en otros.
Un caso relacionado, por mil 431 millones de pesos correspondientes al ejercicio de 2008, tampoco será votado a tiempo por la Corte.
Elektra solicitó nuevos impedimentos contra otros ministros, lo cual impidió que se dictara una resolución antes del receso judicial.
La Presidencia de la Corte, a cargo de Norma Piña, tendrá la facultad de decidir si admite o no los recursos que Elektra pretenda presentar una vez que el litigio sea reactivado con la nueva integración. Si son desechados, la decisión será inapelable y el SAT podrá ejecutar el cobro de los créditos pendientes.
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